Crisis yerbatera: del tractorazo a Milei en Iguazú al precio sostén que debate Misiones, radiografía de un sector asfixiado
Producir un kilo de hoja verde cuesta más de $400 y la industria paga cerca de $250. Los productores llevaron el reclamo hasta el Presidente.
La cadena de la yerba mate atraviesa una de sus crisis más profundas. Los productores misioneros reciben por la hoja verde entre 180 y 260 pesos por kilo, cuando el costo de producción calculado por el propio INYM supera los 400. La brecha, agravada tras la desregulación del sector, empuja al abandono de chacras y a la migración de trabajadores.
El conflicto lleva más de dos años de escalada y atraviesa a unas 50.000 familias vinculadas a la cadena yerbatera, una de las economías regionales más importantes del país y motor de pueblos enteros del NEA. En los últimos días sumó dos capítulos decisivos: un "tractorazo" que recibió a Javier Milei en su primera visita a Misiones como presidente, y el ingreso a la Legislatura provincial de un proyecto para fijar un precio mínimo sostén propio ante el retiro de la Nación de la regulación del mercado.
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El origen: la desregulación del INYM
El trasfondo del conflicto está directamente vinculado al DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. El organismo, que históricamente funcionaba como regulador y árbitro entre los eslabones de la cadena, dejó de decidir cuánto se paga por la materia prima: el precio pasó a definirse directamente entre productores e industria. El Decreto 812/2025 profundizó luego esa limitación, al impedir intervenciones que afecten la libre formación de precios.
Los productores denuncian que, sin referencia oficial, el negocio quedó en manos de los grandes compradores. Los números ilustran el deterioro: en 2023 la hoja verde se pagaba alrededor de 420 pesos por kilo; hoy las ofertas oscilan entre 180 y 260 pesos según la zona y el momento, con pagos que muchas veces se documentan con cheques a 30, 60 o 90 días. El último cálculo de costos difundido por el INYM ubicó el punto de equilibrio en torno a los 411 pesos por kilo, y referentes del sector sostienen que el valor debería rondar los 450 o 500 pesos para cubrir costos con una rentabilidad mínima.
Chacras abandonadas y éxodo a Brasil
Las consecuencias ya se ven en el territorio. En distintas zonas de Misiones se registran chacras abandonadas o en venta, y los productores advierten que, sin recomposición de precios, 2026 podría cerrar con una nueva caída productiva. La descapitalización desalienta además la inversión y las tareas básicas de mantenimiento de los yerbales.
El impacto social tiene otra cara dramática: la migración laboral. Según referentes del sector citados por Infobae, más de 10.000 trabajadores rurales cruzaron a Brasil en busca de mejores condiciones, y solo unos 2.000 habrían regresado. "No tenés para pagar 25.000 o 30.000 pesos por día a un peón. La mano de obra se va a Brasil", describió el productor Miguel Ozeñuk.
La paradoja que señalan los yerbateros es que la desregulación no se tradujo en beneficios para el consumidor: mientras el precio de la materia prima se desplomó, el paquete de yerba subió en las góndolas. A la vez, las exportaciones crecieron año a año, pero el consumo interno cayó, en línea con el deterioro del poder adquisitivo.
Rutas cortadas y una zafra en tensión
La protesta se hizo método a lo largo del conflicto. En febrero, productores advirtieron que cobraban menos de 200 pesos por kilo y amenazaron con un paro provincial que comprometía el inicio de la zafra. En abril, volvieron a cortar la ruta nacional 14 a la altura de Dos de Mayo en plena zafra gruesa, y en episodios anteriores llegaron a quemar producción a la vera del camino e instar a sus pares a no entregar materia prima a los secaderos. El Ministerio del Agro provincial convocó mesas de trabajo con industrias, cooperativas y secaderos para acercar posiciones, hasta ahora sin una solución de fondo.
El tractorazo a Milei en Iguazú
El punto más alto de la protesta llegó el viernes pasado, cuando la primera visita de Javier Milei a Misiones desde que asumió la Presidencia fue recibida con un "tractorazo yerbatero" en Puerto Iguazú. Una caravana de tractores —muchos trasladados sobre camiones por la imposibilidad de recorrer largas distancias—, camionetas y colectivos partió desde distintos puntos de la provincia, entre ellos Comandante Andresito, Jardín América, San Pedro, Apóstoles, Oberá y Aristóbulo del Valle, y cortó momentáneamente la ruta nacional 12 en el cruce con el acceso a las Cataratas, mientras el Presidente cerraba en un hotel cercano la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Solo desde Andresito llegaron 186 personas, según Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte. El reclamo tuvo una síntesis aritmética que se volvió consigna: "Hoy necesitamos 31 kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil", graficó el productor Jonas Peterson, quien ubicó esa relación en uno a uno al inicio de la actual gestión. Cinco asociaciones del sector firmaron además una carta dirigida al Presidente que pide devolverle al INYM la potestad de fijar precios.
La respuesta oficial llegó el mismo día y fue un portazo: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, descartó la fijación de un precio mínimo para la yerba. Milei, por su parte, ratificó el rumbo económico sin recibir a los productores.
La respuesta provincial: un precio sostén con fuerza de ley
Ante el vacío nacional, y con la negativa oficial ya explícita, la política misionera empezó a moverse. El miércoles ingresó formalmente a la Cámara de Representantes un proyecto de ley —presentado por la diputada Arabela Soler, del bloque Movimiento por lo que Viene, y elaborado junto a asociaciones de productores durante más de un año— que declararía por 360 días la emergencia de la producción primaria yerbatera y facultaría al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La protección se concentraría en los productores de hasta 50 hectáreas, la enorme mayoría de las explotaciones misioneras. Ningún secadero o industria podría comprar por debajo del valor fijado —aunque sí acordar precios superiores—, y el precio debería incorporar costos de producción, salarios rurales, obligaciones impositivas y un margen de rentabilidad, con actualizaciones como máximo cada 90 días. El proyecto prevé además facultades de inspección, mecanismos de trazabilidad y sanciones para quienes compren por debajo del mínimo. "La idea es dotar al Ejecutivo provincial de herramientas para que el pequeño productor tenga capacidad de negociar con los grandes", sintetizó Soler.
La iniciativa, que recibió respaldo del gobernador Hugo Passalacqua en una reunión con los productores a fines de julio, ahora será girada a comisión. Su ingreso deja planteada una definición de fondo que excede a la yerba: si la Nación decidió retirarse de la regulación de este mercado —y acaba de ratificar que no piensa volver—, Misiones empieza a discutir cómo ocupar ese vacío con herramientas propias. De la respuesta dependerá el futuro de miles de chacras y de una infusión que es, además de economía, identidad argentina.