Los negocios de Báez con los Kirchner, otra vez en el tapete

Nuevamente se han puesto sobre el tapete los negocios del matrimonio Kirchner, que en algunos aspectos están ligados al nombre de Lázaro Báez, amigo íntimo de la familia y principal contratista de obras del sur del país. 

En realidad, Néstor y Cristina Kirchner desde que se fueron al sur siendo muy jóvenes y recién recibidos de abogados, se dedicaron a los negocios, principalmente inmobiliarios. Esta actividad, para ser sinceros, no comenzó cuando se dedicaron a la política rentada sino antes, lo que les permitió amasar cierta fortuna que, también sin faltar a la verdad, fue varias veces incrementada desde la llegada de Néstor a la gobernación. Para cuando llegaron a la presidencia ya eran varias veces millonarios. 

En sus comienzos, los mayores ingresos los conseguía a partir de la compra de hipotecas en los bancos para ser los ejecutores de las mismas. Es posible que en esas circunstancias hayan iniciado sus lazos comerciales con el por entonces bancario Lázaro Báez

La actuación del próspero empresario santacruceño en la administración de los dineros K saltó a la opinión pública de la mano de Jorge Lanata, si bien en la provincia sureña esta relación siempre fue más que obvia. Hasta la denuncia periodística los argentinos sabíamos de la amistad entre ambas familias, de negocios compartidos y de una abierta predilección por las empresas de Báez en las licitaciones, al menos mientras existía competencia, porque al cabo de algunos años y de turbias maniobras, Austral Construcciones pasó a ser prácticamente la única oferente en los procesos licitatorios provinciales y luego en otros territorios patagónicos.

En abril, el empresario cultor del bajo perfil, cobró vuelo mediático junto con los nombres de Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Eduardo Pérez Gadín y Fabián Rossi. Se lo sindicó como principal eslabón y mentor de la “Ruta del dinero K”, como se definió al sistemático entramado utilizado para “lavar” –supuestamente- el dinero de los negocios particulares de la familia Kirchner en sociedad con Báez.  

El tema pasó por diferentes instancias judiciales, ocupando espacios relativos en la agenda periodística, hasta que volvió a ser titular en estos días por dos motivos. Primero, por la suspensión del fiscal José María Campagnoli, que investigaba el caso, y luego porque en las últimas horas se conoció que siete empresas de Báez firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos por los que se comprometieron a pagar 935 habitaciones por mes en el Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos, durante al menos 2010 y 2011, sin importar si en efecto sus empleados o cualquier otro invitado se hospedaban allí. 

También se supo que Báez pagó al menos 3,2 millones de pesos – a través de su gerenciadora Valle Mitre- al expresidente Néstor Kirchner en concepto de alquiler de la hostería Las Dunas, un establecimiento también ubicado en El Calafate.

El empresario ultrakirchnerista desembolsó 14,5 millones de pesos por los alquileres de los tres hoteles, siempre entre 2010 y 2011, es decir, durante el mismo período en que acumuló contratos de obra pública nacional. Huelgan las palabras para explicar de qué se trata esta maniobra.

Ante estas publicaciones, el abogado de Báez, Juan Pablo Gregori, se presentó en el Juzgado y solicitó una medida cautelar para “resguardar la confidencialidad de la información contable y comercial”, según consta en la copia de su presentación que el propio Báez difundió entre la prensa. 

Asimismo el empresario solicitó una medida cautelar ante la Justicia para impedir cualquier medio de comunicación en cualquier soporte -gráfico, radial, televisivo o por Internet- publique nueva información sobre los millones de pesos que entregó al matrimonio Kirchner en concepto de alquileres en sus tres hoteles de Santa Cruz durante los últimos años. Báez pidió además que la cautelar se extienda en beneficio de las empresas con las que la firma Valle Mitre, que reconoció de su propiedad, “se encuentra vinculada comercialmente”. Es decir que la medida proteja a las sociedades y hoteles de los Kirchner. El empresario presentó su pedido en Río Gallegos, y consideró que los medios que publican estas informaciones incurren en la violación del secreto fiscal de Valle Mitre al difundir cuestiones contables y tributarias de esa empresa, a la que hasta ahora jamás había reconocido como propia en los registros societarios.

La presentación de Báez generó el inmediato repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, que agrupa a los principales diarios del país, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y de múltiples dirigentes políticos, al considerar que configuraría un intento de censura previa. De todos modos, si bien es una clara obstrucción al trabajo de la prensa, aquí lo que verdaderamente importa no es el tratamiento periodístico sino que estos datos no sean “interferidos” del mismo modo en su tratamiento judicial.

Báez extendió su pedido más allá. Reclamó que “se ordene a los organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisual, periódicos o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa o de sus autoridades o propietarios o de algún organismo público en que obrare tal información”.

Habrá que analizar si se trata de un caso de censura previa, la que obviamente repudiamos en cualquiera de sus formas. Sin embargo es de advertir que quienes tienen obligaciones de transparencia para con los ciudadanos son quienes detentan el poder, no así debiera ser pública la información sobre privados en cuanto a sus ganancias. En todo caso, si hay negocios entre la presidenta y Lázaro Báez, es la mandataria a quien se debe investigar y en consecuencia aparecerá información sobre el empresario, pero no al revés, como pareciera ser este caso.

No obstante, estando tan claro el vínculo entre ambas familias, la actitud de Báez suma a la sospecha generalizada de una relación comercial que, por tratarse de funcionarios públicos, debe ser investigada, sobre todo cuando algunos de los negocios mencionados no figuran en las declaraciones  juradas de Néstor y Cristina.

Es decir, no se empezó por el lado correcto del ovillo, pero lo importante sería que se desenmarañe, de cualquier modo.