La tragedia de Once parece que va a tener culpables

Al fin resulta que un juicio contra funcionarios y cercanos al poder avanza, lo que es poco común en la Argentina. Nos referimos concretamente a la Tragedia de Once, el mega accidente de tren urbano que se produjo el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas (incluida una embarazada) y 789 terminaron heridas.

Pese al luctuoso accidente, a los fallecidos y a muchos que, tras las heridas, quedaron incapacitados, nada garantizaba a las familias que tuvieran Justicia. Sobre todo porque los acusados son todos funcionarios o empresarios afines al poder. Los dolientes siembre fueron tras estos responsables, no sólo los habituales “perejiles”, como en este caso podía ser el maquinista.

Sin embargo el juicio prosperó respecto de las primeras y últimas responsabilidades de esta tragedia y luego de un largo alegato que comenzó hace dos semanas, el fiscal Fernando Arrigo pidió penas de 11 años para el exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y 10 años y 10 meses de prisión a Juan Pablo Schiavi, que ocupó el mismo cargo, precisamente al momento del siniestro.

En tanto solicitó para Sergio Claudio Cirigliano, titular de TBA, 10 años y 11 meses de prisión por “defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y estrago culposo agravado”. Y para su hermano Mario, de la misma empresa, 10 años y 6 meses, por los iguales delitos.

Para el maquinista Marcos Córdoba, pidió tres años y 8 meses de cárcel al considerarlo responsable del delito de “estrago culposo” por el choque de la formación. Además, solicitó duras penas para el resto de los funcionarios y ejecutivos de TBA acusados en el juicio.

Como Jaime ya tiene una condena a seis meses de prisión en suspenso, por la sustracción de documentos de prueba, el fiscal propuso que la pena de 10 años y 10 meses que pidió ahora se unifique en una sola de 11 años de cárcel y 11 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Arrigo consideró que “la actividad de los funcionarios públicos en general debe ser examinada con mayor rigurosidad por cuanto todo desvío o abuso funcional resulta un quebrantamiento a la confianza pública que toda actividad estatal debe merecer”. En otras palabras, dijo que la corrupción mata, en este caso a través de un accidente evitable, en otros por desnutrición o por la falta de asistencia médica.

Para los exresponsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, reclamó 10 años y seis meses y 10 años de prisión respectivamente.

El fiscal pidió además penas de entre nueve años y 10 años y seis meses de prisión para todos los procesados que integraban el directorio de la empresa concesionaria TBA y de la firma controlante Cometrans.

Durante su alegato, el fiscal Fernando Arrigo aseguró que el accidente fatal en el tren Sarmiento no fue un hecho aislado. Esto es igual a decir que hubo conductas recurrentes y concurrentes de parte de quienes debían velar por una correcta prestación, que tuvieron como resultado una sucesión de siniestros que terminaron obrando como antecedentes del brutal choque de febrero de 2012.

Por eso no le falta razón cuando dice que no es un hecho aislado, y podríamos agregar también que es la lamentable consecuencia de una sucesión de vicios y corruptelas, que va desde la génesis misma de estas concesiones hasta la actuación de empresarios, gremios y funcionarios, especialmente los que pertenecen a los entes de control, a los que literalmente se les paga para que estén al pendiente de la calidad del servicio y, sobre todo, del cumplimiento de las pautas contractuales establecidas en cuanto a inversiones y mantenimiento. 

El fiscal considera que de haberse cumplido con el mantenimiento no se hubieran producido las consecuencias del 22 de febrero de 2012: “Ese día hubo retrasos por falta de trenes, se condicionó negativamente la seguridad del pasajero con los incumplimientos del horario, la falta de mantenimiento de los trenes, todos estos factores estuvieron presentes y provocaron la tragedia”.

El juicio ventiló lo que los ciudadanos padecen y que tuvo su máxima expresión en el siniestro: se probó que la formación estaba en condiciones deficientes, con un compresor que no funcionaba, pérdida excesiva de aire en el sistema de freno, gran cantidad de óxido, falta de reparaciones generales y encima sólo se la limpiaba y nada se le reparaba. Tenía, además, más de 22.000 kilos de carga contra los 18.000 admitidos, a consecuencia de las demoras –habituales- por falta de formaciones.

Los funcionarios y empresarios, aparte de tener pedidos de condena por el estrago, también están acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que contempla una pena de dos a seis años.

Para los funcionarios, sobre todo Jaime, el fiscal no juzgó los hechos con objetividad y trató de eludir todo tipo de responsabilidades frente al siniestro. Pero su indolencia como la de los concesionarios y quienes regulan el transporte está absolutamente probada.

Ahora le tocará el turno a las defensas, que tienen menos de un mes antes de la finalización del juicio para exponer su punto de vista absolutorio ante los magistrados de la causa. Se estima que las defensas demorarán entre tres y cuatro semanas en explicar sus posiciones, que no se basan en otra circunstancia que tratar de que el hilo se corte por lo más delgado y toda la responsabilidad la lleve el maquinista, que es a quien el fiscal le ha dado pena mucho menor que al resto.

Tras las posturas de las defensas, el Tribunal, compuesto por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (más Ana D’Alessio como jueza suplente) se tomarán unos días para dar a conocer su fallo, lo que ocurriría hacia principios de noviembre. Luego, cerca de fin de año, harían públicos los fundamentos de su decisión.

Estos fallos  pueden resultar ejemplificadores o corroboradores de lo que ha sido una constante en nuestro país: que los funcionarios y amigos del poder salen indemnes cada vez que caen bajo la lupa de la Justicia. Porque, en lo que respecta a la sociedad, ya los condenó.