Tomar el "toro por las astas" para salvar la República

La globalización, profundizada en la post pandemia, genera la pérdida de protagonismo del Estado, a la vez que el surgimiento de otros actores, según analizan politólogos de toda laya.

Esto podríamos vincularlo con el socavamiento de la confianza del pueblo en sus dirigentes, quienes suelen hacer gala de una ineptitud difícil de concebir. A decir verdad, en la mayoría de los casos es más bien una ineficiencia perversa, puesto que saben perfectamente lo que es dable hacer para solucionar los problemas, pero por intereses creados y el mentado costo político, no lo hacen. A ello se suma una compulsión al clientelismo, el nepotismo y la demagogia, todos vicios de una dirigencia mediocre, especie de clase o casta que encuentra en el ejercicio del poder -y ante la carencia en muchos casos de todo otro recurso intelectual, técnico o cultural-, la manera de mantener un modo de vida distante de la del pueblo.

Esa distancia y carencia de confianza entre sociedad y dirigencia parece ya insalvable.

No resulta llamativo el hecho de que, ante tal cuadro, los ciudadanos en el ejercicio del "derecho a peticionar", manifiesten, reclamen, hagan oír sus voces en demanda de soluciones. 

El tema no pasa por negar tal derecho sino por interrogarse acerca de sus límites, su legalidad y su ejercicio, en tanto el mismo no conlleve a la violación de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos ajenos a la protesta.

Nadie en el país desconoce el hecho de que tales protestas, ya no aisladas y masivas como solían ser, sino profusas y minúsculas en su cantidad de participantes, ahora también sorprenden por la modalidad de su ejercicio, en particular el "piquete", que implica una manifestación popular, generada a instancias de partidos, organizaciones gremiales o sociales que surgidas en la década del '90 han perdurado en el tiempo a niveles inimaginables, al punto que en 2021 ascendieron a más de 6.658, de los cuales 738 fueron en la Ciudad de Buenos Aires, a un promedio de tres por cada día hábil y con tendencia a profundizarse en el año en curso.

Cada piquete es literalmente una toma compulsiva del espacio público, con afectación al resto de la ciudadanía, que asiste impasible a la conculcación cotidiana de su derecho a trabajar, estudiar o simplemente transitar, ante gobiernos que velada o explícitamente apoyan tal ilegítimo accionar.

Es allí cuando es posible preguntarse si estos piquetes en realidad no van ya dirigidos contra políticas o políticos irresponsables sino contra todos los ciudadanos, que siempre son los dañados y perjudicados.

Tal vez, la inmadurez, la ignorancia o la sumisión a fórmulas clientelistas de una clase política obstinada más en salvarse a sí misma que en atender a la necesidades de sus mandantes, además de una complicidad expresa o velada con los gestores de estos actos, explique la falta de reacción para poner límites a estos excesos, armonizando el "derecho de petición", con otro, de mayor trascendencia, como el de "transitar", no solo plasmado en nuestra Constitución Nacional sino en los tratados de derechos humanos incorporados a la misma: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho de circulación es una "condición indispensable para el desarrollo de la persona humana".

Con estas consideraciones, cabría indagar acerca de los verdaderos motivos de esta manía piquetera de los últimos años. Una respuesta simplista nos remitiría al planteo de reivindicaciones relacionadas con la pobreza, con la desigualdad, con la marginación. Pero no puede obviarse la consideración de una verdad que subyace, tal la admisión de uno de los "gerentes" de estos movimientos, Juan Grabois, que con desvergüenza afirma: "Nosotros vamos a hacer quilombo para sacar plata, no para hacer la revolución". A confesión de parte, relevo de prueba.

Campamentos colectivos, con niños incluidos a modo de escudos humanos en la "toma de la avenida 9 de Julio" de días pasados, impulsada por los "gerenciadores de la pobreza", empoderados por la inacción del Estado, evidencian no solo una crisis de sociabilidad sino además un quebranto institucional que pareciera no tener límites ni tocar fondo.

Ante este escenario cabría preguntarse si el pueblo, los ciudadanos de a pie, aquellos que trabajan, estudian, crean y acatan las normas y que con sus impuestos mantienen a estos piqueteros pueden hacer algo.

Es imprescindible no aceptar pasivamente que la crisis institucional generada por el irrespeto a las normas rompa con los principios insertos en nuestro código político. Una Argentina progresista, responsable y apegada a derecho impone la obligación de instar a la dirigencia a recuperar dicha institucionalidad, alejada de toda militancia irresponsable, la que más temprano que tarde termina por traicionar los principios morales en los que se asienta la República.

Es responsabilidad inexcusable de los gobiernos, tanto nacional como provinciales y municipales no permitir más piquetes salvajes, normalizar el orden público y afrontar de una buena vez la tarea de legislar sobre el particular, reglamentando el derecho de petición en armonía con el de transitar. Legisladores: a dejar de mirarse el ombligo y ponerse a trabajar en lo que el pueblo necesita. Porque sin normativa, no hay nada a hacer cumplir por los Ejecutivos y mucho menos a sancionar por el Judicial.

Primero, lo primero: leyes acordes a la realidad de la Argentina del Siglo XXI.