Tiempo de sinceramiento

El optimismo, que forma parte del activo con el cual empieza toda gestión presidencial, deberá contrastarse con la pesada herencia económica que deja la actual administración y que, en líneas generales, es desconocida por la sociedad.

Una sucesión de discursos engañosos, sin base en cifras verdaderas, que buscaban culpar a otros sectores económicos o a los medios de comunicación, le permitieron al Gobierno nacional disfrazar los números reales de una economía estancada desde hace cuatro años y que no genera empleo privado formal.

¿Cuál es la inflación real en la Argentina? ¿Cuánto es el déficit de las cuentas públicas? ¿Qué reservas disponibles hay en el Banco Central? Estas son algunas de las preguntas que deben ser respondidas con exactitud por los funcionarios actuales.

Esos elementos permitirán formular un primer diagnóstico sobre la verdadera coyuntura económica, que deberá extenderse luego a la situación de los múltiples organismos y empresas estatales, los cuales no sólo tienen una sobreabundante planta de personal, sino que sus funciones y tareas se hallan distorsionadas o son ineficientes.

La economía y el funcionamiento del Estado nacional semejan la punta de un iceberg, en el cual se presumen problemas que quedan evidentes cuando nos adentramos en profundidad.

Macri deberá sincerar esta situación a todos los habitantes, para que las medidas que adopte –seguramente duras e irritativas en algunos ámbitos– sean comprendidas y asumidas por esa alianza heterogénea de votos que alentó un cambio detrás de su figura.

Siendo la problemática de la energía uno de los temas de agenda más complejos que deja el kirchnerismo, a quien será el nuevo ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, le espera una tarea titánica para cambiar el esquema diseñado por el gobierno saliente, que acarrea un atraso de tarifas sostenido por un sistema de subsidios generalizados (se benefician desde quien lo necesita hasta multipropietarios que residen en zonas privilegiadas).

Además, está la cuestión de la cantidad de energía que se importa por falta de inversión en generación propia, justamente por la cantidad de dinero que se va en compensar el costo real de lo que se subsidia. En principio, el futuro funcionario comenzó a elaborar un plan energético, no como sucedió en estos años en que se emparchaban las faltantes adquiriendo fuera del país el insumo con altísimo costo. Lógicamente, una de las mayores salidas de dólares que se generan es por estas importaciones de energía –y no por los oligarcas que viajan al exterior o ahorran en dólares-,  lo que llevó en su momento al cepo que terminó perjudicando más que nada a la industria nacional y el empleo, no en vano el estancamiento empieza justo cuando se instauran las trabas. Hasta ese punto fue importante la cuestión de la energía en estos años, durante los cuales negó enfáticamente el problema.

Los aspectos de la línea gruesa del plan de Aranguren es un aumento gradual, pero sostenido, de los precios del gas y de la electricidad para casi todos los sectores sociales, que en parte compensaría el costo económico de establecer una tarifa social bien definida y direccionada puntualmente a los bolsillos de quienes están por debajo de la línea de pobreza. Está pensando en subsidiar  a unos dos millones de hogares. Las boletas del resto de los usuarios responderán cada vez más a un esquema de costos genuinos, lo que implicarán aumentos progresivos.

Los porteños y algunos distritos bonaerenses sufrirán los mayores ajustes, siempre supimos que en la Ciudad de Buenos Aires se pagaba seis o siete veces menos la energía que en otras provincias, incluso que en Pergamino mismo. Estas distorsiones serán corregidas por el nuevo equipo del ministerio de Energía.

Las subas de tarifas (o readecuaciones, depende cómo se mire lo que actualmente se paga) tendrá como uno de sus objetivos atender parcialmente las necesidades de empresas como Edenor, Edesur, Gas Natural Fenosa y Metrogas, que recibieron aportes especiales del Estado en los últimos años para mantenerse a flote, y contener el incremento de subsidios, una de las claves del déficit fiscal. 

El principal problema que percibe Aranguren no es que haya que tocar las tarifas sino que un país rico como el nuestro, con recursos no solamente no renovables sino también renovables, esté importando el 15 por ciento de la energía que necesita y que además se la subsidia. Es precisamente lo que comentamos al comienzo de esta página editorial.

Será frecuente en estos días escuchar frases del tipo “te dije que con Macri se venía el aumento de tarifas”. Y así será. Creer que era eludible es iluso. Lo importante es que las correcciones que haya que hacer contemplen la realidad económica actual, y sean graduales, además de conservarse los subsidios para quienes realmente los necesitan.  

Siempre es antipático para la gente recibir un aumento en sus boletas de servicios pero no es lógico que el dinero público sea dispensado en evitar que la gente se enoje. 

Para tomar una idea, los subsidios actuales equivalen a la totalidad del déficit fiscal cuya incidencia, dicho sea de paso, es superior a lo que se destina del presupuesto nacional a educación.

Ante semejante desfasaje, la menos mala de las alternativas para abordar el achique del gasto público es reducir los subsidios económicos y para ello es imprescindible sincerar las tarifas. Lo deseable es que sea junto con un mecanismo de tarifas sociales en beneficio de los hogares más pobres. Y la peor de las alternativas que el próximo gobierno podría tomar sería precisamente mantener este irracional esquema de subsidios. Esto fatalmente llevaría a que la corrección del exceso de gasto público sea por medio de un golpe inflacionario que licue jubilaciones, salarios, subsidios sociales e inversión pública.

Es que lo hay. Para quien lo quiera ver.