Una variante grave del “capitalismo de amigos”

Cuando se habla de “capitalismo de amigos”, la referencia pareciera asociada sólo a adjudicar licitaciones de obras a empresarios cercanos, aceptar sobreprecios y lograr los dichosos “retornos”. Sin embargo es mucho más que eso: es aprovechar toda coyuntura que se genere para beneficiar a determinadas empresas desde las estructuras del Estado. 

Es, además, una de las formas más conocidas de corrupción y permite crecimientos meteóricos de algunos empresarios, en breve tiempo y con gran expansión y el sector político recibe de parte de los “beneficiados” apoyo en dinero o en otro modo, como veremos en un caso concreto.

Durante los últimos años del kirchnerismo en el poder, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) hizo la vista gorda con Oil Combustibles, la petrolera con que Cristóbal López (santacruceño a quién conocimos primero como zar del juego), mientras acumulaba una deuda fiscal por 8.000 millones de pesos. Tan grande y planificada fue la patraña y contó con total connivencia que la firma petrolera estaba registrada no como Gran Contribuyente (que es lo que es) reportando a la central de Afip sino que reportaba en pequeña agencia ubicada en el barrio porteño de Palermo, en iguales condiciones que el kiosco de la esquina.

Para no dejar la tarea a medias, ya en pleno proceso electoral, la Afip le otorgó un plan de pagos por más de 4.000 millones de pesos a la firma Oil Combustibles. De modo que ante un eventual cambio de gobierno, que finalmente se produjo, dejaban a López y su grupo “cubiertos” de posibles embates por su deuda.

Ese último plan de pagos se sumó a por lo menos otros tres planes que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, le había concedido antes a Oil Combustibles, por otros 3.400 millones de pesos, antes de dejar la titularidad de Afip. 

López recurrió a un artículo de la normativa económica a la que apelan las empresas en conflicto para conseguir tratos fiscales: se trata del artículo 32 (que existe en nuestra legislación desde la época del “fraude patriótico”, gobierno conservador). Esto permite acceder a un plan cuyas características y otorgamiento dependían de la voluntad exclusiva y discrecional del propio jefe de la Afip. Pero se trata de empresas en crisis no en expansión, como veremos, porque es un mecanismo que en épocas de inflación termina por licuar las deudas una ventaja que López tuvo y tiene por sobre toda su competencia en el mercado.

Lo más repudiable de este comportamiento, tanto del directorio de Oil como de la Afip es que no se trata de un artilugio evasor más sino de un llano robo, al Estado y a los consumidores.  Estos 8.000 millones provienen del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, un gravamen que pagamos todos cada vez que echamos nafta o gas-oil al tanque y que las petroleras, que actúan como agente de retención, deben trasladar de inmediato al ente recaudador que es la Afip. Una práctica similar a la que se hace con Ingresos Brutos en nuestra provincia. Es decir que López no debía siquiera sacar estos fondos de su empresa.  

La deuda se conoce cuando López se divide de su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Souza, y el primero se queda con un sector de empresas entre las que está Oil Combustibles y los sitios de juego; mientras que el segundo se queda con los medios de comunicación del grupo, como la señal C5N, varias radios e inversiones en canales abiertos, comprados con ahora sabemos qué dineros.

En esto que hablamos del “capitalismo de amigos”, la expansión del Grupo Indalo a costa de retener indebidamente fondos de la Afip, iba de la mano de la compra o creación de medios de comunicación que apoyaban al gobierno kirchnerista. Una mano lava la otra.

Concretamente, la jugada de Oil Combustibles fue la de acumular deudas de corto plazo y obtener luego planes de pago de largo plazo. Pero esto, al igual que la inscripción en una agencia de barrio, solo es posible si hay una venia política que llega a la Afip, presumiblemente, con aval de la propia presidenta de la Nación. Ricardo Echegaray, el gran facilitador, no es más que un eslabón en la cadena. Es iluso pensar que por iniciativa propia amparó estas maniobras. Precisamente, pudieron hacerlas porque tenían la seguridad de que estaba “acordada” la salida de esta evasión agravada con planes que le darían para pagar. En términos de la calle, López y De Souza “trabajaron” la plata que no les pertenecía, ni siquiera les cabe el término evasión en este caso, ya que se trata de fondos de los ciudadanos que debían transferir al Estado. A los ciudadanos nos robaron doblemente.

Las nuevas autoridades de la Afip comunicaron a López y De Souza que ya no podrán continuar con la retención del impuesto a los combustibles y mantener sus pagos por la refinanciación de la deuda contraída, por lo que ahora afrontan una disyuntiva. Deberán revertir la dinámica de girarles millones a las otras empresas del Grupo para subsidiar sus operaciones o comprar nuevos activos porque cierto es que los medios de comunicación que López compró o creó para apoyar al kirchnerismo se subsidiaban con dineros de esta retención que hacía Oil Combustibles. Toda una ingeniería financiera, a costa del Estado, para apoyar al Gobierno y crecer exponencialmente como grupo.

Con la salida de Echegaray y el arribo de Abad a la Afip, comenzaron los problemas para el Grupo Indalo, porque ya no había acuerdos por debajo de la mesa, por eso desarman el grupo pero las sospechas igual se extienden porque se cree que el propietario de todas las empresas es López y De Souza (que fuera su empleado y ahora aparece como su socio) sería su testaferro y algunos hasta creen que puede serlo de los Kirchner también.

Así, tras años de figurar en una agencia del barrio de Palermo, Oil Combustibles quedó bajo la órbita de Grandes Contribuyentes Nacionales como siempre debió estar. En la práctica, ese pase implica que la petrolera quedará sujeta a controles más exhaustivos, intimaciones si incumple con el pago -que debe informar cuatro veces al mes mediante declaraciones juradas- y la potencial apertura de investigaciones administrativas y causas penales.

No hace falta, llegado este punto, explicar que la Afip como tantas instituciones del Estado fueron utilizadas en estos años que pasaron como parte de premios y castigos de parte del oficialismo. Para pagar tributos también había “amigos” y “enemigos”, a los primeros se les daban perdones, planes a largo plazo, y para los segundos había inspecciones, multas y persecuciones. 

Finalmente, la Afip radica una denuncia penal por presunta insolvencia fiscal fraudulenta y quedó en manos de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, que la girará ahora a la fiscalía para que evalúe los pasos a seguir y determine si impulsa la investigación y pide las primeras medidas de prueba.

El propio Mauricio Macri entró de lleno en la cuestión y dijo: “Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente 8.000 millones de pesos. Ese no era su dinero. El no puede quedarse con el dinero público para invertir” y advirtió que todo se pudo hacer gracias a la “pasividad” del anterior gobierno. Una explicación llana y concreta de lo sucedido.

Tanto el titular de la Afip, Alberto Abad, como el de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, apuntan al presunto “aprovechamiento abusivo” de los planes y facilidades que ofrece el organismo a las empresas y contribuyentes en problemas, pero que en el caso de López y De Souza utilizaron para financiar la expansión del Grupo Indalo porque temen además que ahora, como anunciaron la separación del grupo, cada sector el de López y el de De Souza, planteen que no tienen solvencia para pagar los planes pactados.

Evasión, robo, competencia desleal para con las otras petroleras y negligencia. ¿Será muy iluso pretender cárcel para los involucrados? Si no hay condena efectiva, por lo menos que haya condena en efectivo y restituyan de manera inmediata el dinero que no les pertenecía. Y que Echegaray quede inhibido de por vida para ejercer cargos públicos, y lo saquen en principio de la Auditoría General de la Nación.  

Alguna vez alguien tendrá que pagar algo en este país. Si el que hace no las paga, jamás podremos pretender regirnos por un orden natural y legal. Este caso es un verdadero escándalo en la Argentina y así debe asumirse porque si naturalizamos estos hechos de corrupción grave, no tendremos destino como país.