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El veto que viene: Las razones de un dictamen jurídico que considera nula la ordenanza de financiamiento de bomberos

El intendente vetó la ordenanza que creaba un fondo de $360 millones para los Bomberos Voluntarios. Ahora el Concejo necesita dos tercios para insistir.

18 de noviembre de 2026 a las 06:50 p. m.
El veto que viene: Las razones de un dictamen jurídico que considera nula la ordenanza de financiamiento de bomberos
El intendente ya remitió el veto y ahora el Concejo deberá obtener una mayoría de dos tercios para mantener la Ordenanza.

El 10 de noviembre, en la Décima Séptima Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 10275/26. La norma crea un fondo de $360 millones anuales para los Bomberos Voluntarios del Partido. El 16 de noviembre, la Asesoría Letrada de la Municipalidad emitió un dictamen que la consideró nula y recomendó vetarla completa. El intendente siguió esa recomendación: el veto ya es un decreto y fue remitido al Concejo. LA OPINION tuvo acceso al dictamen que fundamenta esa decisión, el Nº 189 (ACTO-2026-00290559-PER-ASLE#SGO), firmado por el asesor letrado Pablo Joaquín Majul. Estos son sus argumentos, sus fuentes y sus puntos débiles.

Qué sancionó el Concejo

La ordenanza obliga al Ejecutivo a transferir $30 millones por mes durante 2027, dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes vencido. El 98% es para la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino y el 2% para la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Socorro. Además, fija plazos para el control de las rendiciones y autoriza al Ejecutivo a "efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias".

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Esa última frase es el centro de la objeción.

Primera razón: un gasto sin recurso

Para la Asesoría, el vicio más grave es que la norma crea un gasto "cierto, líquido y exigible" sin decir de dónde saldrá la plata. El dictamen enumera las normas que, a su criterio, se violan:

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- el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que exige un "estricto equilibrio fiscal";

- el artículo 124 de la LOM, que prohíbe al Concejo autorizar gastos no financiados;

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- el artículo 228 del Reglamento de Contabilidad, según el cual el Concejo "carece de facultades para autorizar gastos con imputación a Rentas Generales";

- el artículo 192, inciso 5, de la Constitución bonaerense: toda ordenanza que autorice gastos no previstos "deberá establecer los recursos con que han de ser cubiertos".

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Según el dictamen, la cláusula que habilita al Ejecutivo a hacer las adecuaciones le traslada al intendente la tarea de conseguir el dinero o sacarlo de otras áreas. También le falta el informe previo que exige el artículo 187 de la LOM.

Segunda razón: quién tiene la iniciativa

El segundo eje es institucional. Proyectar el presupuesto y modificarlo es facultad del Ejecutivo. El Concejo aprueba o rechaza, pero no puede aumentar el monto total. Para respaldarlo, el dictamen cita un fallo de la Suprema Corte bonaerense en la causa "Intendente Municipal de Coronel Rosales c/Concejo Deliberante" (2011) y un pronunciamiento de la Asesoría General de Gobierno.

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El documento subraya además lo que llama la "naturaleza híbrida" de la ordenanza. No modifica el presupuesto vigente de 2026, pero fija un gasto para el presupuesto 2027, que todavía no fue tratado en el recinto.

El antecedente de 1990

La Asesoría trae un antecedente provincial. En 1990, el gobernador Antonio Cafiero vetó el artículo 33 de la Ley 10.917 de Bomberos Voluntarios, que asignaba una partida anual fija a las asociaciones y fijaba porcentajes de reparto. El fundamento de ese veto fue la facultad exclusiva del Ejecutivo para impulsar nuevos gastos. La Legislatura lo aceptó en febrero de 1991. Para el dictamen, ese caso "ratifica plenamente" que el órgano legislativo no puede imponer partidas por su cuenta.

Tercera razón: la administración

El dictamen objeta también tres artículos operativos:

- el 6, porque al fijar fechas de pago interfiere con la programación financiera y el flujo de caja de la Tesorería;

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- el 8, porque fija plazos y procedimientos internos de revisión de rendiciones, una facultad reglamentaria del intendente;

- el 9, porque pretende autorizar convenios que el Ejecutivo no proyectó ni negoció.

La advertencia a los concejales

El tramo más delicado apunta a quienes votaron la norma. Con base en el artículo 124 de la LOM, el dictamen advierte que los concejales que la aprobaron y las autoridades que la ejecuten podrían ser "solidariamente responsables" de la inversión. El Tribunal de Cuentas de la Provincia podría formularles cargos.

Lo que el Concejo sí podía hacer

El dictamen señala una alternativa. El Concejo administra sus propias partidas, con un tope del 2% del presupuesto total de gastos del Municipio. Dentro de ese límite podría haber destinado fondos a los bomberos sin tocar los recursos de la administración central. Para la Asesoría, esa vía "hubiere resultado jurídicamente idónea".

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Por qué veto total

La Asesoría descartó la vía parcial: un veto parcial produciría "una norma mutilada" y no desactivaría los riesgos. Es el mismo criterio que, según el documento, se aplicó en el Dictamen Nº 58/26 ante otra ordenanza del Concejo. Ese dato sugiere que no es el primer choque de este tipo en el año.

Lo que viene

El decreto de veto ya está en el Concejo Deliberante. Para que la ordenanza quede firme, el cuerpo debe insistir en su sanción con el voto de los dos tercios del total de sus miembros, según el artículo 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Si no reúne esa mayoría, el veto queda firme y el fondo no se crea.

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