La sempiterna disyuntiva argentina

La consigna de una reciente encuesta, donde se planteaba si se prefiere un país sin corrupción o un país sin inflación, arribó a un resultado tan preocupante como el trasfondo de la pregunta. Naturalizar la existencia de la corrupción mientras se garantice la estabilidad económica ni siquiera debería considerarse como una alternativa. Sin embargo, para muchos el bolsillo sigue siendo lo primordial.

El sondeo realizado por Gustavo Córdoba & Asociados puso en cuestión lo que a priori se podía definir como una falsa disyuntiva. La pregunta planteaba si se prefería un país sin corrupción o un país sin inflación.

Fuera de la picardía (o no) de la consigna, lo que pone en evidencia es que para muchos el bolsillo sigue pesando más que la ética. O, sin profundizar demasiado, que la corrupción es tolerable mientras haya para comer. O viajar y pasarla bien sin que importe nada más.

Corrupción o inflación no es una disyuntiva válida; no debería serlo. Sin embargo, el resultado de esa pulseada conceptual dio un empate técnico: el 49 por ciento de los consultados prefiere un país sin corrupción y un 48 por ciento sin inflación.

El trasfondo de la pregunta -para nada inocente- es dejar instalado que un porcentaje de corrupción es tolerable mientras se tenga trabajo y se pueda garantizar el alimento. Un perverso sucedáneo del “roban pero hacen” que valida por extensión -y omisión- a todos los que también “roban, pero no hacen”.

Las encuestas, se sabe, nunca son espontáneas. Alguien las encarga para tener un termómetro, un panorama, una señal, de cómo se percibe un candidato, un funcionario, cualquier figura pública, una gestión, o un tema de coyuntura que bulle en la agenda mediática. El resultado, y sobre todo su forma de visibilizarlo, busca instalar una suerte de verdad revelada para sustentar un relato o crearlo.

No es casualidad entonces que otra encuesta (de la misma firma) concluya que “la mayoría no cambiaría su voto por la causa de los cuadernos”. Un enunciado ideal para quienes gustan leer solo el título y a partir de ese veloz recorte sustentar sus opiniones de café.

De acuerdo con este sondeo, el 69,2 por ciento de los consultados dijo que la causa de los cuadernos no le hará cambiar su voto, 18,8 por ciento dijo que sí y el 12 respondió que aún no lo sabe. Una contundente muestra más de que para los argentinos en general, la ética, la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el uso de los dineros de todos son valores que se soslayan al bienestar económico y personal. Siguiendo con los axiomas, aquí podríamos citar que para la mayoría “el fin justifica los medios”.

La misma encuesta presentó un escenario donde Macri no quedara sin mácula y se lo pudiera empardar con su antecesora Cristina Fernández, recientemente procesada como jefa de una asociación ilícita.

La pregunta era: “¿Usted cree que los cuadernos que describirían cobros de aportantes de campañas, van a hacer que usted cambie el voto?”  Es decir, se le proponía al consultado un escenario que igualara la trama de negociados que se desprende de los cuadernos de Centeno, una bitácora de la corrupción que la “nación militante” negó pero que hasta los propios aludidos terminaron reconociendo para después acogerse a la figura de arrepentidos. Ninguno de los implicados en ese GPS non sancto negó haber pagado coimas ni ser parte de una matriz más que aceitada.

Respecto del dudoso origen de los aportes para la campaña de Cambiemos, por supuesto que hay que investigar e ir al fondo. Qué país justo, serio y normal podría esperarse si la Justicia funciona selectivamente.

Pedir la misma vara para todos, sin distinción de cargos, nombres, trayectorias, ni partidos, es lo que corresponde. De manual. Excepto que se siga con la estrategia del “si todos lo hacen” para que el resultado continúe siendo más un drama shakespereano que un inocuo culebrón turco.

En esta última estrategia, de no molestarnos como sociedad en hacer las cosas bien porque al fin la mayoría las hace mal, entramos los ciudadanos.

No existe una nación donde los gobernantes sean corruptos y el pueblo honesto o viceversa, gente corrupta y sus representantes honestos. En esto somos coherentes: tanto una porción de la sociedad como una porción de los políticos coinciden en prácticas con distintos niveles de ilegalidad.

Se puede decir en este sentido que no es lo mismo los bolsos con millones de Josecito López que darle 100 pesos a un agente para que no nos haga una multa. Pero habría que preguntarse si quien está dispuesto a pagar esos 100 pesos para no ser multado, o para que un funcionario le acelere un trámite, o a increpar a un maestro por aplazar a un hijo, o a romper una vidriera en reclamo de un derecho, o a no admitir una factura por una venta o tantas otras actitudes que aceptamos como normales a pesar de ser ilegales, podría ser el mismo que, puesto en el lugar indicado, solicitara un 15 por ciento de retorno por la adjudicación de una obra pública  y luego guardar ese dinero en un convento. Porque los gobernantes no son extraterrestres que bajan de una nave sino que son ciudadanos que pasan a cumplir otra función y llevan a cuesta una manera de encarar la vida.

Es cierto que es más fácil indignarse con los demás que con uno mismo pero no hace falta ninguna encuesta para saber que la ambigüedad frente a las normas cruza a toda la sociedad, no es patrimonio solo de los políticos.

Claro que hay una responsabilidad mayor de quienes son gobierno en dar señales claras, de  arriba hacia abajo, de que ser corrupto en cualquier situación está simplemente mal.

Por eso, aunque sea doloroso, sería saludable y ejemplificador - otra vez: de arriba hacia abajo- ver presos a los corruptos.

Y todos los ciudadanos, a su vez, debemos asumir que la corrupción, esa que nos indigna en los de arriba, no puede empezar más por casa y ante la mirada de nuestros hijos.

Qué poco nos valoramos y que bajas son nuestras aspiraciones si el “roban pero hacen” sigue siendo la preferencia de la mayoría.