La ONU denunció ayer una “erosión” del Estado de derecho en Venezuela

Bachelet presentó su informe sobre ese país que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad. Afirma que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, comporta “un riesgo de represalias y de represión”.

GINEBRA, (AFP-NA) - La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, advirtiendo también una vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis en el país. Bachelet, que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en este país “un riesgo de represalias y de represión”.

“Las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados”, dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio. Aún siendo muy crítica con Caracas, la alta comisionada estimó sin embargo que se tenía que “dar una oportunidad” al gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una “fecha límite”. Destacó un “nuevo compromiso” de Caracas después de la liberación de 62 detenidos hace unos días tras su visita y “ayer otros 22 -entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni”.

El gobierno también aceptó la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el envío de 10 relatores especiales en los dos próximos años. Caracas se comprometió además a suministrar a la ONU un “acceso total a todos los centros de detención”, indicó la alta comisionada.

El informe de la ONU, publicado el jueves, fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de “errores”. El viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, presente en la ONU ayer, exigió la “corrección” del documento. El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad. Esta cifra es “extremadamente elevada”, según Bachelet, quien denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los derechos humanos.

“Debilidades”

En el documento, Bachelet pide a Caracas “disolver las Faes”, un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un “mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad”.

Ante el Consejo de Derechos Humanos, William Castillo reconoció las “debilidades” del sistema judicial y que las instituciones policiales habían cometido “desviaciones puntuales”. Pero Caracas “rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó.