Los argentinos quieren la pena, pero también recuperar el dinero de la corrupción

Mientras Lázaro Báez lleva un mes detenido en el Penal de Ezeiza y se negó a declarar ante el juez Sebastián Casanello que lleva la causa de los sobreprecios en la obra pública o “ruta del dinero K”, como se lo ha dado en llamar, el reclamo social avanza un paso más: la recuperación del dinero usurpado.

Para seguir adelante en esta megacausa y otras que puedan aparecer por corrupción, el derecho argentino necesita algunas herramientas más concretas que las que tiene actualmente, no sólo en el plano penal, sino en la esfera civil de modo que se pueda recuperar lo estafado al Estado.

Al existir la figura del arrepentido (o imputado colaborador, tal su nombre formal)  para casos de lavado de dinero, Leonardo Fariña pudo ser ingresado en el sistema de testigos protegidos después de describir con pelos y señales los bienes de Báez, la operatoria del delito preexistente al lavado (el sobreprecio de la obra pública y las que se le pagaron y no realizó), los intervinientes en las maniobras y el proceso de lavado mismo.

Esto provocó una serie de allanamientos en la provincia de Santa Cruz en propiedades de Báez. Si bien la gente se prendió por horas a la pantalla de TV, morbosamente esperando que se encontrará un galpón lleno de billetes, el juez fue muy claro en relación al fin perseguido con estos procedimientos: hacerse con un registro de los activos del imputado. La exorbitante cantidad de propiedades, inmuebles y vehículos, hallada (ahora, sin que antes los organismos de control como Afip o UIF detectaran nada) puede utilizarse como una forma de recupero del dinero, si es que no se encuentra el dinero físico. Porque está claro que el mal manejo de esta causa está planteado en que todo se filtra a la prensa, antes del momento que corresponde. De este modo ¿quién puede pensar que habrá dinero en bóvedas cuando hace tres años que el expediente está ociosamente abierto? Fueron los allanamientos más promocionados de la historia (antes, durante y después). Nadie en su sano juicio dejaría el dinero a la espera de la llegada de los agentes de la fiscalía.

Ante esta situación, el objetivo del magistrado es recuperar activos, es decir la recuperación para el Estado de bienes obtenidos a partir de prácticas corruptas, lo que se denomina “extinción de dominio”, que es un recurso muy importante contra la corrupción, pero que aún no está legislado para este tipo de casos de corrupción.

Con la extinción de dominio, cuyo proyecto de ley está siendo consensuado en el Congreso Nacional, se crea un nuevo instrumento jurídico mediante el cual el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado. Esa herramienta es distinta de la del decomiso, que hoy ya está prevista en el Código Penal, pues en este caso el castigo recae sobre el sujeto. En cambio, la extinción de dominio, que es una acción legal pero de naturaleza civil, se dirige a los bienes de origen ilícito más allá de la responsabilidad criminal del individuo.

Es más que interesante que se apruebe esta ley que podría llamarse de “recuperar lo robado” para que el Estado pueda dar a esos bienes diversos fines, sociales, educativos, de salud o de seguridad.

Respecto de la ley del arrepentido, en su extensión a otros delitos que no sean lavado de dinero, porque la corrupción es más amplia que este delito. Lo que también llamamos “delación premiada”. Se trata de un instituto que ya se encuentra en nuestra legislación para los casos de narcotráfico, secuestros extorsivos y terrorismo y el delito de lavado de dinero. Sin embargo, ello no ha sido lo habitual, por lo cual desde el Gobierno se propicia una ley aún más específica para estos casos de lucha contra la corrupción.

En nuestro país, las prácticas corruptas se diluyen en investigaciones judiciales que nunca avanzan y que terminan archivándose debido al paso del tiempo en Comodoro Py. Esta es una realidad que muchas veces hemos planteado en esta misma página, tantas que las esperanzas de los ciudadanos estaban casi agotadas cuando comenzó esta suerte de “mani pulite” argentino.

Recuperar el dinero de la corrupción, en una megacausa de la importancia de la que involucra a dos presidentes de nuestro país es más importante de lo que a priori podría resultar. Porque es el cierre real y cierto de un caso de corrupción: recuperar para el Estado lo robado, lo que pertenece a todos los argentinos y que algunos pocos se llevaron en maniobras delictivas. Sería un broche de oro que todos veríamos de buen grado. 

Tenemos que tener en cuenta ejemplos en la región, de donde nos llega la noticia de que Brasil ha recuperado en 2015 casi 125 millones de dólares desviados al exterior por la corrupción, superando en ocho veces el total acumulado entre 2005 y 2014. La verdad que es un ejemplo a tener en cuenta en cuanto a la lucha contra ese tipo de delitos con fondos públicos.

A esa cifra se ha llegado por el aumento de los convenios establecidos por la justicia de Brasil con Suiza y también por el aporte de las denominadas delaciones premiadas o arrepentidos de algunos de los partícipes de la enorme red de corrupción protagonizada fundamentalmente por la petrolera estatal Petrobras y poderosas empresas constructoras. Aparte de presos que van desde funcionarios a privados, está tratando de que se recupere el dinero robado. 

Ojalá en la Argentina podamos en el futuro decir lo mismo.