Plan Nacional de Lecturas: el conocimiento como derecho

En materia educativa, una de las primeras medidas lanzadas por la gestión del presidente Alberto Fernández fue el Plan Nacional de Lecturas, una iniciativa con reconocimiento merecido que se había interrumpido y que fue reeditada con nuevas pautas. En rigor, apunta a volver al libro como instrumento de aprendizaje y a la lectura como práctica, fomentando su ejercicio como un derecho. La pretensión es alcanzar a 10 millones de niñas y adolescentes de nivel primario y secundario de todo el país y fortalecer el trabajo de docentes y bibliotecarios y para ello se ha asignado un presupuesto inicial de 400 millones de pesos, algo que fue bien recibido no solo por especialistas en educación sino por la industria editorial alicaída por la crisis.

El plan se inserta en un presente en el que el libro compite en la sociedad del conocimiento con otros dispositivos, con un uso de la tecnología que ha hecho que en muchas casas y en muchas escuelas se haya perdido el hábito de leer. También en una sociedad con profundas de-sigualdades donde se ha perdido la garantía de que todos tengan el mismo acceso a materiales de lectura por fuera de la escuela. En tiempos en los que las pantallas parecen ganarle la carrera al libro y en que otros problemas han corrido el eje dejando relegada a la lectura como pauta de aprendizaje individual y colectivo, la propuesta resulta innovadora por alguna de sus particularidades. Y prometedora por sus alcances.

Garantizar 180 lecturas posibles para los 180 días de clases es tanto una aspiración como una definición de principios que habla de la democratización del conocimiento y la ponderación del texto escrito como herramienta. En la práctica, requerirá de un importante esfuerzo áulico y marcado compromiso docente. También del acompañamiento de las familias que no podrán desentenderse de la tarea, atendiendo al hecho de que son muchos los chicos que no tienen incorporado el hábito de leer por fuera de la institución escolar.

Planteado en términos de democrático, universal e inclusivo, el Plan contempla la multiplataforma, un concepto que incluye a la tecnología sin anularla ni ponerla a competir con el libro en el soporte tradicional. También propone la conformación de un consejo asesor, conformado por rectores, referentes literarios, editoriales y representantes de la comunidad educativa de las 24 jurisdicciones del país, para definir los acuerdos representativos en torno a las colecciones, los textos y las obras que formen el acervo del Plan.

Además de estimular la lectura como una experiencia cotidiana y desde una perspectiva federal, el Plan se propone reactivar la industria editorial argentina, considerablemente afectada por la actual crisis económica.

Los mentores de la propuesta remarcan que no se trata de revivir el Plan Nacional de Lectura que dejó de instrumentarse en 2016 sino de crear algo nuevo y superador que contemple la diversidad en todas sus formas. Al mismo tiempo, la iniciativa pretende revertir algunos datos preocupantes que señalan que los chicos argentinos tienen bajos niveles de lectura en relación a sus pares de otros países y aspira a que puedan conformarse entre niños y adolescentes comunidades de lectores.

En los últimos años, la desigualdad se ha expresado en diversos campos de la vida social y la escuela no ha sido la excepción. Por el contrario, es la caja de resonancia de muchos de los problemas que ocurren fuera de las aulas y que se traducen en indicadores que preocupan como aquel que señala que las desiguales posibilidades de acceso a la cultura escrita hablan de una dimensión de la pobreza. De hecho, no es casual que el 68,3 por ciento de los niños y niñas de 0 a 12 años que viven en contextos de mayor vulnerabilidad económica no tengan libros en sus casas.

Será fundamental la capacitación de docentes y futuros docentes porque formar una red de comunidades lectoras requiere de una actividad sostenida que les permita a los chicos tener experiencias de lectura significativas que los provoquen y los incentiven; algo que solo se logra si existen escuelas donde la literatura circula naturalmente y en las cuales mejora la capacidad de comprensión lectora. Un aspecto de esta tarea que repercute no solo en la habilidad para comprender un texto, sino en el desarrollo de competencias para entender la realidad y la política.

El derecho al acceso al conocimiento aparece como una cuestión medular en la propuesta que ha sido ponderada por quienes entienden que en un sistema educativo en crisis, comenzar por la lectura, reeditar su práctica constituye el punto angular de otra serie de acciones que deberán impulsarse para volver a poner el conocimiento en el lugar que jamás debió haber abandonado.