Los jubilados siempre pierden

El sistema previsional está en la mira hace tiempo. Se ha transformado en un problema estructural para cualquier gobierno y de cualquier orientación ideológica. Hasta ahora, el sistema político no lo quiere resolver de manera integral.

Las jubilaciones y pensiones representan el 54,5 por ciento del gasto público primario. Para algunas miradas, esta situación es inviable desde el punto de vista fiscal. Para otros el problema no es el impacto fiscal, sino que el país no crece ni se desarrolla.

No faltan tampoco los que plantean urgentes reformas (parches): achatamiento de la pirámide (a contramano de los fallos de la Corte Suprema de Justicia), cambios de la fórmula de movilidad de haberes, ampliar la edad jubilatoria, licuar progresivamente los ingresos de los que no hicieron aportes en tiempo y forma, separándolos del resto de los jubilados y hasta los que quieren cambiar el sistema de seguridad social, progresivo y equitativo en manos del Estado. Esto último sería lo más lógico pero sería lo más difícil dados los antecedentes escandalosos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp).

Más allá de quien gobierne en la Argentina, lo que está fuera de discusión es que en términos generales nunca favorecerán a los jubilados, que no tienen oportunidad alguna de dar vuelta la ecuación. Siempre están del lado de los que pierden por más que el país crezca (una situación cada vez más extraña) o caiga en un abismo, como sucede en la actualidad. El fracaso del sistema previsional es el fracaso de la política, de los presidentes de antes y de ahora, de los legisladores de antes y los de ahora, y queda al descubierto con tan solo una observación a la clase pasiva. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo básico en torno a la actualización de las jubilaciones y pensiones, una necesidad imperiosa en un contexto inflacionario como en el que vivimos desde casi siempre? ¿Por qué un peronista, un radical, un socialista y un dirigente de la derecha no pueden ponerse de acuerdo cuánto pagarle a un abuelo para que tenga una vida digna, pueda ir a comprar alimentos al supermercado, pagar sus remedios, visitar a su familia, entretenerse con sus amigos y hacer un viajecito de vez en cuando?

Triste ver que los legisladores, de Pergamino, de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, no puedan coincidir al menos en los ingresos de los jubilados. Hasta el año 2015 había una forma de resolver la política previsional. Hace tres años y pico se impuso una nueva fórmula -en el Congreso, ante protestas de unos violentos que arrojaron toneladas de piedras- para aumentar las jubilaciones, la cual a fines del año pasado quedó, por acción de un decreto, desactivada. Vaivenes que no se pueden entender, más allá del déficit crónico de las cuentas públicas, porque se trata de los ingresos de los adultos mayores, la mayoría de los cuales hizo un sustancial aporte durante su vida activa para solventarse su retiro y, solidariamente, el de sus contemporáneos.

A casi un año de la vigencia de un esquema de actualización previsional discrecional, que depende del buen o mal humor del presidente, se otorgó un mísero incremento del 5 por ciento a partir de diciembre. La inflación de octubre fue de casi 4 puntos, es decir que la mejora apenas alcanza para empatarles a los incrementos registrados por los bienes y servicios en un solo mes. Un disparate desde donde se lo mire. Una falta de respeto. También indigna que se anuncie la suba de jubilaciones y pensiones como si fuera un acto de gobierno épico cuando, en realidad, se trata de una violación de los derechos humanos de quienes transitan la adultez mayor. Más indigna aun cuando se habla de esfuerzos mayúsculos para afrontar la crisis económica y pandémica mientras el Estado no para de engrosarse, creando nuevas áreas y direcciones cada mes, cada una con sus nombramientos y honorarios, además de tener que escuchar tales cosas en boca de funcionarios que no hicieron el mismo esfuerzo que esgrimen puesto que no bajaron un peso sus sueldos.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para modificar la fórmula de actualización previsional. El director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteño, Eugenio Semino, consideró que la fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo no fija una compensación de haberes, a pesar de que perdieron un 40 por ciento de poder adquisitivo entre 2017 y 2020. Si prospera esa iniciativa, los haberes en lugar de ajustarse por inflación, subirán a partir de una fórmula combinada entre el índice de salarios Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y la variación de la recaudación.

Según Semino, hay cuatro millones de jubilados que ganan 18.000 pesos y los dos millones restantes perciben una media de 26.000 pesos, cuando la canasta del adulto mayor, con gastos de vivienda, supera los 45.000 pesos. Según cálculos de especialistas en el sistema previsional, incluyendo el último aumento de septiembre, en los últimos tres años las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8 por ciento y las más altas un retroceso del 21,8 por ciento.

Con la fórmula de movilidad oficial propuesta, en la Anses proyectan que en 2021 las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán un aumento del 11,9 por ciento en marzo y del 18,2 en septiembre. Entre diciembre 2020 y diciembre 2021, sería un aumento del 32,2 por ciento, superior al 29% que prevé de inflación del Presupuesto Nacional para el año próximo, una estimación que rara vez da en el clavo. Si se cumplen estas proyecciones, las jubilaciones y prestaciones sociales tendrían, punta a punta, una pequeña mejora.

Pero el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta para 2021 una inflación muy superior: 48,9 por ciento. Si se da esta perspectiva, el retroceso en los haberes jubilatorios sería aun peor.

La política está en deuda con nuestros jubilados. El sistema previsional hace agua por todos lados. Se crean fórmulas de actualización de haberes que siguen un crecimiento económico para un país que decrece. Se proponen fórmulas de aumentos que siguen a la inflación, en un país inflacionado que inflaciona todo el sistema.

Con un mercado laboral informal, pauperizado, con desempleo, cambio permanente de reglas de juego y alta carga impositiva, no se puede sustentar por sí mismo el sistema de ahorro previsional en manos del Estado. Tampoco se sustentó el sistema privado porque el sistema financiero se llevó la tajada más importante de las jubilaciones. Estamos ante una dinámica en la cual estamos debatiendo todo el tiempo -según pasan los gobiernos- y no resolvemos el problema de fondo.

Urge la definición de una política previsional estructural para ir hacia un sistema que esté a la altura de las circunstancias y de nuestros viejos. Tal vez, el desafío es generar las condiciones que nos permitan combinar diferentes tipos de ahorro: privado del individuo (es injusto que la totalidad de los aportes, especialmente los más altos, vayan a un pozo común de reparto), una pensión básica universal del Estado y componentes de aportes del trabajador activo, dentro de un país normal.