El principio de arreglo con Repsol, una buena noticia para la Argentina

Una buena noticia para la Argentina es que funcionarios y empresarios de primera línea de nuestro país, España y México alcanzaron un principio de acuerdo para zanjar el conflicto que causó, en abril del año pasado, la expropiación por parte del gobierno de Cristina Kirchner del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera.

Se trata del “gran escollo”, aunque no el único por cierto: el pago por la expropiación de la parte para la reestatización.

En el salón de reuniones del piso 33 de la torre de YPF, en Puerto Madero, se encontraron el ministro de Industria de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex (México), Emilio Lozoya; Isidro Fainé, presidente de Caixabank, los dos últimos, principales accionistas de Repsol, y Nemesio Fernández Cuesta, director general de Negocios de la firma española. Los anfitriones fueron el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el embajador argentino en España, Carlos Bettini, y el dueño de casa, Miguel Galuccio, que preside la petrolera casi desde su estatización.

Comenzó así a desandarse un camino entre las partes tras un conflicto comercial y político que incluyó reproches cruzados, peleas en tribunales internacionales, ya que Repsol presentó una demanda contra el país en el Ciadi y la apertura de sumarios por parte de la Comisión de Valores contra los directores de Repsol en YPF.

El preacuerdo por YPF deja a Miguel Galuccio cerca de remover uno de los obstáculos que amenazaban el éxito de su gestión como presidente de la petrolera argentina. Si bien todavía no se conocen las cuentas, se presume que el Estado nacional abonará a Repsol unos 5.000 millones de dólares, que es el equivalente a la mitad de la valuación de mercado de YPF. La mayoría se saldaría con bonos, pero unos 1.500 millones de dólares se pagarían en efectivo. Esta propuesta deberá ser aprobada por una asamblea, hoy en Madrid.

El acuerdo es crucial para la gestión del oficialismo en YPF, pero mucho más lo es para el futuro del país todo. Es una señal al mundo de saber honrar las deudas y de seriedad empresaria. Pensemos por un momento: una persona paga todas sus cuentas mes a mes pero de repente, y sin motivo, deja de abonar la cuota del club y la tasa de Alumbrado Público. Por más que en todo lo otro esté al día, esta persona es un deudor. Por eso, aunque la presidenta se jacte de haber pagado al FMI la deuda externa (incluso calificó a su marido como un “pagador serial”), mientras Argentina se niegue a pagar al Ciadi o a los bonistas extranjeros (por citar un caso), de cara al mundo nuestro país es un deudor, que no merece la confianza del crédito.

También es una buena señal para captar inversores, si bien la vigencia del cepo sigue siendo un palo en la rueda. Si bien –de concretarse el acuerdo- al menos se verá que la expropiación tuvo su contraparte, el tema de que los inversores no puedan sacar del país sus dividendos es un disuasivo.

Mucho tiene que ver este principio de acuerdo con España con los planes de Galuccio para atraer inversiones, que se complicaban por los recelos de las grandes multinacionales a involucrarse en una sociedad cuya propiedad se discute en tribunales. 

Desde su llegada a YPF, Galuccio puso entre sus principales objetivos al frente de la compañía alcanzar un acuerdo con Repsol para legitimar su gestión a los ojos de los inversores internacionales. Al principio encontró algunas dificultades, principalmente en Kicillof, que era viceministro de Economía y había sido el principal impulsor de la estatización de la empresa. Kicillof consideraba que la gestión de Repsol en la empresa local había sido tan mala que debía, incluso, hacer una retribución a la Argentina. 

Galuccio, que creció como empresario en el pensamiento liberal de Londres, siempre tuvo muy claro que debía alcanzar un acuerdo creíble para recuperar el prestigio perdido tras la estatización. 

Lo que se ha informado en forma oficial respecto de este avance en una solución es que se ha arribado a un principio de acuerdo acerca de la compensación por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF ocurrida en abril de 2012, sujeto a ratificación de los máximos órganos rectores de Repsol. Tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos, y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. El término “activos líquidos” es la clave del convenio, ya que abre la puerta a que tanto Repsol como la Argentina moderen sus pretensiones iniciales para lograr la firma de la otra parte.

La española, por caso, quería un resarcimiento inicial de 10.500 millones de dólares, que luego aumentó. Pero de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el pago rondaría los 5.000 millones, como quería originalmente el Gobierno argentino.

La Argentina, en tanto, se comprometió a pagar en “algo que Repsol pueda convertir fácilmente en dinero”, como explicó uno de los negociadores argentinos. Serán entonces bonos o herramientas financieras similares. 

YPF también tiene un gran negocio por delante, que es el yacimiento Vaca Muerta, que atraería millonarias inversiones y generaría miles de puestos de trabajo, siempre que se den aquí las condiciones para que las empresas confíen y desembarquen.

Ya lo decíamos al comienzo de este comentario: este principio de acuerdo era una buena noticia para la Argentina y lo es porque es un paso vital para conseguir inversiones que el país necesita, no sólo en el sector petrolero.

También lo sucedido parece una muestra más del giro de la política oficial, sale del discurso populista, demagógico y demonizante del mercado para empezar –no a entender porque siempre lo supieron- a acercarse a uno más realista, en el que no se claudican las creencias pero sí se aceptan y respetan las reglas del juego.

La presidenta Cristina Kirchner y su nuevo equipo económico están embarcados en un plan, se percibe un hilo conductor en lugar de las acciones espasmódicas a las que nos tenían acostumbrados.