Protocolo de aborto no punible: el espejo de la mala política

Lo sucedido en torno a la derogación del protocolo de aborto no punible significó una desinteligencia en torno a un tema sensible que marcó una vez más el negativo impacto que tienen los posicionamientos personales sobre las cuestiones de salud pública que deberían considerarse y abordarse siempre como políticas de Estado.

La medida tomada por el ahora exsecretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, no hacía otra cosa que actualizar una guía de actuación para los equipos de salud e incluir derechos contemplados en el Código Penal, en el Código Civil y Comercial y en los tratados internacionales que han sido incorporados en la Constitución Nacional. En lo formal otorgaba a las provincias una herramienta para la realización de prácticas en aquellas circunstancias en que cabe la interrupción legal del embarazo. Nada tenía que ver este instrumento con la despenalización del aborto. Mucho menos con su realización en situaciones que no estén encuadradas en la ley. Sin embargo, el tema generó una enorme repercusión de tinte político y el propio presidente de la Nación terminó derogando el protocolo a través de un decreto firmado además por el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley bajo el argumento de que el secretario había avanzado en un tema en forma “inconsulta” con sus superiores directos. ¿Qué debía consultar Rubinstein si la redacción del protocolo no hacía más que brindar a los profesionales médicos un instrumento para evitar los consabidos inconvenientes que se generan en la práctica real en torno a la interrupción legal del embarazo en los casos contemplados por la ley?

Quedó en evidencia que primó más un posicionamiento político de las más altas esferas del Gobierno nacional, que considerar este tema como una cuestión de salud pública no sujeta a más debate que el de hacer cumplir la ley. Ningún actor del sistema sanitario niega la necesidad de actualizar el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, se desató un conflicto político de inusitadas consecuencias. A la renuncia de Adolfo Rubinstein le siguió la dimisión de la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y todo el arco político se movilizó en torno a este tema.

La resolución 3158/2019 daba la entidad jurídica y normativa que varias provincias reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar la ILE en las personas gestantes, incluidas las niñas adolescentes en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad.

En este sentido, otorgaba una guía de actuación destinada a los médicos y equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en la ley y refrendados por la Corte Suprema.

En términos políticos y sobre el fin del mandato presidencial, la derogación de la resolución y el conflicto político desatado, no hace sino profundizar las diferencias en el seno mismo de la coalición de Gobierno y establecer posiciones que parecen irreconciliables entre el núcleo duro del PRO que defendió la postura presidencial y los referentes del radicalismo que salieron a respaldar el accionar del médico sanitarista.

Lo sucedido muestra algo más, no solo la discrepancia. Sino la irremediable certidumbre de que la grieta que parece dividir a los argentinos, también se expresa en este tema. El debate se tiñó del color de pañuelos verdes y celestes y opiniones a uno y otro lado del arco ideológico, cuando la medida no tenía nada que ver con esto. Porque no se estaba discutiendo la legalización o despenalización del aborto, sino que se estaba avanzando en la redacción de un protocolo actualizado para brindar herramientas unificadas a los equipos de salud para saldar discusiones estériles.

Nadie puede desconocer que puertas adentro de los hospitales son infinitas las contradicciones que tienen los propios equipos de salud e innumerables los argumentos que dejan en situación de absoluta desprotección a niñas, adolescentes y mujeres a las que les cabe el derecho a abortar cuando han sido violadas o cuando la gestación pone en riesgo la vida. En este contexto, el protocolo significaba un avance en el reconocimiento de derechos y también protegía a los profesionales de la salud. La derogación llevó este tema un paso hacia atrás, con las consecuencias que implica.

Lo ocurrido debe marcar un precedente. Para el gobierno de Macri no fue más que empañar lo que había sido la genuina decisión de haber puesto en agenda este tema cuando se debatió la despenalización del aborto. Para el gobierno entrante, un espejo para no repetir comportamientos que no hacen sino lesionar derechos.

Lo sucedido con la redacción de este protocolo terminó mezclando la interrupción legal del embarazo- prevista en el Código Penal ante determinadas circunstancias- con conceptos sobre la interrupción voluntaria del embarazo- no prevista en la ley-. Asimismo dejó en claro que ningún fundamento es lo suficientemente fuerte frente a la realidad que viven niñas, adolescentes y mujeres cuando se les niega la posibilidad de realización de una práctica contemplada en la ley.

Todo lo demás es política, de la mala, esa que resulta dañina y nos atrasa en debates que deberían estar saldados para que como sociedad pudiéramos dar el salto cualitativo que la discusión en torno a los derechos demanda.