Explosión en Rancagua: la directora y un profesor irán a juicio oral en abril de 2027
La Justicia fijó para el año que viene el juicio por la explosión en el Instituto Comercial Rancagua. El profesor y la directora serán juzgados por estrago culposo.
La explosión en Rancagua ocurrida durante una demostración de ciencias en el Instituto Comercial será debatida en un juicio oral y público previsto entre el 12 y el 16 de abril de 2027. El profesor de Química y la directora serán juzgados por estrago culposo agravado y lesiones, mientras la inspectora será sobreseída.
Juicio por la explosión en el Instituto Rancagua
La Secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino fijó las fechas para el debate oral y público por uno de los episodios que mayor impacto provocó en la comunidad educativa de la región.
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Las audiencias están previstas desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de abril de 2027 y se desarrollarán ante el Juzgado Correccional N° 2, a cargo del juez Alejandro Salguero.
De esta manera, la causa iniciada a partir de la explosión registrada en el Instituto Comercial de Rancagua ingresará en su etapa decisiva, en la que deberán analizarse las responsabilidades penales atribuidas al profesor de Química y a la directora del establecimiento.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Tomás Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien formalizó el requerimiento de elevación a juicio respecto del docente, de 46 años, y de la directora, de 48.
Ambos llegan a esta instancia acusados, según la requisitoria fiscal, por el delito de estrago culposo agravado y lesiones en concurso ideal. La acusación deberá ser debatida y probada durante el juicio, por lo que la responsabilidad penal de los imputados todavía no ha sido determinada.
Explosión en Rancagua: qué ocurrió
El hecho que dio origen a la investigación ocurrió durante el ciclo lectivo de 2025 en el edificio situado en Santa Ana 380, de la localidad de Rancagua.
En ese establecimiento se había organizado una propuesta denominada “Feria de Ciencias Abierta”, una actividad destinada a mostrar diferentes experiencias y trabajos realizados por los estudiantes y que, de acuerdo con la investigación, se desarrollaba habitualmente como una actividad destinada a la comunidad.
Sin embargo, la jornada terminó de manera dramática cerca de las 21:00 del jueves 9 de octubre de 2025, cuando se realizó una demostración de un volcán simulado en el patio del establecimiento.
De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, la construcción del artefacto había sido dirigida por el profesor de Química junto con alumnos de quinto año. La investigación estableció que no se trataba simplemente de una maqueta escolar, sino de un dispositivo que, por sus características, fue considerado un artefacto pirotécnico.
Las pericias incorporadas a la causa determinaron que el denominado volcán contaba con componentes metálicos, entre ellos latas y tubos de hierro que habrían funcionado como una cámara y una chimenea.
Para generar el efecto de una erupción, se utilizaron diferentes sustancias químicas. Según la acusación fiscal, el docente preparó dos mezclas: una compuesta por nitrato de potasio, carbono y azufre, y otra integrada por clorato de potasio, carbono, azufre y naftalina.
Clorato de potasio y explosión
Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con la utilización de clorato de potasio, sustancia que, según la Fiscalía, había sido adquirida pocos días antes de la actividad.
De acuerdo con las constancias reunidas en el expediente, el profesor compró un kilogramo de esa sustancia y la adquisición fue facturada a nombre del propio Instituto Comercial de Rancagua.
La hipótesis fiscal sostiene que la manipulación de esos elementos, las características del artefacto construido y la ausencia de medidas de protección generaron un riesgo que finalmente se concretó cuando se encendió el dispositivo frente a los asistentes.
La detonación se produjo de manera violenta y provocó que los componentes metálicos salieran despedidos. El banco utilizado como apoyo resultó destruido y distintos fragmentos fueron proyectados hacia las personas que se encontraban en las inmediaciones.
La onda expansiva también provocó la rotura de vidrios de puertas y ventanas, multiplicando el riesgo para quienes se encontraban en el lugar.
La escena que debía formar parte de una actividad educativa se transformó en pocos segundos en un episodio de extrema gravedad, con varios alumnos y asistentes afectados y una niña que sufrió consecuencias permanentes.
Responsabilidad por explosión Rancagua
Para la Fiscalía, la explosión fue consecuencia de una conducta que habría sido negligente, imprudente y contraria a los deberes de cuidado que correspondían a los responsables de la actividad.
En relación con el profesor de Química, la acusación sostiene que tuvo intervención directa en la fabricación y preparación del artefacto y que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para realizar una experiencia de esas características.
Uno de los principales cuestionamientos se vincula con la utilización de sustancias químicas consideradas peligrosas y con la forma en que fueron combinadas para producir el efecto buscado durante la demostración.
La Fiscalía considera que, por su formación profesional, el docente debía conocer los riesgos asociados con la manipulación de determinados productos y adoptar medidas destinadas a impedir que una eventual reacción alcanzara a los espectadores.
Respecto de la directora, el Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por haber autorizado la realización de la actividad y por las presuntas omisiones relacionadas con la supervisión y las condiciones de seguridad.
Según la acusación, tampoco se habrían implementado barreras físicas suficientes para separar el dispositivo del público. Entre las medidas que aparecen mencionadas en la investigación se encuentran elementos de protección como mamparas que podrían haber reducido la proyección de fragmentos.
Estos aspectos serán uno de los puntos centrales del debate de abril de 2027, cuando las partes tendrán la posibilidad de exponer sus respectivas teorías del caso y producir la prueba admitida para el juicio.
Catalina Maglio, la víctima más grave
Entre las personas afectadas por la explosión, la situación más grave fue la de Catalina Maglio, quien tenía 10 años al momento del hecho.
La niña recibió el impacto de fragmentos y sufrió heridas de extrema gravedad que derivaron en la pérdida de un órgano ocular y en una afectación permanente de su capacidad visual.
La gravedad de las lesiones también hizo que atravesara momentos de riesgo para su vida durante la atención médica posterior al episodio.
El caso de Catalina se convirtió desde entonces en uno de los principales reclamos de justicia planteados por su familia, que siguió de cerca el avance de la investigación y las diferentes instancias del proceso judicial.
Además de la niña, otras personas resultaron heridas. MAM sufrió lesiones graves, mientras que LAM, MAJ, MMFT y AA presentaron lesiones de carácter leve, de acuerdo con las constancias incorporadas al expediente.
El impacto del episodio excedió así las consecuencias materiales producidas en el establecimiento y dejó secuelas entre los estudiantes, las familias y demás integrantes de la comunidad educativa que participaron de aquella jornada.
Acusación por estrago culposo
Desde el punto de vista jurídico, el fiscal Pertierra calificó los hechos como estrago culposo agravado por poner en riesgo la vida de una persona, en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas culposas.
La acusación fue encuadrada en los artículos 189 y 94 del Código Penal y se sustenta, de acuerdo con la postura del Ministerio Público Fiscal, en presuntos incumplimientos de los deberes de cuidado que correspondían a los acusados.
El expediente fue girado al Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del magistrado Julio Caturla, quien dio traslado de las actuaciones a las defensas del profesor y de la directora.
En esa instancia, los abogados defensores tuvieron la posibilidad de formular las oposiciones y planteos correspondientes antes de que el expediente avanzara hacia el debate oral.
Con la fijación de las fechas por parte de la Secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, quedó establecido que el juicio se desarrollará durante cinco jornadas, entre el 12 y el 16 de abril de 2027.
Será entonces cuando el órgano de juicio deberá analizar la prueba, escuchar a las partes y determinar si se encuentran acreditadas las responsabilidades penales atribuidas por la Fiscalía.
Sobreseimiento de la inspectora
La resolución fiscal también contempla una situación diferente para la inspectora de nivel secundario de la Dipregep que se encontraba vinculada al establecimiento al momento del hecho.
En su caso, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento al considerar que no existió una conducta, acción u omisión de su parte que hubiera incrementado el riesgo jurídicamente permitido.
La investigación concluyó que la inspectora no tenía entre sus funciones la supervisión específica del experimento químico que se realizó durante la feria y que tampoco se encontraba presente en el establecimiento en el momento de la explosión.
Por esos motivos, la Fiscalía entendió que no correspondía atribuirle responsabilidad penal por el resultado producido y pidió que quedara desvinculada de la causa mediante el correspondiente sobreseimiento.
Debate oral en abril
Con el señalamiento del juicio para abril de 2027, el expediente entra en una etapa determinante. El debate permitirá reconstruir qué ocurrió aquella noche, cuáles fueron las condiciones en las que se realizó la demostración y qué grado de responsabilidad puede corresponder a cada uno de los acusados.
El juicio estará a cargo del Juzgado Correccional N° 2, cuyo titular es el juez Alejandro Salguero. Allí se desarrollará el debate sobre la acusación formulada contra el profesor y la directora y sobre las consecuencias que tuvo la explosión para las personas que se encontraban en el Instituto Comercial de Rancagua.
La causa llega a esta instancia después de una extensa investigación judicial y con una acusación fiscal que pone el foco en las medidas de seguridad adoptadas antes y durante la demostración.
El caso tendrá ahora su instancia pública de mayor relevancia: el juicio oral. Allí se definirá, a partir de la prueba que sea incorporada y de los argumentos de las partes, si las conductas atribuidas a los imputados configuran los delitos por los que fueron enviados a juicio.
Mientras tanto, la familia de Catalina Maglio y las demás personas afectadas aguardan el desarrollo de un proceso que busca establecer judicialmente qué ocurrió, por qué se produjo la detonación y si existieron responsabilidades penales por las graves consecuencias de aquella jornada educativa.