Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal
La Justicia ordenó frenar de manera inmediata las obras del proyecto Puerto Multimodal Ramallo tras una denuncia penal presentada por una ONG ambiental y vecinos de Costa Pobre. La causa investiga presuntas irregularidades ambientales y posibles responsabilidades del Municipio, funcionarios y concejales oficialistas. Avanza una investigación penal por presuntos delitos...
La Justicia ordenó frenar de manera inmediata las obras del proyecto Puerto Multimodal Ramallo tras una denuncia penal presentada por una ONG ambiental y vecinos de Costa Pobre. La causa investiga presuntas irregularidades ambientales y posibles responsabilidades del Municipio, funcionarios y concejales oficialistas.
Avanza una investigación penal por presuntos delitos ambientales
La denuncia fue impulsada por la organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre. La presentación judicial derivó en una medida cautelar de “no innovar”, que ordena la suspensión total de obras, desmontes y movimientos de suelo en la zona donde se proyecta el puerto.
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Según explicó el abogado de la ONG, Fabián Maggi, la medida se enmarca en una investigación penal iniciada por el Ministerio Público Fiscal ante hechos que podrían constituir delitos ambientales y administrativos, entre ellos intervenciones sin habilitación y movimientos de suelo en un área protegida.
Falta de estudios ambientales y audiencia pública obligatoria
La resolución judicial señala que el proyecto avanzó sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental exigida por la Ley Provincial N° 11.723 y la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331, además de no haberse realizado la Audiencia Pública obligatoria.
Desde UPVA sostienen que la ausencia de estos requisitos legales constituye una irregularidad grave y compromete la responsabilidad del Municipio de Ramallo, que permitió —por acción u omisión— el desarrollo de actividades sin cumplir los procedimientos ambientales establecidos por la normativa vigente.
Responsabilidades del Municipio y afectación a los vecinos
Maggi advirtió que la investigación penal no sólo alcanza a la empresa desarrolladora, sino también a funcionarios públicos. Entre los posibles delitos se analizan incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en instrumentos públicos, vinculados a actuaciones del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista.
Uno de los aspectos más graves señalados en la denuncia es la destrucción del camino histórico de acceso a Costa Pobre, que dejó a familias aisladas y dificultó el ingreso de ambulancias y servicios de emergencia. Desde la ONG reclamaron explicaciones públicas y medidas urgentes para reparar el daño y garantizar el acceso seguro al barrio.