La Ley de Medios aplicable en todo su contenido y el respeto por su espíritu

Pasadas 48 horas de las elecciones, recién allí la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de toda la Ley de Medios Audiovisuales. Evidentemente tomó la decisión tras los comicios para que los resultados de su decisión no influyesen, en modo alguno, a la hora de elegir legisladores.

Varios artículos de esta norma habían sido frenados por presentaciones judiciales del Grupo Clarín, que se negaba sobre todo a la desinversión de las empresas que exceden el cupo establecido por la Ley.

El Máximo Tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, dictó una de las sentencias de más alto impacto de la era kirchnerista y en una lectura política del momento, para el Gobierno fue un éxito político y judicial.

Los ministros Lorenzetti, Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni y Elena Highton dijeron que la Ley es constitucional en todos sus tramos y que debe ser inmediatamente aplicable. Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda votaron con una disidencia parcial por considerar que la Ley no es aplicable en esa modalidad. Y Carlos Fayt dijo que toda la Ley es inconstitucional. 

Sin embargo, este fallo, que sorprende por la dureza con la que rechaza todos los planteos del Grupo Clarín, no es el punto final del largo conflicto entre el Gobierno y el multimedios.

En efecto, a partir de ahora, como lo reconoce expresamente la propia Corte -que dispuso que el plazo de adecuación de un año ya está vencido-, la discusión pasará por la forma en la que se llevará a cabo el proceso de desinversión de las licencias de TV, radio y cable del Grupo Clarín. Y esto podría generar una infinidad de nuevos litigios, que podrían tardar más tiempo.

Dirigentes de la oposición afirmaron que el fallo debe acatarse y en soledad la diputada Elisa Carrió, cuestionó que el tribunal haya sido permeable a las presiones que ejerció el Gobierno y anunció que denunciará penalmente a Lorenzetti y que pedirá su juicio político.

En este sentido esta Corte ha demostrado su independencia en todos los casos que ha tratado y cuando le ha tocado fallar contra las pretensiones del Gobierno lo ha hecho, de modo que Carrió termina sobreactuando su posición,  en el marco de una dirigencia que opina lo contrario.

Lo interesante son los argumentos del fallo dictado  donde dicen los miembros de la Corte que: los medios de comunicación “tienen un rol relevante” en la opinión pública, por lo cual el Estado tiene un interés incuestionable en regularlos. 

El Congreso puede optar por dejar a los medios librados al funcionamiento del mercado o, por el contrario, puede dictar una ley “que establezca las pautas que considera más adecuadas para asegurar el debate público”.

Para la mayoría del tribunal, el Grupo Clarín no puede invocar que tiene un derecho adquirido a explotar sus licencias de radio, TV y cable hasta el final del período de explotación, y la Ley debe aplicarse en forma inmediata. Y si el multimedios se siente perjudicado, lo que debe hacer es reclamar, tan sólo, una indemnización por daños y perjuicios.

La Corte acepta como válidas todas las restricciones de la Ley, entre las que figuran que la empresa, en una misma ciudad, no pueda explotar el servicio de cable y un canal abierto de TV; poseer más de diez licencias en todo el país, y que el cable no pueda llegar a más del 35 por ciento de abonados. Porque el interés de la comunidad está por encima del interés privado.

Para la Corte, lo importante es ver cómo la Afsca intenta aplicar la Ley en forma concreta y si el Grupo Clarín se siente perjudicado, deberá litigar nuevamente.

El Grupo Clarín estudia distintas alternativas, que incluyen presentar un plan de adecuación y recurrir, también, a los tribunales internacionales, vender entre socios partes de la empresa. Incluso ir a la Justicia argentina por cada paso que deba realizar en función de esta desinversión.

En tanto el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, dijo que “los plazos ya están vencidos” y que “la Corte ratificó todo lo que planteábamos, por lo que vamos a continuar con todos los mecanismos necesarios para que el Grupo Clarín cumpla la Ley”. Es decir pretende llamar a licitación por los servicios que no se adecuan a la norma, sin que la empresa presente un plan.

La decisión de la Corte es una buena noticia porque todo monopolio es negativo para la economía y si se trata de la prensa es además peligroso y nocivo para la democracia. En este sentido el Gobierno ha logrado un triunfo importante, cuyos efectos positivos se verán más allá de esta gestión.

Sin embargo, el Gobierno debe revisar sus actitudes respecto de la independencia de los medios, comprender que la distribución de la pauta oficial para “comprar” buenos comentarios no es el camino y que ese núcleo de medios adictos que surgió al calor del poder kirchnerista no ofrece resultado alguno, porque al ser medios tan proclives al poder no tienen una llegada creíble al grueso de la comunidad.

Esta Ley que ahora es aplicable en todo su contenido debe ser muy bien recibida por todos los argentinos, pero será muy beneficiosa en la medida que se valore y respete su espíritu, que es el de la pluralidad de voces. Cambiar un monopolio privado por una concentración de voces oficialistas no sería un paso adelante ni mucho menos. Hay que estar atentos a cómo se reacomoda el tablero de medios a partir de esta incidencia. Y yendo más lejos en el tiempo, hay que pensar que es una Ley que llegó para quedarse y en consecuencia trascenderá la era kirchnerista, por lo que el control también deberá ejercerse en los futuros gobiernos que pudieran hacer un aprovechamiento vicioso de esta legislación.