La justicia española dictó prisión para ocho miembros del destituido gobierno catalán
La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, debe pronunciarse sobre la petición de la fiscalía de dictar una orden de captura contra el presidente cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que estarían en Bélgica.
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La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista, desatando manifestaciones de apoyo en la región española.
La misma juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, debe pronunciarse sobre la petición de la fiscalía de dictar una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que estarían en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia.
Lamela sí actuó contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron ayer al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron “un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado”.
Otorgó libertad provisional bajo fianza para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.
En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente” Junqueras y “el fin de la represión política”.
“Ya no es un asunto interno español, la comunidad internacional y especialmente la comunidad europea debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes”, afirmó.
Al grito de “no es justicia, es dictadura” y “vergüenza para Europa”, 20.000 personas -según la guardia urbana- se congregaron frente al parlamento en Barcelona, convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las asociaciones implicadas según la justicia en la apuesta independentista.
Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga -recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su gobierno- así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.
“Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta”, replicó el abogado de Junqueras y de otros encausados, Andreu Van den Eynde.