Patricia Bullrich habló con Cornejo por el fallo judicial que liberaría a 800 presos

La máxima autoridad judicial de Mendoza hizo lugar a un recurso de Hábeas Corpus colectivo. Además, les ordenó a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público la “regularización” de las personas con órdenes de detención fiscal sin control jurisdiccional.

Buenos Aires, (NA) - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó ayer con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para comunicarle la preocupación del Gobierno acerca de un fallo de la Suprema Corte de esa provincia, cuya ejecución permitiría la liberación de 800 presos sin sentencia.

Rodeada de sus secretarios Gerardo Milman y Gonzalo Cané, Bullrich se puso en contacto mediante teleconferencia con Cornejo, que a su vez se mostró acompañado por el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.

El objetivo de la comunicación fue transmitirle al Gobierno mendocino el interés del Gobierno nacional de que la Corte Suprema de Justicia no proceda en la ejecución de un fallo del Máximo Tribunal provincial, cuyo cumplimiento resultará en la liberación de 800 presos que se encuentran en cautiverio pese a no tener condenas en su contra. Lo cierto es que la máxima autoridad judicial de Mendoza hizo lugar a un recurso de Hábeas Corpus colectivo para que lo reclusos sean liberados.

El fallo, además, le ordenó a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público la “regularización” de las persones con órdenes de detención fiscal sin control jurisdiccional.

“El objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y, además, buscar que dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia”, sostuvieron los funcionarios en un comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Agregaron que “a la vez se evalúa convocar, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional”.

Y destacaron que el cumplimiento del fallo podría acarrear consecuencias negativas, como “crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de ´gravedad institucional´ al provocar una situación de emergencia de seguridad”.

“Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública”, advirtió el Ministerio.