Silencio de sectores progresistas ante la represión en Venezuela

Mientras los enfrentamientos entre oficialistas y opositores en Venezuela se suceden sin solución de continuidad, son cada vez más sangrientos y el número de muertos crece de manera espeluznante, se percibe en nuestro país y la región una atmósfera de naturalización. Ya nadie levanta la voz sobre el tema, nadie se hace eco de esta masacre. El Gobierno de Nicolás Maduro reprime con una ferocidad destacable, mantiene presos políticos en un país que, literalmente, se cae a pedazos, pero todo sigue como si nada por estas latitudes. Las últimas protestas, que ya llevan dos meses, llevan hasta el momento un saldo de 60 víctimas fatales (según cifras oficiales, aunque no se descartan que sean más en el interior del país) y el horror que padecen estos hermanos latinoamericanos no amerita, pareciera, el repudio generalizado, como sí se oyó respecto del reciente atentado terrorista en Manchester, por ejemplo.

Oficialmente, los países de la región se han ido expidiendo con fuertes rechazos a lo que viene sucediendo en el país caribeño. En la Argentina lo ha hecho Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión, sin embargo el Parlamento tardó más de un año en sumarse al repudio a la situación dramática que viven allí. Al fin se elaboró un documento que advierte sobre la “alteración del orden democrático” y pide la liberación de los presos políticos. Lo firman los jefes de Cambiemos y otros tres bloques. No adhirieron los K ni el PJ de Diego Bossio. Tampoco lo firma Elisa Carrió, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.     

Tras semanas de idas y vueltas, sin ponerse de acuerdo en los términos para referirse a tan luctuosa situación, algo que no debería ser tan difícil, los jefes de los bloques de diputados del oficialismo, el Frente Renovador-UNA, el frente Progresistas y una fracción del peronismo disidente dieron a conocer un duro documento contra el régimen de Nicolás Maduro. En cambio, importantes sectores del peronismo, como el Frente para la Victoria y el bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio, decidieron no adherir al texto. Como si el terrorismo de Estado fuera repudiable en algún caso sí y en otros no. 

Como efecto de la represión a las marchas contra el régimen chavista, se siguen generando muertes que ahora llegan a 60, según datos oficiales. A través de un tibio documento, también exigen “la libertad de los presos políticos” y se expresa “preocupación por la represión violenta”, además de alertar sobre “las violaciones a la libertad de expresión”. Hasta allí llega la condena al régimen venezolano.

Es al menos ambiguo que legisladores que han sido abanderados de los derechos humanos durante el anterior Gobierno y que participan de las actividades de las organizaciones que aquí los defienden, le dan la espalda a la situación de Venezuela. Del mismo modo que las asociaciones de derechos humanos tampoco critican al régimen de Maduro, cuando es claro que hay violencia del Estado, un mal que los argentinos hemos vivido en carne propia. La represión violenta no es de derecha o de izquierda, es el exceso del Estado que teniendo el monopolio de la fuerza lo utiliza contra el propio pueblo, asesina, reprime, encarcela. Y esto es inaceptable desde la visión de cualquier país democrático.

No ignoran quienes se hacen los distraídos que hace dos meses hay una lucha constante en las calles. El pueblo sale cada vez más a protestar porque ya no resiste frente a una situación económica terminal y el gobierno responde con represión; sale a acallar a la gente a fuerza de plomo y palos en nombre de una Constitución que no respeta en sus premisas mínimas como lo son la libertad de expresión o reunión. Los presos políticos, que ya se cuentan por miles, están sufriendo una violación de sus debidos procesos. ¿Y ello no merece acciones concretas y repudio enérgico en la región?  

El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado la justicia militar para represión y persecución de civiles, lo cual es totalmente violatorio de la Constitución. A los jóvenes los juzgan por “rebelión” y “traición a la Patria”, que son figuras inaplicables a quienes no pertenecen al Ejército.  ¿Difiere mucho esto de lo ocurrido en nuestro país en los 70? Sabemos que Maduro no irrumpió en el gobierno sino que fue elegido en las urnas, ¿acaso eso es un cheque en blanco o cambia la calificación del terrorismo de Estado que está aplicando?

Normalmente, las primeras 48 horas son víctimas de torturas para tratar de sacar delaciones. Buscan que culpen a algún dirigente político, a un diputado y así justificar la denuncia de “un golpe” o “un plan terrorista” que vaya con el discurso del gobierno. Pero también hay casos como el del diputado opositor Gilbert Caro, que está secuestrado desde hace cuatro meses. Y la expresión secuestrado es la que cabe porque en este tiempo no fue presentado en ninguna jurisdicción, ni militar ni civil. 

¿No les hace ruido a quienes levantan la bandera de los derechos humanos en la Argentina esta metodología tan conocida? ¿La “obediencia debida” ideológica con los líderes amerita este “vale todo” de las organizaciones argentinas respecto de Maduro? ¿Se defiende a Milagro Sala por ser considerada presa política y no a los miles encarcelados en Venezuela?

Ya no se trata de una lucha ideológica que es, seguramente, en lo que deben ampararse para desconocer la situación. Los venezolanos salen a la calle porque se mueren de hambre, porque no tienen medicamentos. Y cuando salen a la calle los reprimen brutalmente, los encarcelan, los matan. No es un enfrentamiento de ricos contra pobres o al revés, sencillamente porque es un pueblo pauperizado. Basta con mirar las marchas de protesta de estos días para comprobar que los más variados sectores salen a la calle, sobre todo los de menos recursos que la están pasando muy mal.

Es contra fáctico pensar que si hubiese vivido Hugo Chávez, mentor y líder de la Revolución Bolivariana a la que adhirieron muchos en Argentina, un dirigente mucho más formado que Maduro, quizá la realidad fuese otra. Pero ya nunca lo sabremos. Lo que tenemos enfrente es una represión brutal que por provenir de un país que afirma ser altamente progresista, se mira hacia otro lado. Como si la tortura y la muerte generada por un Estado gendarme no fueran delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Generan dudas más que razonables la reacción de los legisladores K y las organizaciones que defienden los derechos humanos, cuando ignoran lo que sucede en Venezuela, negándose a reconocer que la violencia desproporcionada del Estado no se justifica en ninguna democracia.