Cristina Kirchner designó a Aníbal Ibarra como su abogado en la causa de Irán

El cambio de letrados es en la causa en la que la expresidenta está procesada por encubrimiento y sobre ella pesa un pedido de desafuero y detención ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, que debe ser tratado por la Cámara de Senadores.

Buenos Aires, (NA) - El exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra asumió ayer la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa en la que está procesada por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia.

Junto a Ibarra también integrará la nueva defensa de la exmandataria el exjuez Roberto Boico, para reemplazar a los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

El cambio de abogados es en la causa en la que Cristina Kirchner está procesada por encubrimiento y sobre ella pesa un pedido de desafuero y detención ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, que debe ser tratado por la Cámara de Senadores.

Peñafort explicó que se retiraron de la defensa de la exmandataria porque así estaba pautado de antemano y aclaró además que junto a Rúa continuará al frente de la defensa del excanciller Héctor Timerman, también procesado por encubrimiento en esta misma causa, iniciada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de ser encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero.

“En 2017, cuando (Ariel) Lijo intimó a Cristina Kirchner para que designase abogado en la causa Memorándum, asumimos dicha defensa con Alejandro Rúa, acordado hacerlo hasta el fin de la instrucción. La etapa de instrucción concluyó con la respuesta la solicitud de elevación a juicio oral, hace 10 días”, señaló la letrada en su cuenta de Twitter.

A juicio oral

Ibarra y Boico asumieron la defensa de Cristina Kirchner en momentos en que la causa está a punto de pasar a juicio oral y público, tal como lo requirieron el fiscal del caso, Eduardo Taiano, y las querellas.

El exjefe de Gobierno porteño fue destituido de ese cargo en 2006 por la falta de controles en el boliche República de Cromañón, donde 194 personas murieron a partir de un principio de incendio.

Actualmente, tras comenzar a ejercer hace poco más de un año, es el abogado del productor y empresario kirchnerista Javier Grosman, además de otros imputados por los incidentes que tuvieron lugar en el Congreso durante las protestas contra la reforma previsional.

En tanto, Boico fue juez sub-rogante de la Cámara Federal de Casación Penal y cuestionado por su adhesión al kirchnerismo en ese entonces, y es defensor del extitular de la AFI Oscar Parrilli en la causa por encubrimiento de Irán.

Ibarra aseguró en declaraciones que el proceso contra la exmandataria es “político” y que “no hay argumentos jurídicos” que puedan sostenerlo seriamente.

“Con Bonadio no tienen valor los argumentos jurídicos. No estamos frente a jueces que analizan la prueba, sino que ya tienen preconcebido que la van a condenar. No tiene ninguna racionalidad, solo se la encuentra en la persecución política”, evaluó.

Incluso, Ibarra sostuvo que se trata de “una suerte de moderna inquisición”, donde “en lugar de hogueras, desacreditan a través de los medios” y “destruyen” a la oposición, ya que “la persecución mediatizada les sirve para la pelea política”.

La causa

El 6 de este mes, el fiscal Taiano pidió enviar el caso a juicio oral y público con la expresidenta, Timerman y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, que permanece detenido, entre los acusados.

El pedido también alcanzó al dirigente Luis D’Elía, al exlíder de Quebracho Fernando Esteche y al representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, quienes también se encuentran presos; y a los procesados sin prisión preventiva, el exsecretario Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque, el exvicecanciller Héctor Zuain, la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona y el supuesto espía Allan Bogado.

En total son once los implicados en la causa que se inició por la denuncia hecha por Alberto Nisman el 14 de enero de 2015: en esa presentación, el fallecido fiscal aseguró que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013 para intentar que los acusados declararan en Teherán, había sido la herramienta utilizada para intentar desviar la investigación y dejar de culpar a los funcionarios iraníes señalados como los autores intelectuales de la voladura de la Amia.

“La realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos por las partes para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resultó funcional a la maniobra espuria”, opinó Taiano sobre el Memorándum, el cual había sido aprobado por el Congreso Nacional y luego quedó caduco por un fallo de la Justicia.