Caso TAMEQU: la Fiscalía y la Comisión Provincial por la Memoria pidieron condenas para los cinco policías
Los fiscales solicitaron penas de hasta tres años en suspenso por el allanamiento ilegal, las vejaciones y las lesiones denunciadas durante el operativo de 2021.
La Fiscalía y la Comisión Provincial por la Memoria solicitaron que sean condenados los cinco policías juzgados por el allanamiento ilegal y las presuntas agresiones contra los moradores del predio de la antigua fábrica metalúrgica TAMEQU, en Pergamino.
Los pedidos de pena fueron formulados durante los alegatos finales del juicio oral, que concluyó este jueves en los Tribunales locales. El veredicto se conocerá el martes 17 de noviembre.
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El debate se desarrolló durante dos jornadas intensas, entre el miércoles y el jueves, en la sala de audiencias del Juzgado Correccional N° 1, presidido por el juez Carlos Picco.
La causa tiene como eje un procedimiento policial realizado en marzo de 2021 en el predio donde funcionó la empresa de los hermanos Quaglia, ubicado frente al antiguo Gabín Ferroviario, en inmediaciones de la intersección de la ruta nacional 8 y el camino de acceso por calle Lucio V. Mansilla.
La instancia de los alegatos permitió que las partes expusieran sus conclusiones sobre los hechos investigados, la prueba incorporada durante el debate y la responsabilidad penal que atribuyen a cada uno de los cinco efectivos que llegaron a juicio. Mientras la acusación pública y la querella reclamaron condenas, los defensores particulares y oficiales solicitaron la absolución de sus representados.
Pedidos de condena de los dos fiscales
Los fiscales Francisco Furnari y Germán Guidi realizaron una exposición conjunta, aunque distribuyeron sus intervenciones de acuerdo con los delitos que integran la acusación. Furnari desarrolló los argumentos relacionados con el presunto allanamiento ilegal, mientras que Guidi fundamentó la imputación por las vejaciones y las lesiones que habrían sufrido las personas que se encontraban en el inmueble durante el operativo.
Al concluir sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez Carlos Picco que condene a los cinco efectivos policiales que fueron sometidos a juicio. Para Marcelo Alberto Garrido, acusado de allanamiento ilegal en calidad de autor, el fiscal Furnari requirió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
En tanto, para los cuatro integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) alcanzados por la acusación de vejaciones y lesiones leves calificadas, la fiscalía solicitó penas de tres años de prisión en suspenso. La pretensión punitiva se fundamentó en la actuación que se les atribuye durante el procedimiento y en las consecuencias que, según la acusación, padecieron los moradores del predio.
La exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal estuvo acompañada por el instructor judicial Guillermo Pascual, integrante de la Fiscalía N° 5, quien participó de las jornadas junto con los funcionarios encargados de sostener la acusación.
Querella por los derechos humanos
La Comisión Provincial por la Memoria intervino en el proceso como particular damnificada, en representación de las víctimas de los episodios de violencia denunciados. La organización de derechos humanos estuvo representada por la abogada Luz Santos Morón y otras profesionales que participaron de las audiencias y de la presentación de los alegatos.
La querella acompañó el planteo acusatorio y reclamó que se establezcan responsabilidades penales por el comportamiento de los funcionarios policiales durante el ingreso al establecimiento y el trato dispensado a las personas que permanecían en el lugar.
La participación de la Comisión Provincial por la Memoria constituye uno de los aspectos relevantes del juicio, ya que la organización interviene en causas vinculadas con presuntas vulneraciones de derechos humanos y el accionar de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Las defensas pidieron absoluciones
Por su parte, los abogados defensores de los cinco imputados expusieron sus conclusiones después de los alegatos de la acusación. La representación técnica estuvo a cargo de un grupo numeroso de abogados penalistas particulares, provenientes de las matrículas de San Nicolás y Junín, además de la intervención del defensor oficial Pedro Zanardi.
En términos generales, las defensas sostuvieron que durante el debate oral no quedó acreditada la participación de sus representados en los delitos que les atribuye la fiscalía. Sobre esa base, cuestionaron los fundamentos de la acusación y solicitaron que el juez dicte la absolución de los cinco efectivos.
La extensión de las exposiciones y la cantidad de profesionales que intervinieron prolongaron considerablemente la jornada del jueves. Las últimas argumentaciones concluyeron alrededor de las 15:00, después de una sucesión de alegatos en los que cada representación desarrolló su interpretación de los elementos reunidos durante el proceso.
La sala de audiencias estuvo colmada durante las dos jornadas, con la presencia de los protagonistas del proceso, representantes de las partes y personas interesadas en el desarrollo del juicio.
El allanamiento ilegal
La acusación fiscal comprende dos hechos diferenciados, aunque vinculados con un mismo procedimiento policial realizado el 12 de marzo de 2021, alrededor de las 12:10, en el predio donde había funcionado la metalúrgica TAMEQU.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la DDI Pergamino, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía bonaerense, de la DDI de Moreno y del GAD Pergamino ingresaron al inmueble sin contar con una orden judicial y sin que estuvieran acreditadas las circunstancias excepcionales que habilitan un procedimiento de urgencia.
El operativo se habría llevado adelante en el marco de una investigación por evasión que tramitaba en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
Para la fiscalía, las condiciones en las que se produjo el ingreso configuraron un allanamiento ilegal, responsabilidad que le atribuyen a Marcelo Alberto Garrido.
Vejaciones y lesiones
El segundo eje de la causa está relacionado con el trato que habrían recibido los moradores durante el procedimiento. Según la descripción de los hechos sostenida por la acusación, integrantes del GAD Pergamino habrían ejercido violencia física y verbal contra las personas que se encontraban en el establecimiento.
La imputación contempla presuntos golpes, pisotones, maniobras de reducción contra el suelo y esposamientos, además de agresiones verbales y amenazas. Esas conductas habrían provocado lesiones calificadas como leves y dieron lugar a la acusación por vejaciones y lesiones leves calificadas.
Por estos hechos llegaron a juicio Rubén Darío Alvarado, Guido Daniel Raimondi, Jonatan Javier Benítez y Emanuel Maximiliano González, señalados por la fiscalía como presuntos coautores de los delitos atribuidos.
La determinación de la responsabilidad individual de cada uno constituye uno de los aspectos que deberá resolver el magistrado a partir de la valoración integral de las pruebas y los argumentos presentados por las partes.
Veredicto en noviembre
Las dos jornadas de debate estuvieron presididas por el titular del Juzgado Correccional N° 1, Carlos Picco, acompañado en la sala por la secretaria Maira Gelly y la auxiliar letrada Micaela Piergallini.
Una vez concluidos los alegatos de la fiscalía, la querella y las defensas, quedó pendiente la resolución judicial. Todas las partes prestaron conformidad para que la lectura del veredicto se realice el martes 17 de noviembre, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos y la extensión del proceso.
Ese día, el juez Picco deberá determinar si las conductas atribuidas a los cinco policías quedaron acreditadas durante el juicio y si corresponde imponer las condenas reclamadas por la acusación o hacer lugar a los pedidos de absolución formulados por las defensas.
La resolución pondrá fin a una instancia judicial que busca establecer las responsabilidades penales por el procedimiento realizado en el predio TAMEQU y las presuntas vulneraciones de derechos denunciadas por quienes se encontraban en el inmueble.