San Nicolás: Prestadores de discapacidad reclaman por deudas de obras sociales de hasta 120 días
Profesionales y prestadores advierten por demoras de hasta cuatro meses en los pagos y reclaman al Gobierno nacional prorrogar la emergencia del sector.
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad atraviesan una situación crítica debido a las demoras en los pagos de las obras sociales. Profesionales que brindan terapias en San Nicolás señalaron que los atrasos llegan hasta los 120 días y reclamaron el cumplimiento de la legislación vigente para evitar un mayor deterioro del sistema.
Prestadores de discapacidad denuncian demoras de hasta cuatro meses
Según explicaron profesionales nicoleños, algunas obras sociales comenzaron a cancelar pagos el 27 de septiembre, pero todavía existen entidades que mantienen deudas correspondientes a junio y los meses posteriores.
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“Una vez más, ARCA no transfirió los fondos correspondientes a julio para que las obras sociales efectúen los pagos a los prestadores”, manifestaron, al tiempo que cuestionaron que los retrasos terminen afectando directamente los honorarios de quienes sostienen las prestaciones.
Los trabajadores del sector reclamaron que se cumplan las obligaciones establecidas por la normativa vigente. “No necesitamos leyes nuevas, exigimos que se cumpla lo que ya está legislado”, señalaron.
En ese sentido, remarcaron que la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad resulta fundamental para el sector. “No una ley nueva”, insistieron.
Advierten por el impacto de la crisis en las personas con discapacidad
La problemática de los pagos se suma a un escenario de desfinanciamiento que afecta a prestadores, instituciones, familias y personas con discapacidad en distintos puntos del país.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba advirtió sobre el deterioro del sistema de prestaciones y apoyos. El estudio señaló fuertes retrasos arancelarios y demoras de hasta un año en los pagos a prestadores.
El documento también alertó que el sistema se sostiene, en buena medida, mediante el esfuerzo adicional de las familias, profesionales e instituciones. Entre las consecuencias mencionadas aparecen la interrupción de tratamientos, dificultades para acceder al transporte y la necesidad de recurrir a la Justicia mediante amparos para obtener medicamentos o insumos.
La investigación indicó además que más de 400.000 cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes, mientras que 127.774 personas cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en la provincia.
Reclaman al Gobierno nacional prorrogar la emergencia en discapacidad
Desde distintos sectores también cuestionaron las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reclamaron medidas concretas para garantizar la continuidad del sistema.
El sacerdote Pablo Adrián Molero, responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, sostuvo que los problemas no son recientes y cuestionó las modificaciones impulsadas durante la gestión de Javier Milei.
En paralelo, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina solicitaron al Gobierno nacional que prorrogue la emergencia en discapacidad y que revise los recortes contemplados en el Presupuesto 2027.
Entre los reclamos figura también la compensación correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67% y debía constituir la base arancelaria desde enero de 2025.
Los planteos incluyen además la realización del estudio de costos previsto por la normativa y medidas para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores. También se cuestionó una resolución que dejó fuera de la compensación a determinadas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.
En cuanto a las pensiones, la Iglesia señaló que existen más de 200.000 trámites pendientes, frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas durante los últimos tres años. Para los prestadores, la demora en los pagos y el atraso de los aranceles profundizan una crisis que amenaza la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad.