Baradero: una concejal denunció a SADAIC y AADI-CAPIF por los cobros en fiestas de egresados
Romina Fernández, edil de La Libertad Avanza de Baradero, presentó dos denuncias para cuestionar los aranceles que reclaman las entidades por las celebraciones estudiantiles en Baradero y San Pedro.

La concejal y abogada de La Libertad Avanza de Baradero, Romina Fernández, formalizó dos presentaciones contra las exigencias de cobro de SADAIC y AADI-CAPIF por las tradicionales fiestas de egresados. La dirigente sostiene que los eventos privados, destinados a estudiantes, familiares e invitados, están alcanzados por una exención prevista en la normativa nacional.
Las denuncias contra SADAIC y AADI-CAPIF por las fiestas de egresados.
Las actuaciones fueron presentadas ante la Secretaría de Seguridad Municipal de Baradero y el área de Defensa del Consumidor, en representación de los alumnos que se preparan para celebrar sus graduaciones en Baradero y San Pedro.
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El objetivo es cuestionar el requerimiento de aranceles por derechos de autor e intérpretes en celebraciones realizadas en espacios privados y con asistencia limitada.
""No van a sacarle más plata a las escuelas de San Pedro y Baradero", expresó Fernández, quien rechazó las intimaciones de pago que, según considera, no cuentan con sustento legal y podrían condicionar el desarrollo de los festejos.
La concejal anticipó que buscará defender a las instituciones educativas y a las familias frente a los reclamos económicos de ambas entidades.
Qué establece el Decreto 765/2024 sobre la música en eventos privados?
El principal argumento jurídico de Fernández se basa en el Decreto Nacional 765/2024, que modificó el artículo 33 del Decreto Reglamentario 41.223/1934 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.
La normativa establece que no existe representación ni ejecución pública cuando la reproducción de obras musicales se realiza en un ámbito privado, independientemente de que el espacio sea ocupado de manera permanente o temporal.
A partir de esa disposición, la abogada sostiene que las fiestas de egresados destinadas exclusivamente a estudiantes, familiares e invitados especiales quedan comprendidas dentro de la exención establecida por la legislación vigente.
Además, fundamentó sus presentaciones en el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el artículo 38 de la Constitución bonaerense y la Ley Provincial 13.133, que contemplan la protección de los intereses económicos de los consumidores y el derecho a recibir información adecuada y veraz.
El cuestionamiento a los requisitos municipales para habilitar los festejos
Otro de los puntos planteados por Fernández está relacionado con la posibilidad de que los municipios condicionen las habilitaciones de los eventos a la presentación de comprobantes de pago emitidos por entidades privadas de gestión colectiva.
La concejal consideró que ese requisito no forma parte de las exigencias legales necesarias para autorizar una celebración y sostuvo que los gobiernos locales deben limitar sus controles a cuestiones vinculadas con la seguridad, la salubridad y el cumplimiento de las normas municipales.
"Los municipios deben controlar las condiciones de seguridad, salubridad y cumplimiento de las normas locales, pero no pueden convertir una exigencia de una entidad privada en un requisito administrativo sin el correspondiente respaldo legal", afirmó.
Finalmente, Fernández aseguró que continuará con las actuaciones administrativas y judiciales si persisten los reclamos arancelarios.
"Vamos a defender a las familias, a los estudiantes y a las instituciones educativas frente a cualquier cobro que no corresponda. Los derechos de autor deben respetarse, pero también debe cumplirse la ley", concluyó la edil, quien anticipó que recurrirá a todas las instancias necesarias para sostener su planteo.














