San Nicolás: Proponen prohibir celulares en las cárceles bonaerenses para frenar delitos desde prisión
El espacio de Manuel Passaglia y Santiago Passaglia de San Nicolás, HECHOS impulsó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses. La iniciativa busca frenar delitos organizados desde prisión y revertir una medida adoptada durante...
El espacio de Manuel Passaglia y Santiago Passaglia de San Nicolás, HECHOS impulsó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses. La iniciativa busca frenar delitos organizados desde prisión y revertir una medida adoptada durante la pandemia que habilitó estos dispositivos.
Prohibición de celulares en cárceles bonaerenses: qué propone el proyecto
La iniciativa plantea la prohibición total del ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. El proyecto ya ingresó en ambas cámaras legislativas y podría ser tratado en las próximas semanas.
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Según sus impulsores, la medida apunta a restablecer el orden jurídico dentro del sistema penitenciario y reforzar los mecanismos de control en los establecimientos carcelarios de la provincia.
El origen de la medida: el uso de celulares durante la pandemia
El proyecto busca dejar sin efecto una normativa implementada durante la pandemia de Covid-19, cuando se permitió el uso de celulares por parte de los internos ante la imposibilidad de recibir visitas presenciales.
Desde el bloque autor de la iniciativa consideran que esa excepción se extendió más allá de la emergencia sanitaria sin una evaluación adecuada de sus consecuencias en materia de seguridad.
Delitos desde las cárceles: el eje del debate en Buenos Aires
Uno de los principales argumentos del proyecto es el incremento de estafas telefónicas, amenazas y otros delitos organizados desde el interior de las cárceles bonaerenses.
En ese sentido, los legisladores sostienen que el Estado debe garantizar que las personas privadas de libertad no continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas. La propuesta se enmarca en un debate creciente sobre seguridad pública y el funcionamiento del sistema penitenciario en la provincia.