Reforma electoral
El Senado tiene dictamen con ficha limpia, afiliación digital y suspensión de las PASO en 2027
La comisión de Asuntos Constitucionales firmó este miércoles el texto del proyecto del Poder Ejecutivo. Además de incorporar la inelegibilidad por condena confirmada en segunda instancia, el dictamen blinda la Boleta Única de Papel, regula el escrutinio, crea un debate presidencial obligatorio en se

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación firmó el 18 de noviembre de 2026 el dictamen sobre el proyecto de ley de reforma electoral integral enviado por el Poder Ejecutivo (expediente PE-102/26, Mensaje 110/26). El texto, de 25 artículos, aconseja la aprobación del proyecto y, según establece el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, pasa directamente al orden del día. Tres senadores firmaron en disidencia: Espínola, Vigo y Parada.
La iniciativa se ordena en tres capítulos: uno de disposiciones permanentes, que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y otras leyes; otro de disposiciones transitorias, que rigen exclusivamente para el proceso electoral de 2027; y uno de disposiciones finales.
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Ficha limpia: qué dice el texto
El punto de mayor repercusión política es la nueva redacción del artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298). El inciso h) establece que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios, las personas condenadas por delito doloso.
La causal se aplica únicamente cuando la condena haya sido confirmada en segunda instancia o en instancia de revisión, con sentencia dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, y siempre que se haya confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque se modifique la pena. Si la condena confirmada se dicta a partir del 1° de enero del año en que se realizan las elecciones, la inelegibilidad tiene efecto recién desde la finalización de ese proceso electoral.
La inhabilidad rige desde la fecha de la sentencia confirmatoria hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena. El mismo artículo 33 mantiene otras causales, como la de los excluidos del padrón electoral, los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad llamados a prestar servicios, los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial y del Ministerio Público, los directivos o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o de juegos de azar, y quienes tengan auto de procesamiento o condena por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
El artículo 4 incorpora un artículo 33 bis que dispone que la causal opera de pleno derecho. La Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de Ficha Limpia con las sentencias de segunda instancia confirmatorias y los datos de las personas alcanzadas. Los tribunales deberán notificar a la Cámara en un plazo de 24 horas desde la notificación de la sentencia, y los recursos ordinarios o extraordinarios, o las quejas, no suspenderán la vigencia de la inelegibilidad. Además, el juez federal con competencia electoral deberá controlar de oficio que los candidatos no figuren en el Registro y, en ese caso, rechazar la oficialización de la candidatura. En las primarias, el mismo control corresponde a la junta electoral de cada agrupación.
Los partidos y alianzas deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes el Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia y una declaración jurada individual de no estar comprendidos en ninguna inhabilidad. Los partidos no podrán registrar candidatos en violación de estas reglas. Por el artículo 3, los tribunales que dicten condenas confirmatorias encuadradas en el inciso h) deberán comunicarlas de forma electrónica e inmediata a la Cámara Nacional Electoral y al Registro Nacional de Reincidencia.
El artículo 5 extiende el alcance a la función pública: las personas inelegibles por el inciso h) no podrán ser designadas Jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad, ni directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase, ni funciones equivalentes.
Afiliación digital
El artículo 1 sustituye el artículo 23 de la Ley 23.298. Para afiliarse a un partido se requerirá ser elector hábil del subregistro electoral del distrito, comprobar la identidad con el Documento Nacional de Identidad o mediante factores de autenticación biométrica, y expresar la voluntad de afiliarse mediante la suscripción de una ficha en papel o por medios electrónicos, conforme a la reglamentación y bajo la órbita y administración de la Justicia Electoral. Las fichas en papel serán suministradas sin cargo por la Vicejefatura de Gabinete del Interior a los partidos reconocidos o en formación que las requieran.
Boleta Única de Papel y escrutinio
El artículo 6 reemplaza el artículo 62 bis del Código Electoral Nacional, que define el contenido de la Boleta Única de Papel y de los afiches de candidatos. La boleta incluirá todas las categorías en elección, divididas en franjas horizontales por categoría y columnas verticales por agrupación política. Cada columna identificará el nombre de la agrupación, su sigla, logotipo o emblema y número, la categoría de cargos, y las candidaturas: nombre, apellido y fotografía color de ambos candidatos en la fórmula presidencial; nombre, apellido y fotografía color de los titulares en la lista de senadores; y, para diputados, al menos los nombres de los cinco primeros candidatos y la fotografía color de los dos primeros titulares. Habrá un casillero en blanco por cada tramo de cargo electivo y otro para votar con una única marca por todas las candidaturas de una misma columna. Si una agrupación no participa en una categoría, figurará la leyenda “No presenta candidato”.
El artículo 11 sustituye el artículo 101 y detalla el procedimiento de escrutinio de mesa. El presidente de mesa, auxiliado por los suplentes y ante los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, cuenta las personas que votaron, abre la urna, confronta la cantidad de boletas con los sufragantes consignados en el padrón, verifica que cada boleta esté rubricada y lee en voz alta el voto de cada opción electoral. Los fiscales podrán observar el contenido de la boleta leída, sin tomar contacto físico, con el objeto de recurrir el voto.
El texto clasifica los votos. Son válidos los afirmativos por una o más categorías, los votos en blanco cuando no se marca preferencia en una o más categorías, y los emitidos por lista completa, que se computan para la agrupación que haya oficializado candidaturas en esa columna. Si el elector marca lista completa y además un casillero de la misma agrupación en alguna categoría, el voto es válido. Son nulos, entre otros, el emitido con boleta no oficializada, el que contiene dos o más marcas de distintas agrupaciones para la misma categoría (con nulidad limitada a esa categoría), y los casos de rotura, inscripciones o leyendas que impidan establecer la opción elegida. La iniciativa también regula los votos recurridos e impugnados, y fija que las tareas de escrutinio de mesa no podrán comenzar, bajo ningún pretexto, antes de las 18 horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.
El artículo 15 modifica el artículo 3 de la Ley 15.262 para los casos de simultaneidad de elecciones provinciales o municipales con las nacionales: la oficialización de los modelos de boleta y su distribución general estarán a cargo del juez federal con competencia electoral o de la Junta Electoral Nacional, y las categorías provinciales y municipales podrán incorporarse a la misma boleta. El artículo 14 establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que quieran acogerse al régimen deberán comunicarlo al Poder Ejecutivo con una antelación no menor a 90 días de la fecha de la elección nacional.
Campaña, medios y debate presidencial
El artículo 7 fija en el 2,5% del tiempo total de programación el espacio que los servicios de comunicación y de televisión por suscripción están obligados a ceder en forma gratuita para fines electorales (artículo 43 quater de la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos). El artículo 8 sustituye el artículo 64 ter del Código Electoral: la emisión y publicación de avisos en medios televisivos y radiales para promover la captación del sufragio, y la publicidad alusiva a los partidos y sus acciones, no queda incluida en el artículo 64 bis y podrá realizarse incluso fuera del plazo previsto en su último párrafo. La regla se extiende a medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija, y publicidad estática en espectáculos públicos.
Los artículos 9 y 10 renombran el capítulo correspondiente del Código como “De la campaña electoral y el debate presidencial” y crean un debate obligatorio en segunda vuelta. La Cámara Nacional Electoral organizará debates preelectorales públicos entre los candidatos a presidente que alcancen el balotaje, dentro de los diez días anteriores a la elección. Convocará a los participantes dentro de los cinco días hábiles posteriores a la comunicación del escrutinio definitivo y, con asesoramiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil, fijará en una audiencia el reglamento, los moderadores y los temas; a falta de acuerdo, decide la Cámara. Por el artículo 16 se derogan los artículos 64 sexies a 64 duodecies y los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional.
Parlamentarios del MERCOSUR
Los artículos 12 y 13 modifican la Ley 27.120. Hasta que el Consejo del Mercado Común establezca el “Día del MERCOSUR Ciudadano”, con elección simultánea directa, los parlamentarios del MERCOSUR serán designados entre los legisladores del Congreso. Las 19 vacantes reservadas a representantes de la ciudadanía argentina se cubrirán con 12 diputados nacionales y 7 senadores nacionales, en proporción a la representación política de cada Cámara. Las 24 vacantes por distrito regional se cubrirán con legisladores de los poderes legislativos provinciales. En ambos casos, no percibirán otra remuneración que la de su cargo legislativo, y el Congreso y cada legislatura se harán cargo de los viáticos. Mientras tanto, la categoría de parlamentarios del MERCOSUR no podrá computarse como categoría autónoma a los efectos del Código Electoral, de la Ley 26.215 u otras normas. Los designados asumirán al finalizar el mandato de quienes están actualmente en funciones.
El capítulo transitorio: las reglas de 2027
El Capítulo II reúne las disposiciones que, según el artículo 23, rigen exclusivamente para el proceso electoral de 2027, prevalecen sobre las normas electorales que se les opongan durante su vigencia y caducan de pleno derecho al finalizar ese proceso.
La medida más resonante es el artículo 17, que suspende durante 2027 las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en la Ley 26.571 y todas las obligaciones de la legislación vigente referidas a su organización y realización. En consecuencia, el artículo 20 dispone que la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se llevará a cabo de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos y, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral, con sujeción a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y al Código Electoral Nacional.
Para ordenar el calendario, el artículo 18 establece que los plazos del Código Electoral, de la Ley 23.298 y de las demás normas electorales se contarán a partir de los diez días antes de la fecha de la elección general, con una excepción para el plazo del artículo 10 de la Ley 23.298, que se contará desde la elección general. La Cámara Nacional Electoral publicará el cronograma correspondiente. El artículo 19 fija que el sorteo previsto en la audiencia del artículo 38 de la Ley 26.571 se realizará dentro de los dos días siguientes a la oficialización de listas.
El artículo 21 aplica en 2027 una redacción específica del artículo 60 bis del Código Electoral sobre requisitos de las listas. Las de senadores y diputados nacionales deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer titular hasta el último suplente. Cada agrupación presentará una sola lista por categoría, sin coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran, y cada candidato podrá serlo por una sola agrupación y para una sola categoría. Junto con el pedido de oficialización se presentarán los datos de filiación completos, el último domicilio electoral y una declaración jurada de no estar comprendido en inhabilidades. Los candidatos podrán figurar con el nombre o apodo por el que son conocidos, a criterio del juez, siempre que la variación no sea excesiva ni dé lugar a confusión. No se oficializará ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
El artículo 22 establece para 2027 el texto del artículo 62 bis sobre la Boleta Única, con el agregado de que cada columna incluirá el color de la agrupación política junto con su sigla, logotipo y número





















