¿A quién representan los que dicen representar?

La representación gremial, que alguna vez fue una herramienta de defensa para los trabajadores, parece haber quedado atrapada en el espejo retrovisor. Cada vez más alejada de las verdaderas demandas del empleado común, hoy muchas estructuras sindicales se enfocan en defender privilegios y construir relatos políticos, antes que en proteger derechos concretos. En lugar de representar a los trabajadores, terminan representándose a sí mismos.

Esta semana, La Opinión publicó un fallo judicial firme, de segunda instancia, emitido por la justicia de San Nicolás, que le dio la razón a la Municipalidad de Pergamino frente a un caso de doble percepción salarial. Lo que debería haber sido un dato objetivo —un pronunciamiento de la justicia— fue respondido por la seccional local de ATE con una nota de “derecho a réplica” cargada de acusaciones políticas y ninguna aclaración sustancial sobre el fondo del asunto.

En lugar de debatir con argumentos, el sindicato recurrió a un viejo recurso: la victimización. Según su visión, publicar un fallo judicial es parte de una “operación mediática”. Una interpretación insólita, sobre todo cuando lo único que hizo este medio fue cumplir con su deber informativo.

Esta reacción forma parte de una conducta cada vez más habitual en ciertos gremios: negar la realidad, mezclar justicia con ideología, y responder con consignas en lugar de hechos. Es la lógica de la patota sindical, la misma que durante años se usó para silenciar, condicionar y evitar rendiciones de cuentas.

No es un dato menor que ATE se ufane de haber realizado 15 paros en el año 2023, paralizando servicios y generando la suspensión de dos sesiones del Concejo Deliberante. No es un logro. Es una demostración de fuerza que terminó afectando no a los poderosos, sino a los vecinos.

La representación sindical no puede transformarse en una herramienta para defender intereses particulares o imponer agendas internas. Cuando un gremio elige responder a una noticia judicial con una operación política, cuando se esconde detrás del derecho a réplica para evitar el debate de fondo, lo que hace no es proteger a los trabajadores, sino desgastar su propia legitimidad.

La Opinión va a seguir haciendo periodismo. Publicar fallos judiciales no es persecución. Señalar contradicciones no es operar. Y preguntar a quién representan los que dicen representar, tampoco.