Sin transparencia no hay posibilidad de cambio

La transparencia en la gestión no es un valor que el votante, hasta ahora, haya demostrado tener en cuenta; el “roba pero hacen” o “corrupción siempre va a haber” son síntomas de una sociedad que no cree en su propio potencial para enfrentar a administraciones políticas de dudoso proceder con los fondos públicos. Las denuncias en la Justicia, que todos los postulantes tienen, no parecen ser las definitorias del voto. Y esto es realmente un problema cultural que la Argentina debe saldar si quiere mirar al futuro. Muchos países tienen hechos de corrupción, pero los costos que pagan en la sociedad son irreversibles; a veces algunos han ido presos, pero como mínimo no tienen más cabida en la cosa pública. En Argentina no sucede lo mismo, las encuestas no suelen bajar o subir por casos escandalosos, a veces por unos meses, pero luego vuelve cada candidato a sus estándares de opinión pública.

Dicho en un lenguaje sencillo: somos una sociedad poco exigente, que frente a la corrupción suele mirar para otro lado. Y esto es acompañado por una dirigencia que, por siempre tener algo que ocultar, hace un pacto de silencio generalizado. O en el mejor de los casos, se tiran “uno a uno”, como para quedar saldados. El caso típico, la oposición le recrimina al Gobierno por Amado Boudou y sus causas, y desde el Gobierno les retrucan con el procesamiento de Mauricio Macri, como figura de las antípodas.

En el ránking de la corrupción internacional, Argentina ocupa el puesto 107 sobre un total 175 países evaluados por Transparencia Internacional. Es decir, pasó largamente la mitad de la tabla para acercarse un paso más a los dos países más corruptos: Somalía y Corea del Norte que comparten la posición 174. Mientras Dinamarca ocupa la Nº 1 como el país más transparente. Para el director de Poder Ciudadadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, Pablo Secchi, en la calificación argentina mucho incide el magro papel de los organismos de control. Aludió así a la anestesia que el Gobierno aplicó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige el abogado ultra K Daniel Reposo y a la Oficina Anticorrupción, comandada por Julio Vitobello.  La mayoría de los controles internos quedaron en manos de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. Todo sin contar que la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala desde 2009 y la fiscalía nacional de investigaciones administrativas no tiene titular desde que renunció Manuel Garrido ese mismo año.

El Indice de Percepción de la Corrupción es elaborado por Transparencia Internacional, una ONG independiente que tiene sede en Berlín, a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Una mala puntuación en este índice evidencia que existe un contexto donde prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a sus ciudadanos.

Además del gravísimo correlato que esto tiene de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos (porque la corrupción mata), hay otro efecto que, a la postre, también hace al bienestar general: esta visión que tiene el mundo de nuestro país es uno de los factores por el cual no llega la inversión extranjera. Y no hay crecimiento posible sin esta inversión. Curiosamente la poca que hay, proviene de países que son catalogados tan corruptos como el nuestro. Tal el caso de Venezuela o Angola. Y de otros del mismo calibre a los que se ha ido a tentar, específicamente. 

“El Indice de Percepción de la Corrupción revela que, cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados”, dice José Ugaz, presidente de Transparency International. 

Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, el principal factor de crisis se encuentra, en la estructura misma del Estado: el Estado argentino no corre sólo el riesgo de erosionarse por factores externos sino que implosiona, involuciona políticamente y se disocia el Estado de la sociedad, la legalidad de la realidad.

Estatismo, endeudamiento, presión fiscal, corrupción, son eslabones de una misma cadena que es utilizada como instrumento de acción política y gasto electoral, sin ningún control institucional ni político, ni judicial y sin ningún límite económico de expansión, generando dos efectos políticos esenciales: por un lado, ha financiado el montaje y el desarrollo de una estructura burocrática y de una superestructura política única por sus dimensiones e ineficacia; en especial ha permitido a buena parte de la dirigencia hacer política usando la ilusión financiera de la emisión y del endeudamiento interno y externo; en estos términos la cultura política del país se ha fundado en la confusión de los medios de la política (los procedimientos y prácticas de los partidos políticos, las cámaras, el poder ejecutivo) con el fin de la política (arbitrar entre derechos y deberes en interés de los ciudadanos). Por otro, ha generado un ambiente ideal para la difusión de la corrupción. Tomando como premisa el principio de totalidad de la política (toda decisión es en definitiva política), y asumiendo el monopolio del Estado en la función de arbitraje de los flujos financieros, en la multiplicación de las transacciones económicas entre el sector privado y el público, han convertido al Estado argentino en factótum político: empleador, benefactor, cliente, contratante, empresario, accionista, socio oculto, banquero. 

Estos efectos generan una alteración de las relaciones sociales, de polución de la política y la subversión de las razones de ser del mismo Estado. Estas son: educación, salud y justicia. 

A la hora de anunciar cifras, estadísticas, índices de crecimiento, datos a los que es tan afecta nuestra presidenta, se nota un desprecio por los parámetros económicos de los países desarrollados (incluso de sus vecinos latinoamericanos) que presupone un Estado austero, eficiente y más actividad económica privada. En nuestro país, en cambio, imperan la presión fiscal, el endeudamiento y el desorden administrativo que no hacen más que crear más Estado y menos actividad productiva. Pero sobre todo la Argentina ha fracasado en el respeto de los parámetros sociales del mundo desarrollado; no sólo no ha reforzado los mecanismos de defensa de la sociedad civil sino que los ha debilitado ostensiblemente. La general y continua violación o no aplicación de la ley genera un efecto difuso, colectivo e individual de secesión del Estado. Si ni siquiera se aplicó la ley en plena Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, para evitar que levantaran paredes de material y cavaran para un pozo séptico. Cuando estaba consumado el hecho, y se vio que la movida recibía el repudio generalizado de la sociedad, se dio la orden para que las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo. El pánico al efecto que puede tener una decisión, por más que esta sea de obvia necesidad, también hace a la corrupción. 

Argentina es un país que importa su energía, un país en el cual un proceso civil dura años, su sistema penal deja impune una criminalidad extendida y consolidada a gran escala, su sistema de transporte está colapsado, etcétera.

Este panorama requiere la búsqueda de una solución política. El hecho que sea difícil encontrarla no excluye que sea absolutamente necesaria. 

Pero es claro que difícilmente podrá hallarse algún antídoto genuino mientras el cáncer de la corrupción se siga expandiendo por las venas de la Nación. Es que, como decía José Ingenieros: “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan”.

Y corrupto no es sólo aquel que cambia voto por dádiva, que recibe un dinero por digitar una licitación, aun a sabiendas que el resultado será perjudicial. También lo es el ciudadano que busca “arreglar” para aludir una multa, quien evade impuestos, quien estaciona donde perjudica al otro. 

Mientras en este país se siga creyendo que aquel que rompe una regla establecida es un vivo bárbaro, y el que la cumple es un estúpido por hacerlo, no se hará otra cosa que generar el ámbito propicio, el caldo de cultivo, para que nuestros funcionarios, los que dirigen nuestro destino, sigan actuando en beneficio propio, en su afán de acumulación de poder. Porque no toda la corrupción en el Estado tiene que ver con enriquecimiento ilícito: es una constante en nuestra historia que los gobernantes no hagan lo que saben que deben hacer por temor a convertirse en antipopulares. Entre las consecuencias de este miedo al repudio social y a quedar como “el malo de la política”, por ejemplo, se priva a la población actual y futura de una economía sana sobre la cual haya previsión y se pueda proyectar. Esto también es obrar de manera corrupta. Todos quienes ocupan un cargo ejecutivo, más en un país tan presidencialista, quieren ser bien recordados en los bronces y trabajan más en pos de ese plan que pensando en el bien general, que a veces requiere de males necesarios. 

Habrá lectores que coincidan con la opinión de LA OPINION. Otros no. Y está bueno que así sea. Pero lo que es seguro es que todos por igual no pondrán su voto pensando en quién les ofrece más garantía de mejorar en este sentido sino que sopesarán antes otros factores: gobernabilidad y modelo económico sin lugar a dudas irán primero.  

Así estamos. Y así estaremos.