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El acusado de las estafas piramidales por miles de dólares ofreció 200 mil pesos a las víctimas y 400 mil al Hospital

El acusado ofreció una reparación económica a doce damnificados para acceder a la probation, pero la Fiscalía y las víctimas rechazaron la propuesta por considerarla "irrisoria".

25 de agosto de 2026 a las 05:30 p. m.
El acusado de las estafas piramidales por miles de dólares ofreció 200 mil pesos a las víctimas y 400 mil al Hospital
Los abogados del acusado ofrecieron una reparación económica que no conformó a la docena de damnificados ni al fiscal.

En una audiencia realizada este martes en el Juzgado Correccional N° 1 de Pergamino, la defensa de Joaquín Ferrand, acusado por estafas piramidales contra doce personas, ofreció pagar $200 mil a cada damnificado y donar $400 mil a la Cooperadora del Hospital San José. La Fiscalía y los representantes de las víctimas se opusieron por considerar insuficiente la reparación.

Estafas piramidales y probation

La audiencia fue presidida por el juez Alejandro Salguero, con la intervención de la secretaria Paula Ciacia. Durante el encuentro se dio tratamiento al pedido de suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, formulado por la defensa del imputado en el marco de la causa por estafas reiteradas bajo la modalidad de esquema piramidal.

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El ofrecimiento presentado contempla una suma de $200 mil para cada una de las doce personas damnificadas y una donación de $400 mil destinada a la Cooperadora del Hospital San José. La propuesta fue objetada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por los abogados que representan a las víctimas.

La Fiscalía 5, actualmente subrogada por el fiscal Francisco Furnari, ya había expresado formalmente su oposición a la probation en una presentación incorporada al expediente. Allí calificó de “irrisoria” la oferta económica frente a la magnitud del perjuicio patrimonial que, según la acusación, habría provocado la maniobra investigada.

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La Fiscalía rechazó la reparación

En su dictamen, Furnari sostuvo que el ofrecimiento de $200 mil para cada víctima y $400 mil para la Cooperadora del Hospital Interzonal de Pergamino no representa un esfuerzo reparatorio real y razonable en relación con el perjuicio económico atribuido al imputado.

El fiscal aclaró que la legislación penal no exige necesariamente una reparación integral del daño como ocurre en el ámbito civil, pero consideró que el ofrecimiento debe guardar una mínima relación con la magnitud del perjuicio y demostrar una voluntad concreta de reparar las consecuencias del hecho investigado.

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La presentación también cuestiona que el imputado pretenda justificar el monto ofrecido en una supuesta falta de recursos económicos propios. Para la Fiscalía, esa circunstancia no alcanza por sí sola para convertir en razonable una propuesta que considera insuficiente.

Además, el Ministerio Público Fiscal señaló que la causa no comprende un hecho aislado, sino una imputación por estafas reiteradas bajo la modalidad de esquema o estructura piramidal, con una pluralidad de personas afectadas y un perjuicio patrimonial que, según consta en el expediente, alcanzaría montos significativos.

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Las víctimas también se opusieron

Durante la audiencia, el juez Salguero escuchó los planteos de los abogados que representan a las personas damnificadas. Según lo expuesto en relación con el encuentro, casi todos los representantes manifestaron su rechazo al ofrecimiento económico presentado por la defensa.

Entre los letrados que participaron estuvieron Ramiro Llán de Rosso, Eugenia Gambino, Gastón Defrancesco y Christian Tolosa, quienes intervienen en representación de víctimas de la causa. El magistrado deberá incorporar el planteo que resta recibir antes de adoptar una decisión sobre el pedido de probation.

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La oposición se fundamenta principalmente en la diferencia entre las sumas ofrecidas y el perjuicio económico que los damnificados atribuyen a la maniobra investigada. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, algunas de las víctimas habían invertido capitales expresados en miles de dólares.

El juicio oral se postergaría

El escenario procesal genera además consecuencias sobre el juicio oral previsto para el jueves 3 de septiembre. Si Salguero rechaza la suspensión del juicio a prueba, la defensa podría recurrir esa decisión ante la Cámara de Apelaciones.

Ese eventual trámite implicaría el cumplimiento de los plazos procesales correspondientes y, de acuerdo con lo explicado durante la audiencia, haría prácticamente imposible que el debate se realice en la fecha originalmente prevista.

La eventual postergación, por lo tanto, no obedecería a una decisión definitiva sobre el fondo de la acusación, sino a la necesidad de resolver previamente la cuestión vinculada con la probation y los recursos que pudieran presentarse contra la resolución del juez.

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La defensa podría apelar

Desde el entorno de las víctimas se planteó como posibilidad que la defensa recurra una eventual decisión adversa. Algunas fuentes vinculadas al expediente interpretaron el ofrecimiento como una estrategia que podría terminar demorando los tiempos del proceso, aunque esa apreciación constituye una valoración y no una decisión judicial sobre la finalidad de la propuesta.

Los abogados defensores Rodolfo Migliaro y Alberto Decunta son quienes formularon el ofrecimiento económico en representación del imputado. La resolución sobre la procedencia o rechazo de la probation quedará ahora en manos del juez Alejandro Salguero, una vez que cuente con todos los planteos de las partes.

El planteo de la Fiscalía

En el escrito presentado el 13 de agosto, la Fiscalía solicitó expresamente que se rechace el pedido de suspensión del juicio a prueba y que la causa continúe según su estado procesal. El dictamen sostiene que la oposición fiscal se encuentra fundada en la insuficiencia de la reparación propuesta, la pluralidad de víctimas y la gravedad de la imputación.

El Ministerio Público también argumentó que, por tratarse de una investigación que comprende múltiples hechos de estafas piramidales, corresponde que las circunstancias sean debatidas en un juicio oral y público. En ese sentido, el fiscal invocó criterios de política criminal y de tutela de los derechos de las personas damnificadas.

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El juez Salguero deberá analizar ahora las posiciones de la Fiscalía, de la defensa y de los particulares damnificados antes de resolver si concede o rechaza la probation. Una eventual apelación podría modificar nuevamente el cronograma y dejar en suspenso la fecha del debate oral prevista para comienzos de septiembre.

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