Maltrato animal: analizaron el rol de la Justicia y la intervención de Zoonosis en Pergamino
El fiscal Francisco Furnari, la instructora judicial Geraldine Casco y la veterinaria Fernanda Lauzzo participaron de una charla organizada por el Colegio de Abogados.

El maltrato animal, su abordaje desde el sistema judicial y los mecanismos de intervención para garantizar la protección de los animales fueron los principales ejes de una jornada organizada este martes por el Colegio de Abogados de Pergamino. La actividad reunió a especialistas del ámbito judicial y municipal, quienes analizaron la legislación vigente, los procedimientos de investigación y los desafíos que plantea el reconocimiento de los animales como seres sintientes.
La propuesta estuvo dirigida a profesionales matriculados y al público en general, con el propósito de generar un espacio de intercambio sobre una problemática que adquirió mayor relevancia social y jurídica durante los últimos años. La exposición contó con la participación del fiscal Francisco Furnari, la instructora judicial Geraldine Casco, integrante de la Fiscalía 8, y la médica veterinaria María Fernanda Lauzzo, directora del Centro de Zoonosis municipal.
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El encuentro permitió abordar el derecho animal desde diferentes perspectivas, poniendo especial atención en las responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, la intervención de los organismos municipales y las herramientas disponibles para actuar ante situaciones de maltrato o crueldad.

Maltrato animal y legislación

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue el análisis del marco normativo argentino y de los alcances de la Ley Nacional 14.346, sancionada en 1954, que establece penas para quienes inflijan malos tratos o sometan a los animales a actos de crueldad.
La legislación contempla distintas conductas que pueden constituir infracciones penales. Entre ellas figuran la falta de alimentación adecuada, la utilización de animales para trabajos que excedan sus posibilidades físicas, el sometimiento a sufrimientos innecesarios, las mutilaciones injustificadas y las lesiones provocadas intencionalmente.
También se analizaron las limitaciones de una normativa que lleva más de siete décadas de vigencia y cuya escala penal, de quince días a un año de prisión, abre interrogantes sobre su suficiencia frente a las distintas manifestaciones de violencia contra los animales.
La exposición permitió incorporar otra dimensión del debate: la evolución de la concepción jurídica de los animales. Mientras el Código Civil y Comercial de la Nación mantiene su clasificación dentro de la categoría de cosas muebles semovientes, el desarrollo doctrinario y jurisprudencial reconoce cada vez con mayor fuerza que son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo y sufrimiento.
En ese sentido, se planteó la necesidad de revisar las categorías tradicionales del Derecho y avanzar hacia mecanismos de protección que contemplen los intereses propios de los animales, más allá de su eventual condición de propiedad de una persona.

Maltrato animal y Justicia
Desde la perspectiva del Derecho Penal, uno de los puntos destacados fue la consideración del animal como destinatario directo de las conductas de maltrato y crueldad.
Esta interpretación tiene consecuencias concretas para el desarrollo de las investigaciones, ya que permite poner el foco en las condiciones de vida, las lesiones, el sufrimiento y las circunstancias en las que se producen los hechos, sin limitar la intervención judicial a la existencia de un propietario que formule un reclamo.
También se analizaron las dificultades probatorias que presentan estas causas y la importancia de desarrollar investigaciones interdisciplinarias.
Los informes veterinarios, los registros fotográficos y audiovisuales, las declaraciones testimoniales, las inspecciones de los lugares donde permanecen los animales y las pericias profesionales constituyen herramientas fundamentales para reconstruir las circunstancias de cada episodio y determinar la existencia de conductas penalmente relevantes.
La intervención temprana resulta especialmente importante cuando se detectan situaciones de riesgo para la vida o la integridad de los animales. En esos casos, la Fiscalía debe evaluar las medidas necesarias para hacer cesar el sufrimiento, garantizar la asistencia veterinaria y articular con las autoridades competentes las actuaciones que correspondan, con el debido control judicial cuando resulte necesario.
Durante la exposición también se repasaron antecedentes jurisprudenciales que marcaron un cambio en la discusión jurídica argentina, entre ellos los casos de Sandra, la orangutana cuyo reconocimiento como sujeto de derechos fue abordado por la Justicia federal, y Cecilia, la chimpancé cuya situación derivó en una resolución judicial que permitió su traslado a un santuario en Brasil.
Ambos precedentes contribuyeron a instalar el debate sobre la condición jurídica de los animales y la necesidad de contemplar sus intereses y características particulares dentro del ordenamiento legal.

Maltrato animal e intervención municipal
La participación de la directora del Centro de Zoonosis municipal, María Fernanda Lauzzo, permitió incorporar una mirada vinculada con la actuación concreta del Estado local ante las denuncias y situaciones de vulnerabilidad animal.
La médica veterinaria desarrolló el procedimiento de intervención del organismo municipal, desde la recepción de una denuncia hasta la evaluación de las condiciones en las que se encuentra el animal y la eventual articulación con la Fiscalía.
El circuito contempla la verificación de los hechos mediante visitas al lugar, la intervención de profesionales veterinarios, la elaboración de actas y la confección de informes técnicos que permiten documentar las condiciones de alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria.
La coordinación entre Zoonosis, la Policía y la Justicia resulta determinante para que las actuaciones administrativas y judiciales puedan desarrollarse de manera complementaria.
Uno de los aspectos abordados fue el secuestro de animales cuando existen circunstancias que justifican su retiro del lugar donde permanecen. Entre los criterios considerados se encuentran el riesgo para la vida, las situaciones graves o reiteradas de maltrato, la reincidencia, el peligro inminente y la ausencia de condiciones mínimas para garantizar su bienestar.
Estas medidas deben contar con la intervención de la autoridad judicial competente, salvo las situaciones de urgencia que habiliten actuaciones inmediatas conforme al marco legal aplicable.
También se explicó el funcionamiento de la guarda judicial provisoria, una herramienta que permite que un animal quede al cuidado de un tercero mientras avanza el proceso. Esa responsabilidad puede recaer en el organismo municipal, un refugio, una organización protectora o un particular, quienes deben garantizar alimentación, atención veterinaria y condiciones adecuadas de alojamiento.
La guarda definitiva, en cambio, requiere una resolución judicial que determine el destino del animal una vez cumplidas las instancias correspondientes. Entre las alternativas se contempla la adopción responsable o la permanencia con quien asumió su cuidado durante el proceso.
Maltrato animal: nuevos desafíos
La jornada también permitió abordar los cambios que atraviesa el derecho animal y la necesidad de actualizar las herramientas legislativas e institucionales para responder a las nuevas demandas sociales.
En ese contexto se incorporó al análisis la Resolución 548/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el 11 de noviembre, que creó una comisión destinada a estudiar una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de régimen jurídico de los animales.
La iniciativa reconoce la necesidad de revisar la clasificación patrimonial tradicional y analizar cuestiones vinculadas con la condición de seres sintientes, la protección de sus intereses y las nuevas realidades familiares, entre ellas el concepto de familia multiespecie y el cuidado de los animales de compañía ante situaciones de separación o divorcio.
La creación de esta comisión representa un paso institucional en el debate sobre la actualización del régimen jurídico, aunque no implica por sí misma una modificación del Código Civil y Comercial ni un reconocimiento automático de personalidad jurídica para todos los animales.
Entre los desafíos identificados durante la exposición también se destacaron la capacitación de fiscales, jueces, defensores, policías y profesionales veterinarios; el fortalecimiento de la articulación entre organismos públicos y organizaciones especializadas; y la necesidad de promover políticas de prevención.
En ese sentido, se remarcó que la respuesta penal constituye una herramienta necesaria frente a las conductas de maltrato y crueldad, pero debe complementarse con la educación, la tenencia responsable, la esterilización, la asistencia veterinaria y el compromiso de la comunidad.
La actividad organizada por el Colegio de Abogados permitió poner en común las responsabilidades de cada sector y profundizar una discusión que excede el ámbito de la protección de las mascotas. El derecho animal interpela actualmente a distintas ramas del ordenamiento jurídico y plantea nuevos desafíos para quienes tienen a su cargo la prevención, investigación y resolución de estos hechos.
La premisa que atravesó la jornada fue que el reconocimiento de los animales como seres sintientes debe traducirse en mecanismos concretos de protección. Para ello, la intervención coordinada de la Justicia, los organismos municipales y la ciudadanía resulta fundamental para que las normas vigentes tengan una aplicación efectiva.























