No se ha logrado restablecer totalmente la paz social tras la crisis por las protestas policiales

La situación creada por las protestas y acuartelamientos policiales, finalmente también llegó a Pergamino, toda vez que en la tarde del lunes los comercios cerraron alarmados por los movimientos que se insinuaban en el ámbito policial. Los temores, en general, no son infundados habida cuenta de los desmanes que se han producido en varias provincias del país.

No olvidemos que el estallido de protestas policiales y saqueos dejó, hasta el momento, cinco muertos y un herido de gravedad en distintos episodios de violencia que se produjeron en el interior, en un día en el que la crisis escaló hasta alcanzar a por lo menos diez provincias. 

Esto indica que ha habido un quiebre de la paz social, porque esos muertos y heridos son producto del caos que se ha generado. Respecto del cual la Iglesia muy preocupada por la situación que se ha generado, llamó a “deponer actitudes que comprometen la seguridad y la paz social”.

El Gobierno señaló a la oposición como responsable de un accionar desestabilizador y acusó al sector de Sergio Massa de estar detrás de las protestas y anunció que denunciará penalmente a los responsables de los reclamos y a quienes instiguen a los saqueos por el delito de alteración del orden público, intimidación e incitación a la violencia colectiva. 

Desde Balcarce 50, instaron a los fiscales federales del país a denunciar y perseguir a los policías que reclaman y a los responsables de los saqueos y robos.

Sin embargo esta teoría no alcanza para explicar lo que sucedió. Puede que haya sectores que han encendido la mecha, sin dudas, pero evidentemente hay una tierra bien abonada sobre la cual se está sembrando la violencia y que normalmente es multicausal.

La situación más grave se registró en Chaco, la provincia del jefe de Gabiente Jorge Capitanich, donde se informó que tres personas perdieron la vida en medio de violentos incidentes vinculados a saqueos; además, un policía debió ser trasladado de urgencia al Hospital Perrando, de la capital provincial, y su estado era de extrema gravedad.

El director del Hospital Perrando, de Resistencia, Cristian Obregón, dijo que uno de los jóvenes fallecidos, de 23 años y que habría participado de un asalto a un local situado sobre la avenida Castelli y calle 15, ingresó sin vida al centro médico luego de ser socorrido en la vía pública por una ambulancia.

En Jujuy, en tanto, un joven murió en la ciudad de Perico durante un forcejeo en el saqueo a un comercio. Según se informó, el joven tenía entre 15 y 18 años y sufrió una herida de arma blanca en un negocio de ropa deportiva, aparentemente al enfrentarse al propietario del negocio y forcejear con otros saqueadores.

La quinta víctima fatal ocurrió en la ciudad entrerriana de Concordia, en horas de la madrugada del lunes. El joven, de 20 años, murió electrocutado cuando intentaba saquear un negocio con mercaderías. 

Estas muertes marcaron el fin de una jornada en la que la crisis de protestas policiales se extendió a por lo menos una decena de provincias, con escenas de violencia y saqueos en varias ciudades.

Con un cambio fuerte de discurso, la Casa Rosada dejó en evidencia la preocupación hacia el interior del Gobierno que provocó el contagio de las protestas policiales en el resto de las provincias después del primer reclamo que se produjo en Córdoba y que derivó en huelgas y acuartelamientos en Buenos Aires (con epicentro en La Plata, Mar del Plata y Almirante Brown), Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Tucumán, Salta, San Luis, Río Negro y Chubut. 

En lo que hace a la provincia de Buenos Aires, donde según el Gobierno, también hay saqueos organizados, como único indicio de los sospechosos, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, apuntó a Salvador Baratta, actual concejal por el Frente Renovador en Lanús, como responsable de montar los desmanes en territorio bonaerense por unas declaraciones que el exjefe policial de la departamental Zona Norte de la policía  había hecho por la mañana en el programa radial de Jorge Rial, desde donde advirtió sobre las consecuencias de mantener el reclamo.

Mientras la mayoría de los gobernadores intentaba acordar, tanto Alvarez como el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciaron que presentarán las pruebas con las que cuentan sobre los saqueos organizados que detectaron a través de seis perfiles de Facebook que estarían interconectados.

Capitanich directamente vinculó la protesta con un mensaje hacia la dirigencia política cuando se cumplen, hoy, 30 años del retorno de la democracia. “No es casualidad”, dijo, y llamó a los policías a retomar “la paz social, la armonía y la convivencia”.

La realidad es que el quiebre de la paz social obedece a distintas problemáticas que venimos atravesando, inseguridad, inflación y bajos salarios policiales. Lo que debería analizar el Gobierno, sin relato y con los pies en la tierra, es por qué las protestas policiales han generado un caos de esta magnitud.