Señores legisladores: ¡a trabajar!

En un año de trabajo prácticamente cero en el Parlamento, los únicos temas que se tratan tienen una relación directa con las elecciones o con la coyuntura, porque solo se está buscando impacto electoral, con total prescindencia de las necesidades de la ciudadanía en materia legislativa o de la división de poderes, queriendo los legisladores “figurar” en la escena política a fuerza de propuestas que, por tratarse de soluciones tentativas a la situación del momento, se corresponden con el quehacer del Ejecutivo.

Dicho de otra manera: el Congreso está para proveer a la ciudadanía de un marco legal para vivir y el Ejecutivo para implementar políticas, medidas, acciones para atender las problemáticas del momento. Si los legisladores no hacen lo suyo para dedicarse a sugerir modelos económicos, ¿quién se encarga de crear, modificar o derogar el cuadro legal que es el esqueleto del cuerpo social? 

De poco sirve que diputados y legisladores se pongan a “cazar” corruptos si no se provee al Estado de un conjunto de leyes para evitar que se vuelvan a colar hechos de corrupción.  Encima de que no es su metié, como lo hacen de manera oportunista, elaboran proyectos paupérrimos, carentes de sustentos jurídicos y técnicos que los hagan viables. Así, todo lo que entra al recinto, llega con errores que luego hay que corregir. Vale como ejemplo que el miércoles de la semana pasada Diputados dio media sanción a la ley de Responsabilidad Penal para Empresas, una norma de las que sí son  necesarias para el combate a la corrupción pero que fue tratada de manera intempestiva por los hechos de la coyuntura. La curiosidad es que la propuesta, ya aprobada, sigue sin ingresar al Senado. Y, precisamente, el atraso obedece a que al revisar el texto aprobado el miércoles pasado detectaron un error insólito. Es que se modificó la redacción del artículo 258 bis del Código Penal, aunque sin aumentar las penas. Pero en la votación en particular del proyecto, ya en el recinto, a propuesta del massismo se incorporó una modificación también en el artículo 258 bis, con una suba de las penas. Quedó una contradicción en una misma ley. En el recinto nadie se dio cuenta de la contracción debido a lo caótica que fue la sesión y a la cantidad de modificaciones que se le hicieron en la votación en particular.

Un papelón que subsanará el Senado si es que se digna a tratar esta media sanción, lo que a estas horas no nos animamos a afirmar que haya voluntad y consenso. 

Otro tema que no deja de ser importante pero que solo se trata en clave electoral es la cruzada del oficialismo y el massismo que juegan  un duelo para ver quién logra quitar los fueros primero al diputado nacional Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal del kirchnerismo. El interbloque de Cambiemos convocará para la semana próxima a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para iniciar el debate sobre la exclusión de De Vido del cuerpo por “inhabilidad moral”. En paralelo, el diputado y candidato a senador por el Frente Renovador Sergio Massa convocó a una sesión especial para mañana para discutir una nueva ley de fueros, la suspensión de De Vido de la Cámara baja y la renuncia a los fueros de los diputados de su espacio, como anunciaron la semana pasada.

Nada prosperará, la oposición no irá a la reunión que cita Cambiemos y el oficialismo no dará quórum a la sesión especial del massismo. Obviamente el kirchnerismo no irá a ninguna de las dos tampoco.

Las necesidades del país en materia legislativa está en una sintonía muy distinta y no nos referimos a que gran parte del pueblo pasa momentos de zozobra, ya que soluciones a esta cuestión deben emanar del Poder Ejecutivo y sus ministerios. Su nombre lo indica: este Poder es el que “ejecuta” medidas para atender a la realidad económica y social del país. Y lo hace según lo permite el Presupuesto que administra, el modelo al que adhiere, la asesoría de sus cuadros técnicos y una alta dosis de política pura. El Poder Legislativo, en tanto, tiene que controlar y sobre todo legislar, para que la sociedad tenga un marco de referencia. Si no, ya lo dice el axioma, queda un amplio y profundo bache donde “todo lo que no está prohibido, está permitido”.

Mientras nuestros legisladores se la pasan jugando el partido de las elecciones, el mundo sigue en movimiento, generando nuevas situaciones día a día, minuto a minuto, que no están contempladas en nuestro cuerpo de leyes.

El tema que copó las últimas horas los espacios periodísticos, por su alto perfil mediático, es el embarazo de Luciana Salazar, logrado mediante una fertilización en un vientre subrogado y mediante un donante de esperma.

Sin hacer un juicio ético sobre hasta dónde se debiera llegar en este punto de la concepción por vías no tradicionales, es necesario reglar sobre el asunto y, sobre todo, establecer cómo es la filiación de estas nuevas personas para la ley argentina.

Hay un vacío legal enorme en lo que hace a subrogación de vientres, los argentinos ricos lo practican directamente en Estados Unidos y bajo sus leyes, ya que tienen un marco legal para estas situaciones. Se puede compartir o no pero está claro lo que es permitido y lo que no. Quienes tienen posibilidad económica de hacerlo, vuelven a la Argentina con sus niños norteamericanos en brazos.  En nuestro país, no está legislado pero como tampoco está prohibido, ya se han dado 17 casos autóctonos de alquiler de vientres. Después de consumados los hechos, los protagonistas le dan entidad recurriendo de manera particular a la Justicia, para que lo que sucedió en la realidad suceda también en los papeles. Entonces los jueces se encuentran con el problema para la inscripción de esos niños nacidos de un vientre que no es el de su madre. Es decir que los magistrados, a cuentagotas, están supliendo de manera discrecional aquello que no está legislado a modo general y para todos. Cada vez son conocidos más casos de uso de estas modalidades, cuyos protagonistas están todos los días en la televisión contando sus experiencias pero el vacío legal sigue tan profundo como siempre.

Ningún sector político parece interesado en solucionar este problema, sea para prohibir su desarrollo o para establecer las condiciones en las cuales las familias que no pueden tener hijos por diversos motivos usen este procedimiento, alejando la posibilidad de que la subrogación de vientres termine siendo un negocio impropio de la vida humana.

Tampoco se han preocupado de otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la gente como es el uso de Internet, sus límites en cuanto a la privacidad, derechos de autor de lo que allí se publica, sustitución de identidad. Ni siquiera han entrado en el tema en función de algo que tanto les preocupa como son las campañas electorales. Ya van varias elecciones en que lo que la ley dice sobre la veda ha quedado obsoleto, especialmente en relación a la difusión en redes sociales. La prohibición de publicidad proselitista 48 horas previo a los comicios es hoy inviable cuando cada ciudadano del país es hoy en día un medio de comunicación en sí mismo, a través de sus cuentas en redes sociales. Y como “lo que no está prohibido, está permitido”, ¿cómo impedir que un vecino haga retuit o comparta en su muro una expresión de su candidato de preferencia incluso el mismo día de la votación?  Claramente urge que se sienten y elaboren un nuevo criterio de veda o bien se decida su eliminación.

Ya hemos hablando en otra oportunidad sobre la necesidad de generar leyes para combatir la nueva criminalidad mafiosa que hay en el país por la llegada del narcotráfico; son figuras y modalidades que antes no existían. Y en relación a esto, también hace falta refrescar las regulaciones de inmigración.

Y así podríamos seguir por los siglos de los siglos enumerando situaciones de todos los días sobre las que no hay legislación. Sencillamente porque mientras el mundo sigue avanzando, nuestros legisladores “hacen la plancha” o juegan a Antón Pirulero, atendiendo cada cual su juego.

Además, todas estas cuestiones ameritan leyes que no se pueden elaborar de la noche a la mañana; requieren de asesoramientos especializados, convocatorias a amplios sectores y la realidad es que no tienen un efecto inmediato que a nuestros legisladores, que también son candidatos, generalmente, les redunde en un impacto en las urnas.

Tenemos una sola modificación de una norma este año que responde a un clamor ciudadano: la que prohíbe a violadores y asesinos hacer uso del beneficio de la salida anticipada de su condena. Debe cumplirla en su totalidad y fue la presión mediática la que acorraló a los legisladores para que se pusieran con el tema.

En fin, una por tantas.