La universidad pública y gratuita, mitos y verdades

Con una inflación del 19,6 por ciento en lo que va del año, el techo salarial para los docentes universitarios del 15 por ciento es a todas luces insuficiente. Muy similar a lo que sucede con los maestros bonaerenses. Es el ajuste y está pegando fuerte en la educación, porque hasta el año pasado el salario de los universitarios logró ponerse a tono con la inflación con un aumento del 22,63 por ciento y con la cláusula gatillo cerrada en febrero, que alcanzó el 2,27.  También hay varios edificios de las altas casas de estudios a las que les cortaron el gas por falta de pago, sin mantenimiento algunos aunque también maltratados también por quienes los usan, digamos todo.

Al resultar tan exiguo el aumento, cuando se llamó al paro, más que críticas como recibieron en otras oportunidades se generó un cierto consenso de comprensión en la opinión pública, según marcan los sondeos realizados en estos días. Y la verdad es que por primera vez en muchísimos años, la medida de fuerza es acatada por la amplia mayoría de los docentes. Un dato interesante acerca del nivel del conflicto, que desde el Ministerio de Educación minimizan.

Lo complejo de los ajustes que se vienen realizando es que el Gobierno está en un cuello de botella y está obligado a reducir gastos a como dé lugar, aun cuando no logren reparar ninguno de los problemas de los más vulnerables y, lo que es más complejo para ellos, perdiendo el apoyo de los sectores medios con los que llegaron al poder. Porque si hacemos un corte entre los docentes universitarios, el voto a Mauricio Macri resultaría ampliamente mayoritario.

Los paros vienen acompañados de protestas que acompañan la huelga docente universitaria, iniciada a comienzos de este mes; adoptaron diversas formas, que incluyeron el dictado de clases en la vía pública, caminatas por los barrios donde se encuentran las sedes universitarias, abrazos a los edificios donde se desarrolla la educación superior libre y gratuita, tomas simbólicas de edificios y marchas.

Pero la política tiene sus paradojas, porque mientras María Eugenia Vidal anunció  a principios de mes que inaugurará en Escobar un colegio pre universitario basado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, elegido como modelo por su calidad educativa, los más de 2.000 adolescentes que asisten a esa escuela, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, habrán sufrido, mañana, 25 días de paro en lo que va del año. También se inaugurará un colegio preuniversitario en Junín dependiendo de la Universidad Nacional del Noroeste -Unnoba- y posteriormente podría suceder lo mismo en la sede Pergamino. En fin que todos los preuniversitarios pasan por lo mismo sucede con el Colegio Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires e Ilse, dependientes de la UBA, el Nacional de La Plata de la Unlp, el Nacional de Monserrat de la Universidad Nacional de Córdoba y con muchos de los más de 60 colegios preuniversitarios del país y sus casi 40.000 alumnos, que desde principio de año en muchos casos ya acumulan más de un mes sin clases en medio de la negociación salarial que enfrenta a los 190.000 docentes universitarios. Pero la cantidad de estudiantes más afectada es la que asiste a las 57 universidades públicas del país, en las que las medidas de fuerza se dan con acatamiento dispar. Se trata de más de un millón y medio de estudiantes.

En realidad lo que viene sucediendo tiene que ver con varias cuestiones: una es que debemos asumir de una vez y para siempre que nuestra universidad pública, al tiempo que es sin lugar a dudas un baluarte para el progreso y un derecho ya inalienable de los ciudadanos, no es gratuita. Porque que para concurrir no haya que pagar, no quiere decir que a los argentinos no nos cueste un peso. Es es el primer mito a derribar: tenemos universidad pública pero no gratuita.

Que no se les cobre a los alumnos por su formación profesional -como sucede en casi todos los países del mundo- no quiere decir que las altas casas de estudio se mantengan solas; nosotros con nuestros impuestos las pagamos. Sostenemos como sociedad la universidad porque sabemos que los estudios son una herramienta formidable de ascenso social, sobre todo para quienes provienen de sectores de bajos recursos.  Pero la circunstancia que destacamos no habilita a la irresponsabilidad de que se haya levantado una universidad en cada distrito del Conurbano como se ha hecho, en algunos casos a 20 cuadras una de la otra. Se puede garantizar la accesibilidad de otras maneras.

Aquello que fue planteado como una “mejora” para la educación pública no es más que un uso ineficiente de los recursos. Porque cada universidad que se habilita implica incorporar directivos, claustro docente, de maestranza, administrativos, y pagarles un sueldo que a cada uno para una matrícula escueta en relación al gasto, un cúmulo de alumnos que si no viven cerca de una casa se les puede becar el transporte, lo que sería mucho más conveniente que montar y sostener una nueva estructura.

Defender y cuidar la universidad pública, tal se reclama por estos días, también es ser eficientes en el uso de los recursos; abriendo más universidades, una tan cerca de la otra, no hay presupuesto que alcance.

Otra cuestión, que se relaciona con la anterior, es que las universidades deben estar bien administradas, sin derroches ni exceso de contrataciones, deben cuidar sus gastos porque por un lado plantean que no pueden pagar el gas y se lo cortan, pero dos por tres tenemos algún ejemplo de gastos exorbitantes, que vienen a cuento de que hay universidades (la Unnoba sin ir más lejos) que cuentan con un amplio preupuestos para una matrícula pequeña, por lo que hay un remanente para inversiones. Pero mientras tanto, hay edificios de otras casas que se caen a pedazos. ¿Quién controla cómo se distribuye el presupuesto general para educación superior? ¿Alguien efectivamente releva cuántos alumnos concurren para determinar un importe per cápita, de modo que cada universidad reciba de acuerdo a la matrícula que atiende?

En esta misma línea, hay universidades donde la cantidad de docentes no se condice en lo más mínimo con la matrícula que tienen. La verdad que hay que administrar con más austeridad porque es así como se defiende de verdad la universidad pública y gratuita. Y vaya dicho esto también para los centros de estudiantes, que participan activamente de las decisiones que se toman en cada casa de estudios. Estarán los que hacen un trabajo serio y preocupado por los asuntos universitarios, pero no se puede negar que hay otros que hacen negocios, algunos propios y otros sobre la base del propio presupuesto.

Si a todas estas razones, que no son nuevas, les sumamos que estamos en una crisis financiera que nos llevó al borde del default y asumimos un proceso de ajuste duro y difícil, el salario docente sufre, claro que sí. Ajustar por el salario no corresponde y tampoco le sirve al gobierno. Pero pensemos por un momento qué pasaría si para hacer un uso más eficiente de los recursos y poder pagar mejores salarios y mejorar la infraestructura edilicia, se tomara como opción cerrar alguna de las universidades del Conurbano, separadas por apenas unas cuadras, y unificar la oferta en solo alguna de ellas. Para hacer este ejercicio de imaginación, recordemos cuando se anunció el cierre de la escuela en la isla de Tigre a la que concurrían menos de 10 alumnos, a los que se los llevaría a diario a otro establecimiento. ¡Fue un escándalo! Era una medida lógica, pero el árbol de la política tapó el bosque del sentido común. Pues lo mismo pasaría con las universidades. Somos rara avis los argentinos, con mezcla de un gataflorismo hipócrita: queremos universidad pública y buena, con docentes bien pagos y edificios en condiciones, pero no aceptamos hacer con ella una administración eficiente.