El fiscal Mastorchio detalló los argumentos para solicitar la pena de 10 años para un padre condenado por abusar de su hijo
En la audiencia de cesura del juicio por jurados, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso las circunstancias de desamparo de la víctima, el daño psíquico persistente y rechazó los atenuantes solicitados por la defensa.
En la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Pergamino se llevó a cabo la audiencia de cesura en el proceso penal contra un hombre declarado culpable de manera unánime por un jurado popular. El debate se centró en la determinación del monto de la pena que deberá imponer el juez técnico, el Dr. Guillermo Burrone, tras el veredicto de culpabilidad emitido por los doce ciudadanos bajo la figura de abuso sexual agravado por la calidad de progenitor.
El fiscal a cargo del caso, Nelson Mastorchio, fundamentó su solicitud para que se aplique la pena máxima prevista para este delito, que asciende a 10 años de prisión, en una escala que parte desde los 3 años de mínimo. En sus declaraciones posteriores, Mastorchio repasó pormenorizadamente los fundamentos de su acusación y las respuestas dadas a los planteos de la defensa y del particular damnificado.
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Los agravantes expuestos por la Fiscalía
El fiscal Mastorchio explicó los factores que motivaron el pedido de la pena máxima de 10 años de prisión para el condenado. El fiscal enfatizó el quiebre de confianza intrafamiliar y la severidad del abuso perpetrado contra el menor de edad:
"Nosotros pedimos el máximo porque, bueno, consideramos un montón de agravantes, entre ellos la confianza del Padre hacia el hijo, las circunstancias que fueron del hecho, que fueron aberrantes, asquerosas".
Asimismo, el fiscal precisó las circunstancias específicas de desamparo en las que se encontraba la víctima al momento del suceso, ocurridas en la vivienda familiar:
"Cuando fue el hecho al menor le faltaban pocos días para cumplir 4 años de edad, no pudo defenderse, estaban los dos solos en esa habitación. El menor no pudo pedir ayuda a nadie".
El daño persistente en la víctima
Otro de los pilares del requerimiento fiscal fue el severo impacto psicológico y fisiológico que sufre el niño en la actualidad, habiendo transcurrido tres años desde los sucesos investigados:
"El menor tiene 7 años y a raíz de eso todavía sigue con pesadillas, con autoelesiones".
Rechazo a los atenuantes propuestos por la defensa
Durante la audiencia, la defensora del imputado, la Dra. Tolosa, propuso la aplicación del mínimo legal de 3 años de prisión, alegando la ausencia de antecedentes penales del condenado y su buen comportamiento en la unidad carcelaria de Junín durante su prisión preventiva.
El fiscal Mastorchio desestimó ambos puntos como atenuantes válidos para reducir el monto de la pena. Respecto a la falta de antecedentes penales previos, sostuvo:
"Para la ley todos somos inocentes, por lo tanto eso tiene que ser... no tiene que ser un premio, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser algo que debe ser así".
En relación con el comportamiento demostrado por el acusado en prisión, Mastorchio hizo alusión directa a los resultados de las pericias oficiales realizadas dentro del establecimiento de detención: "...todavía seguía negando la cuestión de ser el autor del hecho, es decir, no internalizó, la culpa la fija en otro en otro lugar".
El nivel sociocultural como exigencia de conducta
Por otra parte, la defensa argumentó que la condición sociocultural del acusado, su nivel de instrucción terciaria y el sostén de una familia acomodada debían ser ponderados favorablemente [2]. La fiscalía rebatió esta postura de manera categórica, interpretándola como una circunstancia que eleva la responsabilidad civil y moral del imputado frente a la norma legal:
"Si tenía esas posibilidades, si tuvo las posibilidades de acceder a un estudio terciario o universitario o a un nivel cultural mayor al que ellos consideran de otras personas, una familia acomodada económicamente... eso tendría que haber operado en su mente para no cometer ese tipo de delitos".
Posturas de las partes y fecha de sentencia
Las solicitudes formuladas en la audiencia de cesura arrojaron tres propuestas diferenciadas:
Fiscalía (Fiscal Nelson Mastorchio): Solicitó el máximo de 10 años de prisión.
Particular Damnificado (Abogado Maximiliano Brajer): Solicitó la pena de 9 años y 6 meses de prisión.
Defensa (abogada Georgina Tolosa): Solicitó el mínimo legal de 3 años de prisión.
La resolución judicial definitiva, que fijará la pena definitiva y sus correspondientes fundamentos técnico-jurídicos, será dada a conocer por el juez Guillermo Burrone el próximo miércoles 2 de septiembre en horas del mediodía El juez se encuentra actualmente en proceso de deliberación para redactar el fallo en base a los argumentos provistos por las partes.