CONVICTO
PolicialesEstá preso por violencia a la pareja y la sigue hostigando con mensajes y llamadas desde la cárcel
Una joven de 28 años denunció en sede policial que la sigue contactando el sujeto que la agredió física, verbal y psicológicamente por la que quedó detenido.
Un convicto volvió a incidir en un episodio de violencia de género por el que quedó detenido con prisión preventiva en una unidad penal, al hostigar con mensajes y llamadas telefónicas a la ex pareja por la que cayó preso al agredirla física, oral y psicológicamente.
Una mujer de 28 años intenta reconstruir su vida tras haber sido víctima de un grave episodio de violencia de género que derivó en la detención y procesamiento de su expareja, quien actualmente cumple prisión preventiva en una unidad penal provincial. Sin embargo, a pesar de la condena y las medidas de restricción, el agresor sigue hostigándola mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas desde la cárcel.
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La víctima, que ha atravesado una situación traumática, busca retomar la normalidad con sus actividades laborales y domésticas. No obstante, ha denunciado que su agresor continúa ejerciendo violencia psicológica a distancia, violando así las restricciones impuestas por la Justicia.
Protección de la víctima
Ante esta situación, la mujer acudió nuevamente a las autoridades, quienes tomaron conocimiento de los reiterados intentos de contacto por parte del detenido. La fiscalía en turno, que sigue la causa, resolvió caratular los hechos bajo la figura de hostigamiento y violencia de género. Además, se ha remitido el caso al Juzgado de Garantías para evaluar posibles medidas adicionales que refuercen la protección de la víctima.
Desde la Dirección de la Mujer se ha brindado asistencia y acompañamiento a la denunciante, garantizando contención y asesoramiento en este proceso. Mientras tanto, la fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cómo el agresor accede a dispositivos de comunicación dentro del penal y qué medidas pueden tomarse para frenar el hostigamiento.
El caso pone en evidencia la necesidad de un control más estricto sobre los internos que cumplen condenas por violencia de género, a fin de evitar que sigan afectando la vida de sus víctimas desde prisión. La víctima, por su parte, espera que la Justicia refuerce su seguridad y garantice el cumplimiento efectivo de las restricciones impuestas al agresor.