El Presupuesto y la niñez

El tratamiento del proyecto de presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados fue motivo de controversias y no pocos debates, por la actitud con la que legisladores opositores al Gobierno nacional terminaron otorgando sus votos y las condiciones para que la herramienta obtuviera su media sanción y pasara al Senado. La discusión, en una sesión maratónica que tuvo ribetes de espectáculo, fue leída por la opinión pública más bien como la resultante de la rosca habitual que los dirigentes juegan siempre que se abordan cuestiones centrales para la política, que como el fruto de un consenso sobre temas medulares.

Con descrédito por parte del ciudadano de a pie que siente que el instrumento es apenas una formalidad que poco impacta en su vida cotidiana- todo lo contrario de lo que en verdad representa el principal proyecto que es el que determina el cálculo de recursos y cómo serán costeados los gastos no solo del funcionamiento institucional sino de la totalidad de los programas que están bajo la órbita del Estado-. Así, entre declaraciones y chicanas, se perdió de vista lo sustancial y poco se sabe de las modificaciones que se impusieron en temas que muchas veces quedan invisibilizados por el eco de declaraciones rimbombantes.

Hay diversos aspectos del proyecto que merecieron la atención de especialistas y de referentes de organizaciones que, con el propósito de aportar al debate parlamentario, realizaron análisis de distintas aristas. Una de estas entidades fue Unicef, que elaboró un documento que entregó a la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El trabajo hace foco en la niñez y sus derechos y desagrega conceptos sobre cómo esta cuestión podría verse afectada si no se imprimen modificaciones a la norma propuesta.

Tras la media sanción poco se supo cuánto de esto fue considerado en el tratamiento legislativo. Lo cierto es que, a través de un minucioso trabajo, el organismo analizó los recursos financieros y metas de las políticas y programas nacionales dirigidos a la niñez y adolescencia y planteó algunos interrogantes sobre posibles recortes. 

En el proyecto original, la Ley de Presupuesto 2023 asigna 2.710.482 millones de pesos del presupuesto nacional a programas dirigidos a la niñez y la adolescencia, lo que representa 1,84% del Producto Bruto Interno. En relación con el presupuesto vigente para 2022 -que asciende a $1.676.326 millones o 2,05% del PIB-, el presupuesto previsto para 2023 representa una reducción de los recursos invertidos en la niñez y la adolescencia de alrededor de 0,2 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a una caída del orden del 10 por en términos del nivel de actividad respecto del cierre previsto para el año en curso.

Con preocupación Unicef Argentina advierte que "si se aprueba sin modificaciones, algunas iniciativas tendrían riesgos significativos en términos de su financiamiento, como la política alimentaria, las acciones vinculadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia".

En relación a otros componentes de la herramienta como la educación, la salud y otras dirigidas a la infancia, el análisis postula que los comportamientos de los programas son variados, por cuanto, un conjunto de iniciativas presenta signos de alerta; y otras que fueron protegidas o incluso fortalecidas en la asignación de recursos para 2023.

Con respecto a las acciones de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aunque con menor incidencia en el presupuesto total, han sido priorizadas en el Presupuesto 2023.

Sin espíritu de entrometerse en el juego que juegan las distintas fuerzas políticas al momento de dirimir la herramienta, el trabajo realizado por Unicef y el documento resultante del mismo, intentó operar como una hoja de ruta con una clara advertencia: de no mediar modificaciones existen amplias posibilidades de incumplir lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26.061), que establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia asignados por el presupuesto nacional y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.

Conocida la noticia sobre la media sanción del proyecto y en un contexto en el que el oficialismo manifiesta apuro por lograr la aprobación de la norma en el Senado, se conocieron algunas modificaciones impuestas en Diputado, pero poco se supo de ellas en relación a si alcanzan o no a las políticas sociales- más allá de los planes para los que sí hubo un fortalecimiento-.

En Senadores el proyecto volverá a abrirse a un diálogo necesario. En un escenario de inestabilidad e incertidumbre económica y social, resulta, como lo refiere Unicef, indispensable contar con una programación macroeconómica, fiscal y presupuestaria consistente y sostenible que permita reducir las brechas y dificultades persistentes y continuar maximizando los esfuerzos para asegurar el ejercicio de derechos de la niñez.

A expensas de lo que este tipo de políticas significa, el señalamiento realizado y las modificaciones requeridas resultan imprescindibles. No se ha señalado de manera pública si fueron impresas entre las más de treinta modificaciones propuestas tanto por diputados tanto del oficialismo como de la oposición. Tampoco el organismo autor de este análisis se ha pronunciado al respecto. Hasta tanto ello ocurra, sigue abierto el interrogante de cómo finalmente queden establecidas las partidas para estos aspectos de la vida del país que resultan esenciales. Porque ninguna construcción puede plantearse exitosa si desconoce el derecho de aquellos que bajo todo concepto y en cualquier realidad coyuntural deben estar protegidos. Las infancias, la adolescencia y la vejez conforman ese universo y lamentablemente Argentina tiene en su haber ejemplos contundentes de cómo por privilegiar otras urgencias, estas necesidades y derechos han sido vulnerados. Ojalá esta vez los señalamientos sean escuchados y fruto de la sensibilidad de los legisladores, la norma traduzca finalmente las mejores condiciones posibles, esas que eviten que una vez más, la historia tristemente vuelva a repetirse.