Impulsan una reforma para ampliar los derechos de las víctimas de delitos

Promete extender los de las personas damnificadas durante el proceso penal y permitirá supervisar el cálculo de las condenas, el cumplimiento de penas y opinar sobre el otorgamiento de libertad condicional, además de brindarles un abogado.

DE LA REDACCION. Una reforma en la legislación vigente impulsada por el Gobierno de la Provincia, promete ampliar los derechos de las víctimas de delitos durante el proceso penal y permitirá supervisar el cálculo de las condenas, el cumplimiento de penas y opinar sobre el otorgamiento de libertad condicional de los condenados, además de brindarles a las víctimas un abogado que las represente, pagado por el Estado. 

La intención de la Provincia es equilibrar la balanza luego de una época en la cual la atención estuvo centrada especialmente en los derechos de quienes cometen los delitos y menos en aquellos que los sufren. “Es un problema que excede a la provincia, pero la instrucción de la gobernadora Vidal es, sin olvidar a quienes cometen delitos, nos enfoquemos en las víctimas”, explicó el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. 

El ejecutivo elaboró tres proyectos de ley que reforman el Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Orgánica del Ministerio Público, que contienen el corazón de la reforma y serán enviadas a la Legislatura -ingresarían por Diputados- la próxima semana, luego de que el miércoles la propia Vidal presentó el proyecto, considerado central por el Gobierno para comenzar a recuperar la confianza pública en la Justicia. 

Mayor control

La propuesta del Gobierno prevé que, si la víctima del delito lo solicita (hoy es una posibilidad que queda al criterio de cada juez), tenga derecho a ser notificada expresamente de la marcha del proceso penal y la marcha de la investigación y de que pueda manifestar su opinión. También, podrá opinar en el comienzo del debate oral final y participar durante el mismo. 

Un aspecto clave es que, en los casos de que se otorgue la suspensión del juicio a prueba, la víctima tendrá derechos a supervisar que el condenado cumpla la probation en tiempo y forma. Y también podrá controlar el cálculo de la pena que se aplique en el caso de las sentencias condenatorias. Además, esos derechos se amplían a la posibilidad de opinar sobre el eventual otorgamiento de libertades condicionales o salidas transitorias, antes de que esos beneficios sean otorgados. 

Cuerpo de abogados

El proyecto también incluye la creación de un Cuerpo de Abogados de la Víctima en la órbita del Ministerio Público para representarlos durante el proceso. Si bien esa función es usualmente cubierta por los fiscales, “estos representan los intereses generales de la sociedad, que muchas veces no coinciden con los de las víctimas”, explicó Ferrari. En la práctica, funcionarían como la contraparte de los defensores públicos, que se ocupan de proteger los derechos de quienes cometen delitos. 

Chicos sin cuidado

Por otra parte, el Ejecutivo lanzará por su cuenta un plan destinado a la contención de los chicos hijos de parejas en cuyo seno se hayan dados casos de femicidios. “Son chicos que perdieron a su mamá asesinada y su papá en general está preso y muchas veces quedan totalmente desprotegidos si no tienen una familia que los contenga”, dijo Ferrari. 

En este plano se creará nuevos Centros de Atención a la Victima (hoy hay 13 y se buscará llegar a 21 antes de fin de año) y se avanzará en la coordinación interministerial y con la Justicia para que tengan asistencia psicológica, reciban una vivienda si no tienen donde vivir quienes están a cargo de ellos, puedan acceder a la cobertura del Ioma y a una beca para completar sus estudios hasta la finalización del secundario. (Fuente: DIB)