La Ley de Coparticipación y el viejo ardid para tener de rehenes a los bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires es la gran perjudicada a la hora del reparto de fondos de la Coparticipación Federal y ese es el reclamo que la Gobernación retoma cada tanto hacia el Gobierno nacional, aunque hasta el momento siempre han sido planteos tibios producidos para los efectos mediáticos del momento, a sabiendas de que, por la forma en la que están dadas las cosas, hoy por hoy no es posible que Buenos Aires reciba lo que los bonaerenses creemos que nos corresponde.

En concreto, nuestra provincia es la que más aporta a las arcas nacionales por una cuestión natural que tiene que ver con la extensión, la cantidad de habitantes y la diversidad de actividades que se desarrollan en su territorio, pero no recibe en la misma proporción los aportes que debe destinar el Gobierno central a través del mecanismo de coparticipación para que se mantenga ese amplio territorio, esa cantidad de pobladores y esa variada actividad productiva. Esto es así desde tiempos históricos por una razón muy sencilla: si un gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene éxito en su gestión y ambiciona convertirse en presidente de la Nación, prácticamente no tendrá rivales, ya que la provincia contiene casi el 40 por ciento de los electores del país. Es ese uno de los principales motivos por los que ningún mandatario bonaerense ha podido saltar desde la sede gubernamental de La Plata a la Casa Rosada, ya que siempre sufrieron los avatares de la Presidencia, fundamentalmente en lo que respecta a materia económica.

Es decir que la cuestión política es la que rige este asunto, del que somos rehenes los bonaerenses.

No es sencillo resolver el nudo porque para modificar el régimen de Coparticipación Federal es necesario el consenso de todas las provincias. Naturalmente, es difícil que las que se perjudiquen con un nuevo sistema avalen la iniciativa. Pero lo que debe plantear la Gobernación bonaerense es que al menos se ponga este tema en la agenda de discusiones, para de esa manera iniciar un camino que pueda culminar en una situación de equidad.

Pero el Gobierno nacional, que se maneja con el poder que le otorga el dinero, no está dispuesto a ceder. Un nuevo régimen de coparticipación lo obligaría a “bajar” fondos a las provincias sin que nadie se lo tenga que agradecer en términos de favor político, porque sería ni más ni menos que por ley. Hoy, en cambio, con la centralización de recursos que provienen en gran medida de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno libera partidas a su antojo, fundamentalmente a los gobernadores e intendentes que están alineados con el oficialismo.

Lo que se debe plantear desde La Plata es la necesidad de reabrir el debate por la coparticipación y por la eliminación del tope al Fondo del Conurbano, creado en 1992 para compensar a la Provincia por la pérdida de recursos en el reparto de la coparticipación durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

El monto de ese fondo se compone con el 10 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias hasta llegar a un tope de 650 millones de pesos, que quedó congelado en 1996.

En ese contexto también sufrimos los pergaminenses, porque nuestro distrito es uno de los que más produce y consecuentemente tributa, pero el rebote de esos fondos que se van son totalmente desproporcionados. 

En un sistema federal como el que nos rige deben darse de ese modo las cosas, para que las regiones de menos recursos se nutran con el dinero que proviene de las zonas productivas. Pero lo que se debe poner sobre la mesa de discusión es la necesidad de que un distrito como la Provincia de Buenos Aires no deba atravesar las penurias por las que pasa para poder mantener su estructura en funcionamiento, por el hecho de que la Ley no le permite contar proporcionalmente con los recursos que genera y merece. Lo lamentable es que se trata de una decisión con alto voltaje político, de una mirada oportunista de la situación, porque desde la Presidencia parecen empecinados en repetir la vieja receta de poner palos en la rueda a un gobernador bonaerense, máxime si se trata de un dirigente como Daniel Scioli, que por estas horas goza de una muy buena imagen como presidenciable para 2015. Se sabe que Scioli no es un dirigente ciento por ciento kirchnerista pero se mantiene dentro de esa estructura por conveniencia política. Se sabe también que lo dejan estar por el provecho que eso significa, al menos hasta el momento, para el núcleo K, porque romper con Scioli podría significar la pérdida de un dirigente que estaría en condiciones de garantizar, en cierto modo, una salida ordenada de Cristina Kirchner.

Tener de rehén al gobernador en términos políticos y económicos parece ser la principal razón para que Buenos Aires no pueda despegar. Otra muestra de que la inmensa mayoría de los gobernantes en Argentina siguen mirando todo con el prisma de la política y no con el del sentido común que les solucione los problemas a la mayoría de los ciudadanos.