Los problemas de creer que el poder puede ser eterno

En Bolivia también se intentó una re reelección presidencial, como ha sucedido en Argentina en otras etapas (con Carlos Menem y con Cristina Kirchner quienes no llegaron a buen puerto con el proyecto). Evo Morales tampoco parece haber logrado el objetivo. Y decimos “parece” porque a tres días de haberse realizado el referéndum, aún el escrutinio no es definitivo. Algo tan sencillo como contar papeletas por el sí o por el no, ya ha demandado casi 72 horas. 

Un lentísimo recuento del Tribunal Supremo Electoral iría mostrando una ventaja del “no” en el referéndum de reelección y se situaba ayer con ocho puntos de diferencia sobre el sí, con el 84 por ciento de los votos escrutados. Un resultado que impediría la postulación del actual presidente a las elecciones de 2019. Es la primera derrota de Morales en las urnas en 10 años.

Pese a que, sospechosamente, no hay información oficial definitiva sobre la decisión popular, ya se sabe que el “no” se habría impuesto en todas las grandes ciudades del país, a excepción de El Alto, uno de los bastiones históricos del gobernante. Morales sólo pudo imponerse en tres de los seis departamentos del país (Cochabamba, Oruro y La Paz). Los seguidores de Evo hablan de “empate técnico” pero las consultoras privadas desmienten esta situación. Bien lo sabemos en Argentina: cuando tardan en aparecer públicamente los implicados en una contienda electoral, es sinónimo de derrota. Y si después de tres días de escrutinio se diera a conocer un triunfo de la propuesta de Morales, nadie dudaría en pensar en un fraude.

El proceso no parece demasiado transparente, sobre todo porque no pueden pasar tres días para escrutar boletas donde sólo hay una con el “sí” y otra con el “no”. Más sencillo, imposible. Y además no es menor el dato de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) puso algunas objeciones a la consulta y pidió una auditoría del padrón electoral. Esto, sumado al silencio de Evo Morales respecto de los resultados agita, los fantasmas de maniobras electorales, aun cuando a esta altura sería un suicidio político.

A esta instancia se llegó porque el oficialismo aprobó a finales del año pasado la ley que habilitaba la consulta para reformar el artículo 168 de la Constitución, que amplía de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos. Si Morales conseguía el aval popular, podría postularse en 2019 y, en caso de ganar esos comicios, permanecer en el poder hasta 2025.

Morales insiste aún ahora diciendo que es “optimista” y recordó lo sucedido en el referéndum revocatorio celebrado en 2008, cuando los resultados preliminares apuntaban a una derrota de Morales, que finalmente salió victorioso. En este caso parece que es adverso, pero el presidente no querría ver esta realidad y dilata su aparición post electoral.

Evidentemente, aun oficializada la derrota, es dable reconocer que gran parte de la población boliviana admitiría un tercer mandato de Morales, lo que habla de conformidad con la gestión. Realmente, ha demostrado ser un mandatario de fuste, sin dejar de reconocer que el contexto internacional ayudó al éxito del caso Bolivia. Como sucediera oportunamente con el petróleo y Chávez o con la soja y Néstor Kirchner, el gas ha sido un recurso estratégico para el florecimiento de la economía boliviana.

De todos modos, una buena administración no es motivo suficiente para perpetuarse en el poder. Además de que, a la larga, los vicios de un mismo grupo en el gobierno por muchos años terminan deteriorando no sólo el modelo sino, y sobre todo, la calidad y la eficiencia. También en Pergamino podemos dar cuenta de ello: con sus más y sus menos, Gutiérrez fue ratificado en tres ocasiones, lo que habla de una administración exitosa. Sin embargo, la nueva gestión hoy lucha con las mañas enquistadas en el aparato municipal tras muchos años de trabajar “al gusto” de un mismo jefe.

Una población que mejora en sus condiciones sociales también se convierte en más exigente. Quizás por eso, tras muy buenas primeras gestiones de líderes en la primera década del Siglo XX, en general los pueblos latinoamericanos –incluido por supuesto Argentina- se han manifestado en contra de las reelecciones indefinidas o a ampliaciones de mandatos más allá de lo estipulado por la ley. La gente entiende que ello va en detrimento de la calidad democrática, que es lo primero que valoran los habitantes cuando ya han podido lograr su bienestar personal.

La cuestión de fondo es, en este caso y en todos los que conocemos, que el poder para poder ejercerse con responsabilidad debe tener condiciones, debe tener un plazo determinado (un triunfo y una sola ratificación como se estila), debe existir oficialismo y oposición visibles y libres de expresarse (sobre todo la oposición) y debe existir una férrea responsabilidad para gobernar (porque se administran fondos que son de todos los ciudadanos).

El poder es un afrodisíaco que genera dependencia y para mantenerlo a través de los años, es necesario tanto contar con la bendición popular como con una estructura de personas que actúen como escudo de protección. Sostener el beneplácito de esas personas suele implicar favores, compromisos, gentilezas, de índole política, económica y judicial. Todas estas situaciones atentan directamente contra la eficiencia del Estado y la calidad de la democracia. Además, aparecen gestos vinculados con la sensación de omnipotencia,  de autoritarismo para con opositores o los que piensan distinto, confundir Estado con Gobierno y éste con el bolsillo propio y las responsabilidades, que en un principio están por delante, luego se terminan relajando. Es como el famoso cuento “El nuevo traje del emperador” (de Hans Christian Andersen o del Conde Lucanor, no está clara la autoría) sobre el soberano que creyó en la fama de unos confeccionistas que en realidad eran unos charlatanes y les encargó un atuendo que nunca realizaron, pero le hicieron creer que trabajaban en ello día y noche. Luego, mostrándole nada, le hicieron creer que era un traje que sólo podía ser visto por ciertas personas. Y por temor o por condescendencia, nadie se animaba a decirle que no llevaba ningún traje puesto, ni él mismo lo reconocía.

Precisamente para que estas cosas no sucedan están las leyes electorales que establecen cómo se administra el poder en cada nación. 

En la Argentina, desde hace años, se viene debatiendo sobre las reformas que aun necesita nuestra normativa, si bien el tema de la reelección presidencial está bien definido y desde 1994, con la reducción a cuatro años del mandato, se ha logrado un estándar deseable ya que permite a los mandatarios auditar el rumbo de su gestión y ser desestimados o ratificados por cuatro años más, para continuar en el camino iniciado. 

Pero algunas gobernaciones provinciales y sobre todo los intendentes (hablando de cargos ejecutivos) siguen habilitados para ser reelegidos indefinidamente. Y es así como en tantas comunas, en el Conurbano y en gran parte de ciudades del interior del país, los intendentes se eternizan, pasan tres, cuatro, cinco y hasta más períodos y la calidad de gestión se deteriora visiblemente más allá de un segundo período porque empiezan a ejercerse los vicios a los que hacíamos referencia anteriormente y que baja como una mancha envenenada hacia toda la administración comunal, tornándola lenta e ineficiente. Se termina llenando las municipalidades de seguidores al intendente, algunos de los cuales trabajan y otros, no. Ya que en definitiva con la militancia se cree que se cubren las necesidades del jefe político y cobrar un salario sin tarea concreta (que todos pagamos a través de las tasas) termina siendo algo normal. 

Todos los sectores del poder debieran tener, en el caso de los cargos ejecutivos, su plazo definido, los intendentes también. Tema que veremos cómo se aborda a la hora de la reforma electoral, ya que los legisladores en líneas generales responden a los jefes comunales y tratan de que el tema no sea tratado. Pero ya nada pasa desapercibido en una sociedad que está cansada de las estrategias engañosas, de los discursos vacíos y floridos y de las mañas de la política.