Malvinas, un objetivo irrenunciable

Los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes se apoyan en sólidas reivindicaciones territoriales, jurídicas e históricas. El reclamo de soberanía está respaldado por argumentos legales que se remontan a principios del siglo XIX y por ello la recuperación de la soberanía sobre este sector del territorio argentino, siempre conforme al derecho internacional vigente, constituye un objetivo irrenunciable.

Concluida la guerra del Atlántico Sur, en 1982, la Organización de Naciones Unidas dispuso que la cuestión Malvinas debía ser tratada en el marco de los procesos de descolonización. Varios años después, en junio del año 2018, el Comité de Descolonización del organismo internacional aprobó una resolución para pedir a las partes involucradas que retomen negociaciones por las islas. Desde entonces, los llamados para reanudar las conversaciones se reiteraron todos los años, pero la situación se mantuvo sin avances por la reticencia del Reino Unido. Cabe recordar que la ONU no considera a los habitantes de Malvinas como un pueblo independiente. En ese sentido la científica del Conicet, Pilar Llorens, que estudia los argumentos del Derecho Internacional que avalan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la Antártida, observa que si bien se consideran los derechos y necesidades de los isleños, este grupo de población "no constituye un sujeto de derecho internacional que pueda alegar su libre determinación, porque no son originarios sino que fueron trasplantados y están fuertemente vinculados a la potencia colonial".

Conforme a lo que establece la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el principio de la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de las Islas Malvinas, por la sencilla razón de que se trata de una población implantada por una potencia colonial que usurpó el archipiélago mediante el uso de la fuerza en 1833, expulsando a las autoridades argentinas que cumplían funciones en las islas. Es un claro caso de violación de la integridad territorial de nuestro país.

Por otra parte, también en el Reino Unido surgen voces que reconocen la legitimidad del reclamo argentino de soberanía. En abril de 2022, el periodista británico Simón Jenkins, firmó una columna de opinión en The Guardian en la que sostuvo que "la soberanía británica sobre las Malvinas es una absurda resaca imperial que debe terminar". En otro párrafo del mismo artículo plantea que "los isleños no son autónomos, ya que dependen de la buena voluntad de Gran Bretaña para su seguridad".

Los historiadores coinciden en señalar que el territorio reclamado es argentino por razones que se ajustan al Derecho Internacional, dado que desde el Tratado de Tordesillas pertenecieron a España hasta 1811 y Argentina las heredó, ocupó y ejerció su soberanía hasta 1833, cuando fueron usurpadas por el Reino Unido. Es necesario que nuestro país continúe sumando apoyos de la comunidad internacional en la defensa de la causa Malvinas a partir de los antecedentes históricos y jurídicos que fundamentan la defensa de los intereses nacionales. La diplomacia argentina debe redoblar sus esfuerzos para demostrar que la presencia del Reino Unido en las aguas del Atlántico Sur es ilegal.

En junio del año pasado, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, creado en 1961 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para supervisar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos bajo administración de antiguas potencias coloniales y para poner fin al colonialismo, reiteró el llamado al gobierno británico para que retome las negociaciones con nuestro país a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

El Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, que se conmemoró el pasado martes, fue propicio para recordar que en nuestro país el histórico reclamo de soberanía por las islas del Atlántico Sur ha adquirido el carácter de política de Estado, independientemente de los gobiernos nacionales de turno.

Por último, debemos coincidir con Pilar Llorens cuando observa que "el reclamo no es sólo sobre el archipiélago sino que, además, tiene una proyección sobre el espacio marítimo y sus recursos naturales. Esto habilita una mirada diferente no sólo sobre las islas y el conflicto, sino también sobre cómo concebimos el propio país. Argentina se piensa como un espacio territorial, como el Estado agrícola; no como un país marítimo. Sin embargo, si miramos el mapa, el espacio marítimo casi duplica al espacio terrestre. Esta perspectiva implica ampliar la proyección jurídica sobre cuestiones patrimoniales que son importantes para la supervivencia y la riqueza del Estado".