La Justicia y el Parlamento no combaten en serio la corrupción

El pedido del fiscal federal Carlos Stornelli para desaforar y detener a Julio de Vido, un exfuncionario que es protagonista de varios expedientes de corrupción en la era K, sumado al clima electoral, generó en la Cámara de Diputados una serie de maniobras y especulaciones que concluyeron en la convocatoria a reunión de la comisión de Asuntos Institucionales, presidida por Pablo Tonelli, del PRO. 

Y decimos que hay una incidencia del clima electoral, porque el juez de la causa no hizo lugar al pedido del fiscal, que presentó los necesarios argumentos, por lo que los diputados decidieron buscar por su lado el desafuero, bajo una figura que no depende de la resolución judicial sino de lo que los legisladores puedan constatar “la inhabilidad moral” para sentarse en la banca.

Ayer comenzaron a discutirse los cuatro proyectos -tres de Cambiemos- para excluir al exministro de Planificación y la novedad que importa es que se ha logrado un acuerdo entre Cambiemos y el massismo para poder llevar el debate así al recinto.

El acuerdo, en realidad es más amplio, ya que se genera entre el oficialismo, el sector que responde a Sergio Massa, y parte del peronismo que conduce Diego Bossio. Porque es claro que para echar a un diputado de su banca se necesita una mayoría calificada. Y eso solo se consigue por consenso.

Los diputados, a pesar de haber llegado a un acuerdo, decidieron no emitir dictamen hasta que De Vido realizara su descargo, cosa que hizo hoy, por escrito, eludiendo presentarse ante la comisión de Asuntos Constitucionales.

Ya con esta instancia cumplida, aunque no en los términos esperables,  los legisladores que componen tal comisión volverán a reunirse el martes que viene para darle dictamen a uno de los proyectos, que si es aprobado, será tratado el miércoles que viene en la Cámara de Diputados.

El pedido de expulsión a De Vido se realizará a partir del proyecto de un legislador del Frente Renovador Juan Brügge (para atar fuerte los votos del massismo), quien planteó remover al exministro por “indignidad”. Es una propuesta similar a la de Cambiemos, que le endilga “inhabilidad moral”. De conseguir el dictamen de mayoría, el debate pasará al recinto, en donde el oficialismo deberá contar con dos tercios de los presentes para que finalmente De Vido no sea más miembro del cuerpo.

Los que pudieron ver por televisión el encuentro de diputados habrán podido advertir que los debates fueron en tono político, como si este tema, tan importante y tan espinoso, fuera parte de la campaña y no una acción destinada a limitar hasta hacer desaparecer la impunidad frente a la corrupción.

Porque la pregunta es ¿si no estuviésemos a pocos días de las Paso, los legisladores se hubieran reunido para desaforar a De Vido?

Parece improbable, porque salvo en temas que les interesan por cuestiones electorales las cámaras legislativas no se están reuniendo, esta es la realidad.

Ahora bien, las expectativas respecto de que el consenso sea tan amplio como parece tiene un escollo no poco importante. Muchos legisladores dicen apoyar el desafuero de De Vido pero “cumpliendo la ley”, concretamente cuando un juez lo ordene. Alegan que hacerlo por la metodología que propone Cambiemos no es el rol que le dan las facultades constitucionales al Congreso y que es “preocupante echar a alguien sin sentencia”, o si fuese el caso, sin orden judicial en el marco de un procesamiento. Es decir, el procesamiento está pero el juez Rodríguez no consideró necesario su desafuero. No les falta razón desde el punto de vista del derecho en estado puro. Y volvemos siempre a lo mismo: la Justicia, porque el magistrado de la causa no apoyó el pedido de la fiscalía. Por eso hay diputados que reconocen que echarlo sentaría un antecedente serio porque no fue condenado. 

Todo es atendible en materia de derecho, lo que irrita es que frente a causas de tanto peso como los que involucra la ruta del dinero k, en este caso siempre hay una salida (a veces conforme a derecho) para no poder avanzar.

Desde el Frente para la Victoria, obviamente, se firmará un dictamen de rechazo. Afirman que el cuerpo “no tiene acreditación que sostenga con verosimilitud la expulsión de De Vido”. Y que los delitos por los que se lo acusan al exministro ocurrieron previo a que sea diputado, por lo que no cabría su expulsión en el artículo 66.  Porque al fin, De Vido está acusado por el momento, sin que la Justicia se haya expedido sobre su culpabilidad.

De Vido dice lo suyo mediante una larguísima carta enviada a los diputados diciendo que es “víctima de una de las persecuciones más sistemáticas, injustas y meticulosamente organizadas”.

No sabemos al fin cuál será la suerte de Julio De Vido en el Parlamento, pero lo que genera cierta desesperanza es que para los legisladores sea, como lo vienen demostrando, solo un tema electoral, usado para que cada sector saque algún provecho, por la instalación del tema de la corrupción a pocos días de las Paso. Lo que no se visualiza es que realmente les interese un combate serio a la corrupción, por el nivel de debate que sostienen y porque, en definitiva, están usando un asunto muy serio como éste para hacerse promoción gratuita. 

Nos gustaría saber si pasadas las elecciones quienes hoy se golpean el pecho pidiendo un desafuero, que seguramente es necesario que se produzca en algún momento, se reunirían en vacaciones de invierno por tantos temas que nos preocupan a los argentinos. 

Tanto la Justicia como los legisladores deben demostrar que, en serio, les interesa combatir la corrupción, las sobreactuaciones electorales y las dilaciones judiciales demuestran que, por ahora, no hay un interés cierto.