Leyes oportunistas pero que igual significan un paso adelante

El presidente Mauricio Macri decretó la inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento del proyecto conocido como Ley Micaela, a pedido también de los legisladores. La propuesta busca establecer una capacitación obligatoria en violencia de género para todos los integrantes de los tres poderes del Estado.

Así es que en Diputados ayer, en pleno período extraordinario, se debatió este proyecto.

¿Haber sacado de los cajones esta norma cuánto tiene que ver con el momento que se vive en cuanto a denuncias de abuso de tanto impacto en el ambiente artístico y político? Todo tiene que ver, esa es la verdad, porque nuestra clase política es oportunista y se desespera cuando ve alguna posibilidad de obtener un rédito. Y en esto no hay oficialistas ni opositores, ambos quieren estar en el candelero con los temas del momento.

En el caso del oficialismo hay una ventaja adicional en el tratamiento de casos, aunque lamentables, de alto perfil, porque se producen en medio de un diciembre con una profunda crisis económica, mientras la gran mayoría de la gente está más o menos pendiente de casos como el de Juan Darthés y su posible violación a una actriz cuando tenía 16 años; un senador provincial que renunció y uno nacional que está en la picota, ambos denunciados por abuso y un funcionario que se ahorcó en San Pedro tras una denuncia de violación en las redes sociales.

Al fin, el tratamiento de un proyecto que tiene su importancia, tal vez no su urgencia porque el efecto real es de largo plazo (hablamos de una capacitación) llega luego de la conferencia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices que acompañó a Thelma Fardin, quien denunció al actor Juan Darthés por violación, y que movilizó a diputados de todos los bloques a volver a impulsar una agenda de género para debatir de manera urgente.

Sin embargo, aun por oportunismo político, es muy importante que la ley se trate y más aún que se apruebe. Porque es sin dudas un paso adelante y un beneficio para las mujeres.

La ley contiene un Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado como “Ley Micaela García”, en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.

La decisión, plasmada en el Decreto Nº 1.135/2018 del Boletín Oficial, se conoció una semana después de que diputados de distintos bloques reclamaran al Ejecutivo, a través de una carta pública, la necesidad de que el proyecto se incluya en el temario de sesiones extraordinarias.

El Gobierno decidió así enviar al Congreso una ampliación del temario previsto para extraordinarias, y Cambiemos lo incorporó a la sesión especial de ayer en que también se trataba al cierre de este artículo la iniciativa contra los barrabravas.

El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página Web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.

El nombre de Micaela García al proyecto no fue por azar sino porque fue la víctima de un brutal femicidio en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Es un reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables. Tenía 21 años cuando fue asesinada por Sebastián Wagner. La joven estudiante de educación física fue secuestrada durante la madrugada, cuando volvía a su casa después de haber ido a bailar. En el camino fue interceptada por un auto en el que iban Wagner y Néstor Pavón que, según la declaración del primero, habían salido de “cacería”.

El femicidio conmocionó al país, después de que se supo que Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero gozaba de libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi. La polémica medida le valió al juez un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones y provocó que el Congreso Nacional vote un proyecto de ley para evitar este tipo de salidas anticipadas. Pero el juez al fin fue considerado inocente durante el jury que se le practicó tema que no es menor, porque al fin el magistrado demostró que actuó a derecho. Eso demuestra que es fundamental modificar las leyes como se ha hecho con los violadores a los que ahora no se les permiten salidas anticipadas.