No abramos esa puerta

La posible suspensión o postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y sus consecuencias en las próximas legislativas provocó esta semana un nuevo encontronazo entre el Gobierno y la oposición, entre acusaciones mutuas de intentar manipular el sistema electoral para mejorar sus chances electorales en octubre.

La reunión entre el ministro del Interior y los jefes de bancada del Frente de Todos y representantes parlamentarios de Juntos por el Cambio fue un primer intento de consensuar un cambio en el calendario electoral que se ajuste a la realidad sanitaria, ya que la votación en las Paso está prevista para agosto, cuando los expertos estiman que el país estaría transitando uno de los picos de la segunda ola de la pandemia y en regiones, como la Patagonia, todavía se registran inclemencias climáticas propias del invierno.

El encuentro generó tensión en la coalición opositora, ya que desde la Casa Rosada se lo presentó como un pacto consumado para cambiar las fechas, lo que fue desmentido por varios referentes. 

La situación generó dos debates: si es posible votar en medio de una pandemia y, otro más de fondo, sobre la utilidad misma de las Paso.

En el primer caso, los expertos coinciden en que es posible realizar votaciones masivas pese a las complicaciones que genera el coronavirus, garantizando la salud de la ciudadanía y adecuados niveles de participación y transparencia. Lo demuestran votaciones en EE.UU., Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, República Dominicana y primarias en Honduras. Ninguno de estos procesos, con protocolos de protección y cuidados (evitando aglomeraciones, ampliando horarios, obligando a usar barbijos y alcohol en gel, ventilando los locales, etcétera) estuvo asociado a un aumento de contagios ni muertes por coronavirus. De hecho, en la región habrá un "supermartes electoral" el 11 de abril con el ballotage en Ecuador, elecciones generales en Perú y la segunda vuelta de las regionales en Bolivia. La única excepción sería Chile, que preveía votar ese día convencionales constituyentes, gobernadores y autoridades municipales y el acto fue movido al 15 y 16 de mayo.

En el caso argentino, se debate entre postergar un mes las votaciones (septiembre para las Paso y noviembre para las generales legislativas) o, como pretende parte del oficialismo (sobre todo quienes están mal en las encuestas), directamente suspender el mecanismo, es decir no realizarlas este año. Los argumentos son sus elevados costos -se movilizan los mismos recursos que una general- y la poca utilidad de sus últimas ediciones, donde hubo listas únicas en las candidaturas importantes y se transformaron en una "gran encuesta" previa a la general.

Para sus defensores, las Paso democratizaron los partidos al fomentar la participación de independientes, debilitar el peso de los "aparatos" y ordenar la oferta electoral, limitando la cantidad de partidos, candidatos y estimulando alianzas.

De esta forma, posponer elecciones por razones sanitarias es factible, pero debiera ser un recurso de última instancia tras haber evaluado todas sus consecuencias políticas, fiscales y jurídicas, con fundamentos científicos y tener un amplio consenso político, evitando que un sector saque rédito político.

Por otro lado, "suspender" las Paso es otra cosa. Es cierto que el mecanismo mostró falencias y es mejorable (de hecho, Cambiemos propuso derogarlas en 2019) para garantizar mayor competencia interna, alternancia y renovación dirigencial. Sin embargo, el debate debiera realizarse lejos de intereses electorales mezquinos y de corto plazo, evitando alterar las reglas del juego democrático en pleno proceso electoral.

Nunca modificar el calendario electoral es una buena idea; abre una puerta que luego sería difícil de cerrar. Y la especulación de una situación epidemiológica peor que la del presente como fundamento para el corrimiento, es decir una hipótesis sin inferencias certeras, sería directamente habilitar todos los motivos posibles para hacer adaptaciones. Eso, para el político, es una tentación difícil de contener.

Si las Paso deben existir o no, si debe modificarse su reglamento o no, son análisis debidos y necesarios. Pero realizarlos ahora, y cuestionar su realización en este contexto, sería un deterioro institucional sin precedentes y de consecuencias impronunciables.