La Justicia investiga, el Gobierno vuelve a la teoría conspirativa y los ciudadanos lo miramos por TV

No es un tema nuevo el de los negocios particulares de la familia Kirchner en el sur, muchos de los cuales son previos a la llegada a la presidencia pero todos gestados en paralelos al ejercicio de la función pública. 

Todas sus actividades son lícitas, como la inmobiliaria o los hoteles; no se cuestiona (al menos en este momento) cómo construyeron estos negocios sino su real finalidad: si son rentables en sí mismos o una fachada para lavar dinero. Por ejemplo, facturando habitaciones sin pasajeros para simular ingresos y generar balances que les permitieran “blanquear” ganancias obtenidas de manera no lícita. Siempre se habló de este tipo de cosas pero siempre con suposiciones basadas en la presentación anual de bienes de la presidenta ahora y de Néstor antes. 

Finalmente Margarita Stolbizer diputada del GEN hizo una denuncia concreta contra Hotesur S.A. una empresa hotelera de Cristina Kirchner que es ahora investigada por no presentar balances y por supuestas contrataciones ficticias que podría implicar lavado de dinero. 

Esta cuestión golpeó de lleno en el corazón de la Casa Rosada y puso a todo el oficialismo alerta y, por medio de varios voceros, la mandataria acusó a la Justicia de ejercer un “ataque despiadado y sistemático” y de seguir una “estrategia de golpismo activo” por el allanamiento a Hotesur S.A.

El primero y el más duro en defenderla fue el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich. Además de acusar de “golpismo activo” (curiosamente los mismos términos de la presidenta) a los jueces, denunció “denuncias falsas sin ningún tipo de entidad” porque, según él, la operatoria de Hotesur es “clara y transparente”. Pues si es así, no tendrían que preocuparse por una inspección. Al menos es lo que siempre se ha dicho desde el Gobierno cuando se lanza alguna medida de control. Por ejemplo, el cepo al dólar, que vino acompañado de afirmaciones como las de Ricardo Etchegaray, de la Afip, que dijo oportunamente que la gente no debía preocuparse porque quien tuviera todo en orden, sus ingresos debidamente declarados, podría comprar divisas.  

Atrás de Capitanich salió el coro oficialista con la misma partitura: el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el diputado kirchnerista Edgardo Depetri. 

Desde la vereda de enfrente, la diputada Margarita Stolbizer, de GEN, que presentó la denuncia replicó que la hotelera es una actividad de las que se utilizan para el lavado de dinero, por lo que la investigación es pertinente. Y el diputado Ricardo Alfonsín, de la UCR, le contestó a Capitanich diciendo que más allá de las palabras, “no aporta una sola prueba de lo que dice” para defender a la presidenta.

La principal sospecha de irregularidades surge de que el empresario Lázaro Báez reservó y pagó en el Hotel Alto Calafate (administrado por Hotesur) un millar de habitaciones que nunca se ocupó entre 2010 y 2011. No obstante nadie se alojó, transfirió en concepto de pago de los servicios varios millones de pesos a la empresa de los Kirchner, constituyendo una maniobra típica del blanqueo, aquí y en todo el mundo. Esta historia circulaba por los medios y las redacciones e incluso el periodista Jorge Lanata había hecho un informe hace ya tiempo, cuando se investigaban los lazos entre Néstor Kirchner y Báez. La diferencia es que ahora es la Justicia la que lo investiga porque hubo una denuncia concreta. 

Dicen en las cercanías de Cristina que, aun cuando podría tratarse de un artilugio para politizar la causa, ella está convencida de que el juez Bonadio responde al candidato presidencial Sergio Massa y de allí el regreso de la “persecuta” golpista.

Dicen también que tienen información de que varios jueces federales redoblarían en los próximos meses la velocidad de sus investigaciones contra funcionarios de la Casa Rosada y contra la presidenta, aprovechando el final del ciclo político kirchnerista para posicionarse políticamente, congraciarse y obtener ascensos con el futuro gobierno. Otra lectura podría ser que aceleran las causas con vistas a los fines de mandato porque a partir de entonces tendrán injerencia decisiva ya que muchos de los investigados quedarán sin fueros.

En realidad aquí se mezclan varios asuntos: por un lado el kirchnerismo que no tolera ni la crítica ni las investigaciones judiciales y recurre al golpismo como muletilla cada vez que hay cosas que explicar, como puede ser este caso. También es cierto que los jueces federales en general, hay excepciones claro, cuando un Gobierno entra son menos permeables a las denuncias y parecen tantear el terreno, pero cuando se ven frente a un fin de ciclo comienzan a querer congraciarse con los que puedan suceder en el poder.

La espectacularidad que le dio el juez Bonadio al allanamiento de las oficinas porteñas de Hotesur S.A. hablan de intencionalidad política, si no de Massa, de otros. Porque los requerimientos judiciales se pueden solicitar formalmente y los operativos pueden ser de más bajo perfil. A los fines de avanzar en una causa y de no mediar resistencias, no es necesario que tome estado público un procedimiento de este tipo, mucho menos con cámaras de todos los canales capturando el momento. 

Más allá de las formas elegidas, de quién formule la denuncia y con qué intención, la república tiene poderes que deben ser independientes y en este caso ni el presidente puede estar por encima de la decisión de los jueces sino que debe acatar las decisiones y en todo caso apelarlas si las considera injustas. Y sobre todo, está sujeto a ser investigado en sus actividades particulares como cualquier otro ciudadano y más incluso en sus actividades públicas. Pero esta politización -y mediatización para que el efecto sea mayor- de la causa no ayuda al esclarecimiento de un tema tan importante como el que la Justicia tiene entre manos. Hay que dejarla actuar que para eso hay organismos superiores a los magistrados para rever las causas o bien para acompañar las decisiones.