Ciberdelito: en la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias por fraude digital pasaron de 38 a más de 2400 en cinco años
Más de cuatro de cada diez usuarios dicen haber sufrido un fraude o un hackeo. En la Ciudad, las pérdidas denunciadas en 2024 y 2025 superan los $24.000 millones, y WhatsApp es el principal canal de los ataques.
El fraude digital se consolidó como una de las modalidades delictivas de mayor crecimiento en la Argentina. Las denuncias por ciberfraudes ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires pasaron de 38 en 2020 a más de 2400 el año pasado, y en el primer semestre de este año ya sumaban cerca de 1300.
El promedio supera las 200 presentaciones mensuales y confirma una tendencia que no se detuvo desde la pandemia. Las pérdidas económicas denunciadas en 2024 y 2025 superan los 24.000 millones de pesos.
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La dimensión del problema
Los relevamientos privados dibujan un panorama todavía más amplio que el de las denuncias formales, que representan apenas una fracción de los casos.
Según el informe anual de CertiSur y D’Alessio IROL, realizado sobre 500 adultos, el 43 % de los usuarios de internet del país fue víctima de un fraude o hackeo digital durante 2025 y los primeros meses de 2026. Una encuesta del Instituto de Seguridad y Criminología de Insight 21, de la Universidad Siglo 21, ubica en el 24,9 % —uno de cada cuatro— la proporción de argentinos que ya fue víctima de algún ciberdelito.
A nivel de organizaciones, las cifras son de otra escala. Según Check Point Research, en mayo de este año la Argentina registró un promedio de 2470 ciberataques semanales por organización, un 9 % más que un año antes, aunque por debajo de Colombia, Brasil, México y del promedio latinoamericano. FortiGuard Labs, de Fortinet, contabilizó en 2025 más de 5700 millones de intentos de ciberataque y 2000 millones de escaneos activos sobre objetivos del país.
En el plano oficial, el Sistema Nacional de Información Criminal registró en 2025 un total de 50.155 estafas y defraudaciones asistidas virtualmente en todo el país, un 2,5 % más que el año anterior.
Las modalidades más frecuentes
El mapa de los fraudes tiene un orden claro. Según la encuesta de Insight 21, el fraude y la estafa digital encabezan con el 41 % de los casos, seguidos por la suplantación de identidad con el 29 % y el robo de información personal o financiera con el 14,5 %.
Entre las maniobras que releva la fiscalía porteña figuran el robo de cuentas de WhatsApp, los fraudes en billeteras virtuales, la sustracción de datos de tarjetas de crédito y débito, las falsas promociones de venta por internet y las estafas vinculadas a criptomonedas.
El phishing —el robo de credenciales mediante correos, mensajes o enlaces que imitan comunicaciones legítimas— atraviesa a casi todas las modalidades. A eso se suma la creación de sitios clonados que replican tiendas oficiales, una práctica que se intensifica durante las jornadas de compras masivas en línea.
Las billeteras virtuales, con más de 25 millones de usuarios en el país, se convirtieron en un blanco frecuente.
El dato que explica la persistencia
Hay un hallazgo de los estudios que resulta más revelador que el nivel de victimización: la distancia entre lo que las personas dicen saber y lo que efectivamente hacen.
Aunque el 75,3 % de los encuestados por Insight 21 afirma adoptar alguna práctica de ciberseguridad, el 43,8 % de quienes recibieron un pedido de datos personales por canales digitales los entregó de manera total o parcial.
El mismo estudio registra que el 58 % de quienes sufrieron un ataque efectivo modificó después sus prácticas digitales, y que el 90 % de quienes fueron víctimas más de una vez aplica medidas de protección, frente al 71,2 % de quienes nunca fueron atacados. Es decir: la información ya circula, pero no alcanza para cerrar la distancia entre lo que se sabe y lo que se hace.
El impacto no es solo económico
Un aspecto que suele quedar fuera de las estadísticas es el efecto sobre las personas. El perjuicio material —el robo de dinero o de datos de tarjetas— convive con un impacto emocional que los estudios describen en términos de impotencia, vulnerabilidad e indignación.
El temor a perder la identidad digital aparece como una preocupación creciente, en un contexto donde buena parte de la vida cotidiana —el trabajo, los pagos, los trámites, los vínculos— pasa por canales que pueden ser vulnerados.
La respuesta institucional
La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes del Ministerio Público Fiscal porteño implementó un protocolo de actuación rápida que incluye alertas tempranas y el congelamiento de cuentas sospechosas por hasta 60 días. Se aplica cuando la denuncia se hace dentro de las 24 horas, el monto es de al menos 3 millones de pesos y la víctima o la cuenta de origen están radicadas en la Ciudad. Por esa vía se recuperaron o revirtieron operaciones por más de 322 millones de pesos.
En el ámbito nacional funciona la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que recibe reportes y asiste a las fiscalías en las investigaciones sobre estas modalidades.
El sector público también resultó alcanzado. A fines de marzo de este año, el grupo Chronus Team se atribuyó un ataque con más de 28 filtraciones de datos de organismos públicos nacionales y provinciales. Solo algunas fueron confirmadas: IOMA reconoció la filtración de padrones de afiliados, aunque sostuvo que no se vulneraron datos sensibles, y el Gobierno de Salta informó una afectación en servidores de almacenamiento de la Policía provincial.
Qué recomiendan los especialistas
Las recomendaciones básicas se repiten en todos los informes y conviene tenerlas presentes, sobre todo en períodos de alta actividad comercial en línea.
Desconfiar de las ofertas que llegan por mensajes no solicitados. Verificar la dirección web antes de ingresar datos, especialmente en tiendas que imitan marcas conocidas. No compartir códigos de verificación con nadie, ni siquiera con quienes dicen llamar desde un banco o un organismo. Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y en las aplicaciones financieras. Y ante un pedido urgente de dinero de un contacto conocido, confirmar por otra vía antes de transferir.
Hay un criterio general que ordena todas esas medidas: ninguna entidad legítima solicita claves, códigos ni datos completos de tarjetas por mensaje, correo o llamada telefónica.