Inundaciones: productores bonaerenses recurrieron a la Justicia para exigir información sobre las obras hidráulicas
Dos productores de Carlos Casares presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura provincial, encabezado por Gabriel Katopodis, ante la falta de respuesta a un pedido de información sobre los trabajos previstos en la cuenca del río Salado.
La preocupación por las inundaciones y el estado de la infraestructura hidráulica en el interior bonaerense sumó un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito judicial. Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron una acción de amparo contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Gabriel Katopodis, con el objetivo de obtener información oficial sobre las obras destinadas a reducir el riesgo hídrico en la cuenca del río Salado.
La presentación fue realizada el 22 de octubre ante la Receptoría General de Expedientes de Trenque Lauquen, luego de que los demandantes, según denunciaron, no recibieran respuesta a un pedido formal de acceso a la información pública presentado tres meses antes.
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El reclamo apunta a conocer qué obras hidráulicas fueron proyectadas, cuáles se encuentran en ejecución, qué trabajos ya fueron terminados y cuáles permanecen pendientes. También busca establecer cuánto dinero se asignó a cada intervención, qué empresas fueron contratadas y cuál es el estado de los desembolsos.
La situación adquiere especial relevancia en una región donde los excesos hídricos han provocado dificultades para la producción agropecuaria, el tránsito por los caminos rurales y el acceso a numerosos establecimientos.
Un pedido presentado en julio que terminó en Tribunales
El origen del conflicto se remonta al 22 de julio, cuando los productores solicitaron al Ministerio provincial información detallada sobre las obras previstas para la cuenca del Salado, especialmente en la denominada subregión A3, que comprende sectores afectados por problemas de acumulación de agua.
De acuerdo con lo expuesto en la presentación judicial, el organismo no respondió dentro del plazo legal, que los demandantes consideran vencido el 3 de septiembre.
Tampoco habría comunicado una prórroga, puesto documentación a disposición ni informado formalmente sobre eventuales impedimentos para entregar los datos solicitados.
Ante esa situación, los productores decidieron acudir a la Justicia para que se ordene a la cartera provincial brindar una respuesta documentada.
El planteo no pretende que los jueces definan qué obras deben ejecutarse ni que evalúen la conveniencia técnica de las decisiones gubernamentales. Su objetivo es obtener información pública que permita conocer el estado de los proyectos y verificar el uso de los recursos destinados a prevenir inundaciones.
Los $2,3 billones anunciados por la Provincia
Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con el Plan de Gestión del Riesgo Climático presentado en agosto por el gobernador Axel Kicillof.
La iniciativa contempla una inversión anunciada superior a los 2,3 billones de pesos para afrontar fenómenos climáticos extremos mediante obras hidráulicas, sistemas de monitoreo de precipitaciones y niveles de agua, y mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.
Los productores quieren conocer si ese programa cuenta con aprobación administrativa formal, qué organismos intervienen en su ejecución y cuáles fueron los estudios técnicos utilizados para determinar las prioridades de inversión.
También solicitan precisiones sobre el origen de los recursos comprometidos.
En particular, buscan establecer si los fondos anunciados ya estaban contemplados en el presupuesto provincial de 2026 o si corresponden a nuevas partidas, financiamiento crediticio o préstamos provenientes de organismos internacionales.
El pedido incluye información sobre contratos, certificados de obra, comprobantes de pago y documentación que permita verificar el grado de avance físico y financiero de cada intervención.
La intención, según expresaron los demandantes, es acceder a información concreta y verificable, en lugar de recibir explicaciones generales que no permitan determinar qué trabajos se realizaron efectivamente.
Obras bajo la lupa en la cuenca del Salado
La presentación judicial comprende distintos proyectos hidráulicos considerados relevantes para el manejo del agua en el centro y oeste bonaerense.
Entre ellos aparecen las intervenciones sobre el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este, y los trabajos vinculados con la laguna Municipal de Bragado.
También se requieren precisiones sobre el canal República de Italia-Mercante-Jauretche, las obras al sur de la ruta nacional 5, el sistema Belloq-Cadret-La Sofía y la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas.
Otro de los aspectos incluidos es el control sobre canales construidos sin autorización, una cuestión especialmente sensible en territorios donde las intervenciones particulares pueden modificar el escurrimiento natural del agua y generar consecuencias sobre establecimientos vecinos.
En el caso específico de Carlos Casares, los productores solicitaron información sobre los trabajos ejecutados desde enero de 2024, incluyendo alcantarillas, puentes, canales y obras relacionadas con la recuperación de caminos rurales afectados por las inundaciones.
El planteo también busca conocer qué medidas adoptó la Provincia durante 2025 y 2026 para atender los problemas de circulación y las dificultades de acceso a los establecimientos agropecuarios.
La importancia de contar con información a tiempo
Uno de los argumentos que fundamentan la acción judicial es que la información sobre infraestructura hídrica tiene una utilidad que depende directamente del momento en que se encuentra disponible.
Para quienes desarrollan actividades agropecuarias en zonas expuestas a inundaciones, conocer los proyectos previstos y sus plazos de ejecución puede resultar determinante al momento de planificar inversiones, organizar tareas productivas y evaluar riesgos.
Los demandantes sostienen que una respuesta demasiado tardía puede perder buena parte de su valor, especialmente si llega cuando las contrataciones ya fueron realizadas, los fondos ejecutados o las etapas preventivas superadas.
La situación vuelve a colocar en discusión la necesidad de contar con mecanismos de información pública que permitan seguir la evolución de las obras y conocer las responsabilidades de los distintos organismos involucrados.
La problemática excede la situación de los dos productores que impulsaron el amparo. La gestión del agua constituye uno de los desafíos estructurales del interior bonaerense, donde la infraestructura hidráulica, el mantenimiento de canales y el estado de los caminos rurales tienen consecuencias directas sobre la actividad económica y la vida de las comunidades.
La respuesta del Ministerio provincial
Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense señalaron que responderán el pedido de información a la brevedad.
Hasta el momento de esa publicación no se había informado una respuesta documental concreta a los requerimientos formulados por los productores.
La controversia, por lo tanto, se concentra en el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública y no en una resolución judicial sobre la calidad o suficiencia de las obras hidráulicas anunciadas.
Mientras se aguarda la evolución del expediente, el caso vuelve a poner en primer plano una demanda recurrente del sector agropecuario: contar con información precisa, actualizada y accesible sobre las inversiones destinadas a enfrentar los problemas hídricos.
En una provincia donde las inundaciones han condicionado históricamente la producción y la conectividad rural, conocer qué obras se proyectan, cuáles avanzan y cómo se utilizan los recursos públicos constituye una herramienta fundamental para la planificación y el seguimiento de las políticas de infraestructura.
El reclamo iniciado en Carlos Casares abre así una discusión que trasciende los límites de ese distrito y alcanza a buena parte del interior bonaerense, donde la prevención de los excesos hídricos continúa siendo una preocupación central para productores y comunidades rurales. (Con información de LA NACION)