Los gremios endurecen posiciones y la paz social se puede ver comprometida

Los conflictos gremiales van escalando en la Argentina y dos motivos poderosos los generan: los de índole política frente a un año en el cual se define la sucesión del kirchnerismo y los de índole económica, ya que la inflación está haciendo estragos en quienes reciben salarios fijos, además de en el resto de la economía.

Los docentes ya han transformado el paro en una huelga salvaje. No  porque no tengan derecho a reclamar sino porque dos semanas sin clases al inicio del año, sólo para discutir puntos más o menos, parece ya una excusa endeble.

Después de que el juez Francisco Terrier dictara una medida precautelar instando a los docentes a volver a clases y al Gobierno bonaerense a reabrir la paritaria, el entorno del gobernador Daniel Scioli había instalado la idea de que la protesta podía empezar a desarticularse. Sin embargo, el panorama resultó ser muy distinto: la gran mayoría de los maestros desafió la medida judicial y no concurrió a las escuelas y la nueva convocatoria a la mesa de negociaciones de ayer fue un nuevo rotundo fracaso.

Nuevamente el Gobierno bonaerense ofertó a los docentes un aumento del 30,9 en dos tramos para el maestro que recién se inicia, con la novedad de reabrir la paritaria en septiembre de acuerdo al índice de inflación, pero la propuesta fue rechazada por los gremios que consideraron que “no hubo propuesta nueva”. 

A esta altura de los hechos, las opiniones en la sociedad se van diversificando entre quienes siguen apoyando rotundamente a los docentes y quienes han virado desde esa posición inicial a una más contemplativa de la realidad: comprenden el reclamo pero no la modalidad. Entienden que el mayor perjudicado es quien no tiene capacidad de resolución del conflicto: el alumno. Un relevamiento que publicaron ayer varios medios nacionales, de los 180 días que marca la ley, el conflicto docente ya los redujo a 165. Así, comparativamente con países, la provincia se coloca a la altura de Haití y podría alcanzar el nivel de Bolivia, donde el año lectivo tiene 160 jornadas. Esto no define en sí mismo un estándar, simplemente lo citamos debido a que los 180 días de clases han sido una premisa del plan educativo de la “década ganada” planteada por Cristina Kirchner.

Es dable aclarar que no sólo en Buenos Aires los chicos están sin clases; también los maestros hacen paro en Chubut, Tucumán y Corrientes.

Pero por proximidad, afectación y sobre todo por conocer el pensamiento de los protagonistas, el caso bonaerense nos permite hacer una lectura entrelíneas. Por un lado, se adivina desde el lado del Gobierno una intención -que podemos suponer que hace base en la imposibilidad de pagar lo que se pide- de buscar el encono social hacia los docentes por la modalidad de reclamo para lograr que esa presión los devuelva al aula, que es ahora la prioridad.

Por otro lado, el costado político. Como puede verse, hasta el momento el Gobierno nacional no ha emitido palabra sobre este asunto, mucho menos acercado una mano a Scioli. Esto demuestra que el gobernador no es una figura que la presidenta desea proteger, ni siquiera cuando se trata del destino de la provincia más importante del país, cuya paralización repercute ampliamente, y a la cual la Nación le debe dinero. Si otro fuera el clima político, ya Scioli habría recibido el apoyo y el giro de dinero para salir de este escollo. En cambio, parece que la intención es esmerilar su imagen positiva para truncar sus aspiraciones presidenciales. No deberá sorprender, no obstante, que en breve aparezca un salvataje desde la Nación, que a esta altura de la situación no será políticamente redituable para Scioli, al que tildarán de incapaz en comparación con una presidenta que todo lo soluciona. Es una especulación, pero tiene asidero porque ya ha sucedido en otras ocasiones.

Pero no terminan allí los conflictos gremiales en la Argentina. El tándem que conformaron Hugo Moyano y Luis Barrionuevo ha superado sus primeras fisuras (otras vendrán seguramente) y ha definido la fecha del paro nacional “contra el ajuste”: será el jueves 10 de abril. Consistirá de una huelga general en todo el país pero sin acto ni movilización. 

Con el conflicto docente en ebullición, Moyano propuso inicialmente activar el paro cuanto antes y después evaluar cómo seguir con el plan de lucha. Luego modificó su postura al conocer que el 4 y el 5 de abril sus aliados de la CTA opositora y de los estatales de ATE tendrán un congreso nacional en Mar del Plata. Barrionuevo, en cambio, sugirió como fecha la segunda semana de abril, aunque con la idea de concatenar el siguiente plan de lucha: un paro general de 24 horas, otro de 36 con una movilización y, por último y en caso de no haber respuestas desde el Gobierno, un paro más, pero de 48 horas. Y Roberto Fernández, líder de los colectiveros de la UTA, y Maturano de los ferroviarios, quienes actúan en bloque como un tercer sector, se mostraron más dispuestos a acompañar la alternativa que volcó el jefe de los camioneros. Consideraron demasiado combativa la propuesta del gastronómico.

La cuestión gremial se ha puesto claramente dura y la paz social puede peligrar con tanto desencuentro entre sindicatos y el oficialismo. No sería la primera vez que vivimos estas alternativas y sabemos cómo culminan.