Embargo millonario a petroleras extranjeras por exploraciones ilegales en las Islas Malvinas
La decisión fue tomada el pasado jueves por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, e incluye el secuestro de buques, una plataforma semisumergible y cuentas bancarias. Las empresas afectadas habían sido imputadas en el mes de abril.
Buenos Aires, (NA) - La Justicia embargó por más de 156 millones de dólares a empresas británicas y estadounidenses por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin la autorización del Gobierno argentino.
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La decisión fue tomada el pasado jueves por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, e incluye el secuestro de buques, una plataforma semisumergible y cuentas bancarias.
Las firmas sobre la que recayó el embargo fueron las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (Fogl), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil y Rockhopper Exploration, las cuales habían sido imputadas penalmente el pasado abril por la presunta comisión de actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas.
Al no contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina, el trabajo coordinado de fiscales federales fueguinos, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos derivó en el embargo por 156.432.000 dólares dictado por la jueza Herraez.
Asimismo, la medida también incluye el secuestro y embargo preventivo de cinco buques, una plataforma de perforación semisumergible y un dique flotante utilizados para realizar las actividades ilegales de exploración y explotación.
En su fallo, la magistrada ordenó también el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, lo que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.
La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados, informó la Procuración General de la Nación a través de su sitio Fiscales.