El Gobierno presentará un proyecto para “generar controles” sobre Gils Carbó

Germán Garavano contó que la semana pasada almorzó con la procuradora y señaló que le pidió que “dé un paso al costado, pero está firme en seguir en su posición”, al frente del Ministerio Público Fiscal, por lo que el Ejecutivo buscará limitar su campo de acción.

Buenos Aires, (NA) - El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó ayer que en marzo el Gobierno presentará un proyecto de ley para “generar controles” sobre el Ministerio Público Fiscal, en medio de las tensiones con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Garavano contó que la semana pasada almorzó con Gils Carbó y señaló que le pidió que “dé un paso al costado, pero está firme en seguir en su posición”, al frente del Ministerio Público Fiscal, por lo que el Ejecutivo buscará limitar su campo de acción.

“Le adelantamos que en marzo vamos a presentar un proyecto de ley para equilibrar y generar controles sobre el ministerio Público Fiscal, que se transformó en una especie de monstruo dentro del sistema de Justicia”, sostuvo el ministro en declaraciones radiales.

La presentación de esa iniciativa cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso se debe, según Garavano, a que en los últimos años “hubo enorme acumulación de poder de la procuradora”. Si bien el ministro no dio detalles del proyecto, indicó que habló con “dirigentes de la oposición para que empiece a funcionar rápidamente la comisión de seguimiento de control del Ministerio Público para que se generen mecanismos de contrapeso”.

Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente Mauricio Macri expresó su voluntad de que Gils Carbó, que fue nombrada procuradora a instancias de Cristina Kirchner y con acuerdo del Senado, se aparte de su cargo.

Esa intención fue ratificada varias veces por Garavano, que al igual que el presidente le achacan a la procuradora un rol “militante” como parte de la agrupación Justicia Legítima, identificada con el kirchnerismo.

Sin embargo, la funcionaria permanece al frente del Ministerio Público dado que quien ocupa ese cargo no puede ser removido de no mediar un juicio político por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones.

Ese trámite requiere, según los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, una mayoría de dos tercios en cada una de las Cámara del Congreso para avanzar, número al que el oficialismo no puede llegar.