Que la épica de la grieta y la violencia política no reabran heridas sanadas por la democracia

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner representa el hecho más grave para la institucionalidad del país desde el regreso de la democracia y debe erigirse como un punto de inflexión para superar los antagonismos. Hace muchos años Argentina le dijo nunca más a la violencia política y en el inventario de la historia reciente hay sobradas muestras de que no hay espacio para el derramamiento de sangre. No hay grises al momento de calificar lo que implica para el país el intento de magnicidio y de hecho ha sido unánime el repudio al accionar del sujeto que intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Lo que no debe suceder es que un hecho de tal gravedad institucional sea empleado por las distintas fuerzas políticas para seguir dividiendo a una sociedad fragmentada y a una democracia que aparece amenazada.

Lo que sucedió el jueves por la noche mostró lo que puede ocurrir cuando se rompen diques de contención y se avanza sobre la institucionalidad. Eso no debe ser tomado ni por el oficialismo ni por la oposición para seguir profundizando la grieta.

Lo que pasó superó la barrera de lo imaginable y en parte es la consecuencia de lo que viene sucediendo en torno al discurso y a la acción de la política. El discurso y el hacer han tomado una escalada de violencia estruendosa y eso genera un clima que resulta propicio para que los atropellos sucedan con consecuencias impredecibles.

Nada justifica el ataque a un líder político y mucho menos al sistema de vida elegido por un país. Pero lo que viene sucediendo en torno al proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuestas irregularidades en el manejo de la obra pública ha motivado una serie de acontecimientos que preocupan por sus implicancias y que tanto en el oficialismo como en la oposición fueron tomados como escenario de batalla para ataques discursivos sumamente dañinos.

Desde que se conocieron los alegatos de la Fiscalía y se oficializó el pedido de condena a la vicepresidenta de la Nación, hubo un intento sostenido de llevar al terreno de la política los fundamentos judiciales y de correr el foco de lo que realmente le preocupa que es su procesamiento y las consecuencias de una posible sentencia condenatoria.

Durante las últimas semanas no ha habido expresión política que instara a preservar la paz social que finalmente se vio gravemente alterada.

De un lado la vigilia montada en defensa de la vicepresidenta de la Nación en pleno barrio de la Recoleta y por el otro los intentos de poner coto a esa situación que ganó la calle fueron configurando un contexto en el que cuestiones que debieron quedar en el plano social llegaron al terreno de la política y amenazaron incluso la necesaria división de poderes, pilar fundamental de la democracia.

Ni de un lado ni de otro hubo mesura. Por el contrario, la radicalización de las posturas ha hecho del espacio público un ámbito de crispación que comienza a tener consecuencias. Para el oficialismo en la calle gana comodidad su relato y cobra centralidad una épica. Para la oposición el uso de la calle genera lo contrario, una incomodidad en la que no logran cohesionar un discurso común. Lo que sucedió el jueves a la noche es de una gravedad institucional sin precedentes, y debe significar el límite. Aunque no pareciera que ese sea el camino que están tomando los líderes para encauzar al país hacia la paz. 

Desde hace tiempo la vicepresidenta de la Nación trabaja en la construcción de un discurso que la aleja del Gobierno del que forma parte, pero que también la instala como víctima de una persecución judicial que según ella misma ha señalado lo que busca en verdad es "exterminar al peronismo" y castigar a la fuerza política que de acuerdo a su valoración le ha dado las mejores condiciones de vida al pueblo. La oposición, en tanto, no detiene la afrenta y lejos de apelar a la mesura con algunas consideraciones refuerza el antagonismo. Pero frente a un hecho de la naturaleza del ocurrido el conjunto de la dirigencia está llamada a barajar y dar de nuevo. Intentar que la balanza se incline hacia uno u otro lado de la grieta a partir de lo sucedido en torno al ataque a la vicepresidenta de la Nación no hace sino profundizar el problema. El daño a la democracia es manifiesto y eso debe imponerse más allá de cualquier valoración ideológica. Cualquier movilización debe estar orientada a preservar la democracia y a calmar ánimos, algo que resulta inverosímil o utópico a la luz de un país en el que la mayoría de los temas- y parecería que también este- están atravesados por la grieta para causar distancias insalvables.

Entre quienes piensan que el ataque a Cristina Fernández de Kirchner fue producto y consecuencia del "discurso del odio" impulsado por la oposición, la justicia y los medios hegemónicos de comunicación y quienes sostienen que el atentado fue una puesta en escena para instalar definitivamente la epopeya, está la democracia, ese valor que se preserva con responsabilidad y mesura.

Perder de vista que lo que está en juego es ni más ni menos que la democracia es asumir que la escalada tendrá consecuencias que nadie, independientemente del lugar de la grieta en el que se ubique, está dispuesto a pagar. La democracia como sistema de vida ha sido elegido por el conjunto de los argentinos que en su memoria reciente tienen sobradas razones para defender la institucionalidad y la paz por sobre todas las cosas. Incluso por sobre las personas, por sobre los funcionarios judiciales y por sobre los dirigentes políticos. Son los resortes institucionales y la ley los que aportan los instrumentos para juzgar o sopesar las conductas. Nunca es la grandilocuencia de un discurso, menos la intolerancia llevada a las calles ni la épica que intenta construir una realidad con consecuencias impredecibles.

Tal vez como nunca antes desde la recuperación de la democracia, es hora de llamar al diálogo, de serenar ánimos crispados de una sociedad agobiada que no está dispuesta a soportar que unos y otros en nombre de sus fanatismos pongan en juego construcciones cívicas edificadas sobre heridas que ayudó a sanar la democracia y que de ningún modo y bajo ningún concepto pueden reabrirse.